Con la acumulación de suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales, los opositores al viaducto elevado en Zacatecas han reafirmado su convicción de que la obra será eventualmente detenida de manera definitiva.
Esta semana, la organización Ciudadanía Participativa de Zacatecas informó que ya se han concedido al menos tres suspensiones a distintos amparos promovidos por ciudadanos.
Documentos obtenidos por el medio Periómetro dan cuenta de que el 21 de marzo, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat notificó a la Secretaría de Obras Públicas del Estado (SOP) la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, con vigencia de 30 meses para las fases de preparación y construcción, y de 35 años para operación y mantenimiento.
Este permiso obliga a cumplir con medidas de mitigación, prevención y compensación ambiental, que incluyen la plantación de más árboles de los que se removerán o reubicaran, según ha informado en meses pasados la SOP.
Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) autorizó la realización de trabajos preliminares, condicionando cualquier intervención mayor a los resultados del Estudio de Impacto Patrimonial en revisión ante el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.
En su oficio del 10 de marzo, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos subraya que cualquier obra que se acerque a zonas con monumentos históricos debe ser revisada previamente por las mesas técnicas.
Esta postura ha sido interpretada de forma contrastante: mientras el Gobierno argumenta que el trazo del viaducto está fuera de la zona patrimonial y su área de amortiguamiento, los opositores han impulsado la expansión de los límites de protección y advierten que las visuales del paisaje urbano protegido podrían estar en riesgo, un argumento recogido en la primera suspensión concedida por la jueza Margarita Quiñones.
La controversia ha escalado. Para Ciudadanía Participativa, los permisos otorgados no cubren la construcción integral del viaducto, sino apenas las fases iniciales o preparatorias. El abogado Darío del Real ha insistido en que los permisos publicados por Periómetro no abarcan la ejecución de la obra.
En redes sociales, el debate se ha amplificado. Críticas ciudadanas acusan que el proyecto afectará a los ecosistemas urbanos, a la actividad comercial del boulevard, al derecho a la ciudad y al patrimonio cultural, además de cuestionar que el presupuesto se destine a esta obra en lugar de a salud, educación o carreteras.
La suspensión provisional más reciente, notificada este 2 de abril, corresponde al amparo 715/2025. Aún falta conocer si estas medidas cautelares derivarán en suspensiones definitivas, y qué tanto influirá en esa decisión la documentación presentada por el Gobierno del Estado sobre los permisos ya obtenidos y las condiciones que deberá cumplir para avanzar.
Mientras tanto, la obra sigue detenida por orden judicial, y la batalla legal en torno al viaducto elevado continúa escalando tanto en tribunales como en la esfera pública.
