Ana María Romo Fonseca presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 58 municipios del estado a implementar vigilancia y regulaciones que impidan la reproducción de narcocorridos y corridos tumbados en bares, restaurantes y espacios públicos. Afirmó que estas canciones promueven una cultura de violencia, exaltan figuras del crimen organizado y normalizan el consumo y los excesos entre jóvenes y niños, sobre todo cuando son difundidas en espacios de convivencia familiar.
La emecista expuso sería inviable la prohibición, por lo que propuso que los municipios actúen en el marco de sus competencias para proteger a las infancias de esta exposición.
Santos González Huerta propuso una reforma para establecer que la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos sea gratuita, pues actualmente los municipios cobran hasta 140 pesos por el trámite. Más del 67 por ciento de las madres jefas de familia no reciben pensión alimenticia por lo que se debe eliminar todo obstáculo económico para hacer efectivo este mecanismo de presión legal contra los deudores alimentarios, señaló el morenista.
Argumentando que atender la violencia contra los animales también previene otras formas de criminalidad, Maribel Villalpando Haro propuso una reforma a Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para que los cuerpos de seguridad colaboren con autoridades como SAMA y los ayuntamientos para reportar casos de maltrato o abandono animal.
Para institucionalizar medidas como la limpieza de brechas cortafuego, capacitación comunitaria y vigilancia en temporada de riesgo de incendios, el diputado Jaime Esquivel propuso adicionar una fracción a la Ley de Protección Civil del Estado y Municipios de Zacatecas, obligando a las autoridades a implementar acciones permanentes de prevención y control de incendios forestales.
Saúl Cordero propuso también una reforma al artículo 37 del Código Familiar estatal para que las niñas y niños nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida, tengan acceso al Registro Civil por quienes ostentan legalmente los derechos parentales. El objetivo es evitar que se les sigan negando actas de nacimiento como ocurre actualmente.
En el tema de violencia digital indirecta, la diputada Susana Barragán presentó una reforma para que las agresiones en redes sociales que quedan impunes por no mencionar directamente a la víctima, sean sancionadas. La morenista indicó que este tipo de ataques afectan la dignidad, integridad y seguridad de las mujeres en su entorno social o profesional, y se pueden identificar por alusiones, datos implícitos o descripciones personales.
