Este martes, el diputado Saúl Cordero presentó una iniciativa ante el pleno de la 65 Legislatura para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a supervisar a las instituciones financieras que operan en Zacatecas, con el fin de identificar cuáles están legalmente constituidas, cuáles aplican intereses excesivos y cuáles realizan cobros extrajudiciales sin fundamento legal.
En tribuna el legislador añadió que muchas de estas entidades actúan sin respeto al debido proceso, despojando a familias de sus bienes, incluso en comunidades sin acceso a asesoría jurídica, donde organizan “grupos de acreditados” para ejecutar embargos ilegales. Afirmó que muchas personas caen en estos créditos por necesidad y terminan perdiéndolo todo. La propuesta fue turnada para su estudio y dictamen a las comisiones de Desarrollo Económico y de Justicia, y recibió adhesiones de varios legisladores.
De igual forma con un gran número de adhesiones, el diputado Alfredo Femat presentó un exhorto a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente a emprender campañas de recolección de colillas y desechos de cigarro, particularmente en el Parque Arroyo de la Plata y áreas verdes de Zacatecas. En el contexto de la crisis hídrica del estado, subrayó que una sola colilla puede contaminar hasta diez mil litros de agua.
La diputada Ma. Teresa López solicitó que el gobernador instruya al secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, a ceñirse a las funciones que le establece el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Criticó su participación en las “Brigadas del Bienestar” y acusó que el funcionario ha desviado “recursos humanos de instituciones como la guardia nacional sin un marco jurídico que lo respalde”.
A raíz de la suspensión provisional que frenó las obras del viaducto elevado, la diputada Karla Estrada exhortó al Ejecutivo estatal a gestionar el retiro de maquinaria en la llamada “Zona Cero”, para reducir el congestionamiento vehicular mientras se celebra la audiencia incidental del amparo. La legisladora enfatizó los riesgos a la movilidad, las molestias para la ciudadanía y la presión económica que representa mantener suspendida una obra de más de 3 mil 600 millones de pesos. La propuesta, solicitada con carácter de urgente resolución, fue turnada a comisiones.
