Lo interesante es el contexto. Según declara el exrector, Dr. Antonio Guzmán Fernández, “un equipo jurídico nos recomendó hacer este trámite porque nos ha llegado información que, desde la administración central, gente cercana al rector está promoviendo que diferentes docentes nos demanden por una cosa o por otra” (“Se ampara exrector de la BUAZ contra demanda penal por presunto hostigamiento” La Jornada Zacatecas, 28/10/24). Y añade: “buscan alguna forma de podernos anular, vetar, neutralizar, para no poder participar en los procesos políticos que se avecinan en la universidad el próximo año”. Al parecer el exrector teme que lancen una orden de aprehensión en su contra y por eso, de manera preventiva, se amparó. Él asegura que es cosa política. Si es así ¿Por qué el amparo es contra la juez Primero de Control, Enjuiciamiento, Justicia integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer distrito judicial de Puente Grande, en Tonalá, Jalisco? ¿Hasta allá mandó la rectoría a sus esbirros? Parece otra cosa, más bien la acusación contra la rectoría es para desviar la atención de un juicio que lleva ya largo tiempo y es por la “Estafa maestra”. Y esto se ratifica cuando se lee la solicitud de amparo promovida por la Dra. Jenny González Arenas. Ella solicita protección contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas y otras autoridades. ¿Se nota la diferencia? No es contra el mismo juez porque son actos diferentes. Aquel trata de evitar que su pasado, como presunto cómplice de actos convenidos para desviar dinero federal, lo alcancen, mientras que la líder sindical trata de salvarse de sus hechos contra los agremiados al SPAUAZ. Utilizan la narrativa de un complot desde la rectoría para evitar enfrentarse a la realidad: su gestión al frente del sindicato no resultó lo que esperaban. Creían que podrían atentar contra los miembros del sindicato al instrumentarlo para sus fines políticos. Por eso intentaron, mediante alegatos falaces, excluir del padrón a cientos de sindicalizados. Tampoco pudieron realizar la reforma a los estatutos pues no tuvieron capacidad de diálogo. Ni siquiera lograron convencer a las bases de la necesidad de un paro general. Tan enojada quedó la dirigente que decidió no firmar ningún convenio de desistimiento y permitió la declaración de inexistencia de la huelga. Para después alegar que busca la “certeza jurídica”. Peor aún, prometió que se aplicaría a los docentes ingresados a la UAZ después del 11 de agosto de 1991 la cláusula 41 fracción XI y ya perdieron los juicios quienes demandaron por tal motivo. Pero, para no aceptar la derrota, los emisarios de la neoderecha insisten en pedir mil pesos a quienes creen sus embustes para pagar nuevos juicios que volverán a perder. Mínimo deberían cubrir esos gastos. Ni eso. Es decir, es falso que la rectoría los persiga, son los propios agremiados quienes no aceptan que el SPAUAZ se vuelva un instrumento y caja de financiamiento de las aventuras políticas de los Drs. González Arenas, Guzmán Fernández y Viramontes Cabrera. De hecho, que la Dra. González solicite un amparo preventivo indica que siente que la judicialización de alguna demanda es no sólo posible, sino segura. Y esto pasaría porque sí habría evidencias de un posible delito. Es decir, desde ya acepta su posible culpabilidad. ¿De qué podría ser demandada por la vía penal si es el caso? Todo indica que, por el manejo de los dineros de la Fundación, el endeudamiento del SPAUAZ por 12 años, el más que posible daño patrimonial por su incapacidad de pago. Quizá, tras una escrupulosa revisión de las normas, de esas que ella y sus asesores saben hacer, declare que tiene facultades para “condonar” los intereses y la deuda en su totalidad. El muy extendido analfabetismo relativo a las vías de capitalización y manejo de recursos dinerarios por parte de los docentes, así como su inmersión absoluta en los haceres de la vida cotidiana, donde las deudas y los prestamos son medios de aliviar problemas, impiden una reflexión profunda acerca de la manera en que se dispone de su dinero. Pero no todos aceptan lo que se les dice sin cuestionar. Preguntar y exigir documentación fehaciente, informes que garantiza el estatuto, explicaciones fundadas es lo mínimo que el espíritu crítico universitario debe exhibir. Y no sólo contra el siempre criticable gobierno federal, sino también contra los lidercillos y sus asesores, que con discursos bufos quieren lesionar el intelecto de sus oyentes. No hay persecución de rectoría contra el Dr. Guzmán Fernández, es una cobertura para no aceptar todo lo que hizo mal. Pretender lanzarse como rector, cuando fue él quien modificó el contrato colectivo a espaldas del SPAUAZ, cuando corrompió líderes sindicales y bajo su rectorado se encubrió la “Estafa maestra” es una broma y un insulto. Por su parte, la dirigente gremial, Dra. González, candidata de la neoderecha, rompedora de paros, benefactora de porros, con más de 100 días de paros locos y una “bodega” vieja como gran logro tras disponer de los dineros sin consultar a nadie, debería renunciar y tratar de ofrecer buenos cursos en lugar de querer protagonizar los extravíos políticos de los Drs. Guzmán y Viramontes.
El SPAUAZ en su laberinto. El contexto de la locura.
