El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) define puntual y claro que “la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido”.
“Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos”.
“Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida”.
“Para efectos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se entenderá por esta cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no siempre un trato diferenciado será considerado discriminación”.
La definición antecede mi texto que trata de la función principal del organismo de la Secretaría de Gobernación: la discriminación.
De acuerdo con una encuesta elaborada por la empresa OCC Mundial, las principales causas de discriminación laboral en el país son: la experiencia, la edad y la apariencia física.
Además, la condición socioeconómica, las responsabilidades familiares, el embarazo, el género, el color de piel, el idioma y la ideología política.
El Índice de Inclusión Social 2013 de la publicación Americas Quarterly, señala que México subió cuatro peldaños entre los países con mayor discriminación de América Latina, colocándose en lugar 11 respecto al año anterior.
Esta publicación evalúa de una escala del uno al cien a 16 países de Latinoamérica, la cual otorgó a México 45.2 de calificación, pues a pesar de que es considerado como líder en derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y de la mujer, estos sectores presentan bajas tasas en derechos para un empleo formal.
Todos estos factores contribuyen a que las personas se vean limitadas a obtener una plaza en el sector formal de la economía, pues en diversas ocasiones pierden la oportunidad de un puesto digno simplemente por cómo se ven, su forma de vestir y corte de cabello, entre otros motivos.
En ocasiones, personas altamente calificadas en diversas áreas no logran obtener un empleo o concluir una entrevista laboral, debido a sus tatuajes, perforaciones y apariencia física.
Baste recordar el caso de Daniel Guzmán, un ciudadano que ha sido descartado de tres trabajos por llevar un tatuaje en el antebrazo. A pesar de haber pasado cada uno de los filtros y pruebas, cuando llega al examen médico y ven su tatuaje le dicen que no pueden contratarlo, aún cuando demostró que contaba con la capacidad para efectuar las actividades.
Ante este panorama, la diputada federal María del Carmen García de la Cadena Romero ha manifestado, en fechas recientes, que es necesario reformar los artículos 3 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de prohibir a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por apariencia física, uso de perforaciones y tatuajes.
Según informes del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), la apariencia es el motivo principal de discriminación en la capital; este organismo refiere que 5 por ciento de las denuncias que recibe fueron presentadas por personas tatuadas o con perforaciones.
Según la EDIS-Ciudad de México 2013, 46 por ciento de las personas que dijeron haber sido discriminadas no lo denunciaron, el 8 decidió ignorarlo, el 6 prefirió retirarse, el 3 dijo sentirse molesto, pero sólo 4 por ciento presentó una denuncia.
Una reforma constitucional seria en la materia, permitirá terminar con estereotipos cuyo efecto ha sido aumentar la discriminación y orillar a que los individuos con tatuajes o perforaciones no puedan trabajar de manera formal.
Esa reforma debería prosperar y dotar, por otro lado, al Conapred de autonomía y facultades para emitir recomendaciones vinculatorias. Ese sería un paso de los muchos que aún faltan. ■
