El diputado Saúl Cordero presentó ayer una iniciativa ante el pleno de la 65 Legislatura para supervisar a las instituciones financieras que operan en Zacatecas, con el fin de identificar su legalidad, si aplican intereses excesivos o realizan cobros extrajudiciales.
En tribuna, denunció que muchas de estas entidades despojan a familias de sus bienes sin el debido proceso, sobre todo en comunidades vulnerables donde incluso se forman “grupos de acreditados” para hacer embargos ilegales.
En cuanto a derechos civiles, Cordero también propuso una reforma al Código Familiar estatal para garantizar que niñas y niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida puedan acceder al Registro Civil, ya que hoy en día enfrentan obstáculos que vulneran su derecho a la identidad.
Santos González Huerta propuso una reforma para eliminar el cobro por inscribir a deudores alimentarios en el registro estatal, subrayando que más del 67% de las madres jefas de familia no recibe pensión, y que el costo del trámite (hasta 140 pesos en algunos municipios) representa un obstáculo que debe desaparecer.
Abonando al mismo tema, Maribel Villalpando Haro propuso impedir que quienes estén inscritos en el registro de deudores puedan tramitar o renovar licencias de conducir.
También presentó otra iniciativa para incorporar formalmente la protección animal como función de las corporaciones policiales, con la obligación de reportar casos de maltrato a las autoridades competentes, argumentando que combatir la crueldad animal también ayuda a prevenir otras formas de violencia.
Todas las iniciativas anteriores recibieron amplio respaldo de otros legisladores, al igual que la propuesta de reforma a la Ley de Protección Civil para que las autoridades implementen medidas permanentes contra incendios forestales (como la apertura de brechas cortafuego, programas de capacitación comunitaria y vigilancia en zonas de riesgo), leída por Jaime Esquivel Hurtado.
Un exhorto a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente a instalar módulos de recolección de colillas de cigarro en parques y áreas verdes de Zacatecas, como el Arroyo de la Plata, fue presentado por Alfredo Femat, quien destaco que una sola colilla puede contaminar hasta diez mil litros de agua.
Martín Álvarez Casio propuso una reforma constitucional para prohibir que familiares de personas titulares de cargos de elección popular se postulen en el mismo distrito o municipio, no solo como propietarios, sino también como suplentes o por la vía plurinominal. La iniciativa amplía el alcance de la reciente reforma federal en materia de nepotismo electoral y establece que la restricción aplicaría a partir del proceso electoral de 2030.
Ana María Romo Fonseca presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 58 municipios del estado a implementar vigilancia y regulaciones que impidan la reproducción de narcocorridos y corridos tumbados en bares, restaurantes y espacios públicos.
Afirmó que estas canciones promueven una cultura de violencia, exaltan figuras del crimen organizado y normalizan el consumo y los excesos entre jóvenes y niños, sobre todo cuando son difundidas en espacios de convivencia familiar.
La diputada Susana Barragán planteó que la violencia digital también debe sancionarse cuando es indirecta. La morenista indicó que este tipo de ataques afectan la dignidad, integridad y seguridad de las mujeres en su entorno social o profesional, y se pueden identificar por alusiones, datos implícitos o descripciones personales.
Marco Vinicio Flores propuso reformas para que el derecho a la movilidad se integre como eje en la planeación y ejecución de la obra pública estatal, priorizando peatones, ciclistas y el transporte colectivo.
María Dolores Trejo planteó fortalecer el turismo cultural mediante una reforma que reconozca a las artesanías como patrimonio inmaterial y motor de desarrollo local. Por su parte, Renata Ávila propuso declarar el 19 de mayo como Día del Señor de Santa Teresa en Villa González Ortega, reconociendo su valor cultural, histórico y turístico para la región.
Exhortan a retirar maquinaria del viaducto elevado
Ma. Teresa López solicitó que el gobernador instruya al secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, a ceñirse a las funciones que le establece el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Criticó su participación en las “Brigadas del Bienestar” y acusó que el funcionario ha desviado “recursos humanos de instituciones como la Guardia Nacional sin un marco jurídico que lo respalde”.
Seis diputados suscribieron el exhorto de Karla Estrada al Ejecutivo estatal para gestionar el retiro de maquinaria en la llamada “Zona Cero” de construcción del viaducto elevado, para reducir el congestionamiento vial mientras se resuelve el juicio de amparo.
Al respecto, el mismo equipo jurídico que logró la suspensión aclaró que mover la maquinaria sin autorización judicial implicaría una violación a la suspensión vigente, lo cual constituiría un delito federal conforme a la Ley de Amparo.
Amplían protección legal contra la violencia hacia las mujeres
El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado por la Comisión de Igualdad Sustantiva, presidida por la diputada Renata Ávila.
El documento consolida diversas iniciativas de legisladores de distintas fuerzas políticas, entre ellas las de Isadora Santivañez, Fer Miranda, Maribel Villalpando, Saúl Cordero, Luis González, Jaime Esquivel y Santos González, para fortalecer el marco normativo estatal en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
Asimismo, se establecen nuevas atribuciones para la Secretaría de las Mujeres y los municipios, incluyendo la creación de bases de datos sobre órdenes de protección y casos atendidos, y el diseño de espacios y transportes públicos libres de violencia. Se fortalecen también los requisitos para los refugios destinados a mujeres víctimas, asegurando personal capacitado y atención integral.
Durante la sesión, la reforma recibió el reconocimiento de legisladores como Isadora Santivañez y Carlos Peña, quienes destacaron que no se trata de una acción simbólica, sino de una armonización legal sustantiva que responde a luchas históricas del movimiento feminista y a la realidad cotidiana de las mujeres en Zacatecas.
