La colaboración y la coordinación interinstitucional es fundamental para lograr metas más elevadas en los distintos rubros que trabaja el gobierno, representado en sus tres niveles de ejercicio. Dicha colaboración debe cumplirse cabalmente cuando la encomienda es garantizar el interés superior de la niñez y la infancia a que hace referencia el Artículo 4° de la Constitución Política Federal, pues no debe escatimarse ningún esfuerzo o recurso que tenga como finalidad, que la vida y la integridad de una niña, niño o adolescente quede a buen resguardo. En este sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala en el documento denominado: 40 años de estrategias de coordinación interinstitucional para la política de desarrollo social en México, que en los últimos años, la colaboración y la coordinación interinstitucional (Entre órdenes de gobierno) se ha presentado como una de las respuestas de la administración pública a los problemas derivados de la sectorización de las estructuras burocráticas, sin embargo, es hasta años recientes cuando se le ha dado la importancia debida, ya que su estudio, está vinculado a los análisis de las políticas públicas orientadas a su implementación. Según Regens, la coordinación institucional se conforma de dos componentes diferentes: administrativo y de políticas; este último tiene que ver con el diseño de las estrategias de las dependencias que trabajan de manera conjunta, lo cual debe evitar que se produzcan acciones redundantes o deje vacíos. Por lo que respecta al componente administrativo, Peters, señala que los esfuerzos interinstitucionales deben conducirse a que los resultados de las políticas gubernamentales sean más coherentes. En tal sentido, Jordan y Halpin argumentan que la falta de coherencia en las políticas se deriva de la falta de colaboración y coordinación entre los agentes que las diseñan e implementan, y viceversa. Esto significa que ambos componentes no solo se encuentran íntimamente ligados, sino que son necesarios para que los gobiernos sean eficaces. Así las cosas y con el propósito de orientar acciones más positivas, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema DIF Zacatecas, acudió por instrucciones de la Presidenta Honorífica del citado organismo, Lic. Sara Hernández de Monreal, a la Capital del Estado de Guanajuato dónde fuimos excelentemente recibidos por la Procuradora, Lic. María Teresa Palomino Ramos y su valioso equipo de trabajo, con la finalidad de intercambiar experiencias positivas en materia de acogimiento familiar, adopciones y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes; personalmente quiero destacar la buena amistad que tengo con Tere Palomino pues formamos parte del colectivo de procuradores y procuradoras que laboramos en toda la República Mexicana y, además, tenemos el proyecto conjunto de la Asociación Nacional de Procuradoras, ex procuradoras y ex procuradores, protocolizada con cerca de 20 miembros que representan a igual número de estados y, que tienen la delicada encomienda de hacer posible, en los hechos, que cada niña, niño y adolescente, tenga garantizados plenamente sus derechos. Sin duda que la experiencia ha sido muy afortunada pues recibimos la calidez de todo el personal y, en dos días de trabajo pudimos enriquecer el conocimiento y la práctica de buenos resultados en los temas ya planteados. Dentro de la reunión de trabajo contamos con el apoyo del Subprocurador de Acogimiento Familiar y Adopciones, Lic. Sergio López García y su equipo de especialistas nos dieron los pormenores sobre el Manual de Implementación de un Programa de Acogimiento Familiar, en el cual se define al acogimiento familiar como una práctica sociocultural muy arraigada en América Latina, donde es usual encontrar familias que abren las puertas de sus casas a miembros de sus familias extensas (abuelos, tíos, hermanos mayores de edad, etc.) o de sus comunidades, en forma transitoria o permanente, movilizadas por razones de afecto, pertenencia y solidaridad; en el mencionado manual, se establece que dicha práctica, es implementada por el gobierno como un recurso de política pública para proveer cuidado y protección a aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias, e integrarlos a otras (familias de acogida), que se hacen responsables de su cuidado de manera temporal. Dicho proyecto está siendo trabajado en Zacatecas y próximamente habremos de darlo a conocer. Finalmente agradezco a todo el equipo de la Procuraduría de Guanajuato, a mí querida amiga Tere Palomino y a la Presidenta del Consejo Consultivo del DIF Estatal de Guanajuato, la Lic. Adriana Ramírez Lozano por toda la generosidad y la calidez brindada a mis compañeras Karen Guerrero, Rosy Aguilar y Lupita Perea; personalmente, estoy agradecido por regresar a la tierra bendita dónde se encuentran todas mi raíces familiares y mis orígenes. Gracias a Dios y al Universo.
