Hace varios años, la comunidad internacional reconoció que demasiadas empresas multinacionales no pagaban lo que les correspondía en impuestos, y algunas no lo hacían en el país donde realmente desarrollaban su actividad económica. El complejo acuerdo surgido en 2021 en el Marco Inclusivo de la OCDE/G-20 sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios comprendió dos pilares; de ellos, sólo se ha adoptado el Pilar Dos, un impuesto mínimo global a las empresas. (El otro pilar asignaba los derechos tributarios de las multinacionales entre países, pero suscitó la oposición tanto de los países en desarrollo como de Estados Unidos).
Si bien ha existido un consenso global sobre la necesidad de dicho mínimo, la versión que adoptó Estados Unidos durante el primer mandato presidencial de Trump fue diferente y más débil que la del resto del mundo, lo cual permitió a las multinacionales compensar lo que no pagaban en paraísos fiscales con el extra
que pagaban en Estados Unidos u otras jurisdicciones con altos impuestos.
Aunque lejos de ser perfecto, el Pilar Dos fue un primer intento por garantizar una tasa mínima de tributación de 15 por ciento sobre las ganancias de las multinacionales en todo el mundo, un paso crucial para poner fin a la desfavorable competencia tributaria entre países.
Se adoptaron, por supuesto, algunas excepciones y exenciones que redujeron el tipo impositivo efectivo ligeramente por debajo de 15 por ciento. Y la tasa de 15 por ciento ya era inferior al impuesto que han establecido por muchos países en desarrollo. Por eso, debería haber sido mayor y las excepciones mucho más limitadas. Aun así, el acuerdo del Pilar Dos frenó la competencia a la baja, mediante la cual los países ofrecían tipos impositivos más bajos para atraer empresas a sus jurisdicciones. Para el mundo en su conjunto, esta competencia no generó mucha inversión nueva; los verdaderos ganadores fueron las corporaciones ricas que se embolsaron los ahorros derivados de pagar casi nada de impuestos en algunos países.
Pero una vez más, los gobiernos del G-7 han decidido anteponer los intereses de las multinacionales a los de los países en desarrollo, las pequeñas y medianas empresas (que no pueden aprovechar las maniobras que las multinacionales han encontrado tan rentables) y sus propios ciudadanos, quienes, en consecuencia, pagarán impuestos más altos. Al eximir a las multinacionales estadunidenses del Pilar Dos, este acuerdo permitirá que algunas sigan beneficiándose de impuestos nulos o casi nulos sobre las ganancias que registran en jurisdicciones de baja tributación o paraísos fiscales como Puerto Rico y las Islas Caimán. Esto las hará más competitivas que las multinacionales no estadunidenses. Dado que las corporaciones multinacionales modernas están dispuestas a trasladar sus sedes nominales a donde obtengan el tratamiento tributario más favorable (y otros beneficios), y la actividad económica real se desarrolla en otro lugar, otorgarles un trato preferencial incentiva a las empresas a trasladar sus sedes oficiales a Estados Unidos. Este es otro ejemplo triste de una carrera hacia el abismo.
Al acceder a las exigencias estadunidenses, el acuerdo del G-7 corre el riesgo de socavar la implementación mundial del impuesto mínimo acordado. Además, pone en entredicho el carácter incluyente del llamado Marco Inclusivo de la OCDE/G-20.
Se procuró que el nuevo marco global fuese elaborado por más de 140 países trabajando juntos. Sin duda, muchos países en desarrollo se quejaron de que se trataba de un acuerdo injusto para ellos y de que los países poderosos no escuchaban sus inquietudes. Ahora, esa fachada se ha derrumbado. A los países no pertenecientes al G-7, incluyendo docenas de mercados emergentes y países en desarrollo, se les pide que aprueben automáticamente una decisión que les impuso un solo país.
El Pilar Dos debe reforzarse, no desmantelarse. Actualmente sólo se aplica a las grandes multinacionales (con una facturación global igual o superior a 750 millones de euros), y la tasa impositiva mínima global de 15 por ciento es muy baja. La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional siempre ha abogado por un tipo mínimo de al menos 25 por ciento.
Según algunas estimaciones, el impuesto mínimo del Pilar Dos habría generado entre 155 mil y 192 mil millones de dólares anuales en ingresos adicionales de impuestos sobre la renta de las empresas a nivel mundial. Si bien se trata de una cantidad significativa, una tasa mínima de 25 por ciento podría generar más de 500 mil millones de dólares anuales en ingresos adicionales. En un mundo que enfrenta crisis convergentes de desigualdad, cambio climático y servicios públicos con financiación insuficiente, desperdiciar recursos tan sustanciales es fiscalmente irresponsable y moralmente indefendible.
El Pilar Dos representó un punto de partida: una tasa mínima global para la tributación de las empresas que podría haber frenado la competencia a la baja y restaurado cierto grado de justicia fiscal. La decisión del G-7 de exonerar a las multinacionales estadunidenses debilita incluso ese modesto mínimo y envía un mensaje erróneo al resto del mundo.
Hace apenas dos semanas existía en Naciones Unidas un consenso mundial sobre la necesidad de fortalecer la cooperación tributaria internacional e implementar sistemas impositivos progresivos, y una amplia mayoría de países votó a favor y apoyó las negociaciones en curso para una convención marco de la ONU sobre cooperación tributaria internacional. Sin embargo, el gobierno estadunidense se retiró recientemente de las negociaciones de la ONU, afirmando que los objetivos de la convención propuesta son incompatibles con las prioridades estadunidenses y representan una extralimitación indeseable
.
En la adopción del Compromiso de Sevilla
, el documento final de la Cuarta Conferencia Internacional de la ONU sobre la Financiación para el Desarrollo (FpD4) que se celebra esta semana, Estados Unidos es el único país importante ausente. Permitir que eluda las ya modestas normas del Pilar Dos no sólo socava el multilateralismo, sino que también contradice los compromisos asumidos y profundiza aún más la desigualdad en la gobernabilidad tributaria internacional.
Los miembros del Marco Inclusivo de la OCDE/G-20 deberían rechazar el acuerdo alcanzado en el G-7. No se debe permitir que Estados Unidos dicte la política global. Si bien es poderoso, aún representa menos de 20 por ciento del PIB mundial.
Los países reunidos en Sevilla para la FpD4 pueden aceptar que Estados Unidos socave todos los esfuerzos para garantizar que las multinacionales paguen lo que les corresponde, o redoblar esfuerzos para crear un nuevo sistema tributario internacional en la ONU que beneficie a todos. Por el bien de la economía mundial y de las personas de todo el mundo, deberían optar por esto último.
* Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, ex economista jefe del Banco Mundial, ex presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos, profesor de la Universidad de Columbia y y autor, más recientemente, de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024).José Antonio Ocampo, ex subsecretario general de las Naciones Unidas y ex ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, es profesor de la Universidad de Columbia, miembro del Comité de Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Es autor de Hacia la reforma del (no) sistema monetario internacional (Fondo de Cultura Económica y Banco de la Repúbica, 2021).Jayati Ghosh, profesor de economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, es miembro de la Comisión de Economía Transformacional del Club de Roma y copresidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional.
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