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lunes, 23 junio, 2025
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Anuncia Peña plan de ocho acciones contra la corrupción

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Por: La Jornada •

México, DF. Para ‘’prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés’’, el presidente Enrique Peña Nieto determinó ocho acciones ejecutivas que deberá poner en operación el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien también recibió la indicación de reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría y vigilar que los funcionarios de la administración federal se apeguen a la ley y a la ética.

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Como primera medida, Peña Nieto dispuso que a partir de mayo, cuando por ley todos los servidores públicos entregan su declaración patrimonial, deberán incluir un reporte sobre posibles conflictos de interés.

La siguiente acción consiste en crear una Unidad Especializada en Ética y Prevención de conflictos de Interés dentro de la secretaría de la Función Pública; una más se refiere a la emisión de reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal, que ‘’amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción’’.

Asimismo, la cuarta medida se refiere al establecimiento de protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. En complemento a esta, la quinta establece que todas las dependencias y entidades de la administración pública federal tendrán hasta abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos.

Además, ‘’la Secretaría de la Función Pública deberá integrar un registro de dichos funcionarios y someterlos a una certificación, a efecto de asegurar su honestidad y adecuado desempeño’’.

La sexta medida consiste en acelerar la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del gobierno; séptima, hacer más completa y detallada la lista pública de proveedores sancionados por el gobierno; y, finalmente,  ampliar los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción.

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