En diciembre de 2018, el rector Dr. Antonio Guzmán Fernández, presentó ante la Secretaría de Educación Pública, una propuesta para contribuir a reducir el déficit financiero de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Tal era su gestión para conseguir los recursos necesarios para pagar las prestaciones contractuales de fin de año. Entre los compromisos adoptados por la rectoría, los más relevantes para los agremiados al Sindicato de Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ) son, quizá, los siguientes: no incrementar prestaciones ni aceptar nuevas, lograr el retiro de 42 tiempos completos, 39 medios tiempos, y desparecer 849 horas por asignatura. Por supuesto, hubo cumplimiento del acuerdo, y si se consulta la página de la Subsecretaría de Educación Superior se puede corroborar que, para el 31 de diciembre de 2019, las plazas y horas comprometidas ya no existían, pues para el gobierno federal el rector implementó las acciones sugeridas. ¿Cómo lo logró?, ¿aceptó el SPAUAZ ceder esas plazas en bien de la comunidad universitaria, de la UAZ como “proyecto cultural” y del estado de Zacatecas? No consta en ningún documento tal cosa, no se citó a Asamblea General para deliberar, no aparece en los convenios de levantamiento. Se puede especular que ese compromiso generó una política de la rectoría hacia el sindicato que, a pesar de violar lo estipulado en el Contrato Colectivo, se impone por la fuerza de la apatía generalizada de los agremiados. Consiste en lo siguiente: cuando se jubila, fallece, se retira o por alguna causa algún docente deja su plaza, ésta ya no se reconoce. Se desvanece del presupuesto y de la memoria de la mayoría de los sindicalizados. Cada año, sin embargo, el SPAUAZ reclama el reconocimiento de esas plazas en el pliego petitorio con el que realiza el emplazamiento a huelga. Aduce 20, 30, 40 o 100 plazas pendientes de reconocimiento. También solicita 15% o 20% o, ¿por qué no?, 100 % de incremento salarial. Igualmente exige se cumplan los tiempos estipulados en el contrato para la entrega de cargas de trabajo y aboga por los beneficiarios de los difuntos y los adeudos que tiene la UAZ para con ellos. Lo que sí no solicita son nuevas prestaciones, aunque sí incrementos en los apoyos a las carteras del SPAUAZ, o para los festejos del Día de las Madres. Pues bien, es un hecho que la rectoría no reconocerá las plazas, ¿por qué?, no sólo debido a compromisos con el gobierno federal, sino por la inherente debilidad del sindicato. Si la rectoría considerase fuerte al SPAUAZ, no hubiera propuesto desconocer plazas. Se puede observar cómo una debilidad, una incapacidad de acción, genera consecuencias al gremio. Por otra parte, el incumplimiento en los tiempos de las cargas de trabajo está cada día más claro: se debe no sólo a la inanidad de los sindicalizados, sino al diseño erróneo que se enuncia en las cláusulas contractuales respectivas. Tal diseño establece que las cargas se entregan con seis meses de anticipación, al parecer para darle certeza a los docentes a tiempo determinado, pero deja de lado que, incluso después de comenzadas las clases, los profesores solicitan cambios de horario, permisos imprevistos, cambio de materias o de plantel, en el caso de la Unidad Preparatoria, y un sinfín de situaciones que no se pueden planificar con seis meses de anticipación. Esto, más que fuerza del gremio, exige modificar el procedimiento, buscar el equilibrio entre la incertidumbre de los tiempos determinados y los imprevistos de los docentes de carrera. Pero modificar el contrato, debido a propaganda desinformadora, se concibe como cesión de los derechos a la patronal. Posición obtusa promovida por quienes le hacen el juego al patrón para que éste no cumpla sus compromisos ni con el gobierno federal ni con los sindicalizados, sino sólo con un grupo reducido de afines y cómplices. De hecho, esta doctrina de no revisar el contrato implica que no habrá nuevas prestaciones porque proponer una es incluir cláusulas nuevas y eso es tabú. Por esto la rectoría puede proponer, con toda tranquilidad, que no negociará nuevas prestaciones: el gremio no las solicita porque sus ideólogos le dicen que hacerlo es ceder ante la patronal. ¿Y los difuntos? En la cláusula 41-IX del contrato se establece que se entregará, a los beneficiarios de un difunto, un mes de salario por año de antigüedad, sin embargo, como se puede documentar en los diversos anexos de ejecución de los convenios de apoyo financiero, no hay dinero asignado en el presupuesto convenido por la SEP para ese concepto. Se entiende, aunque no haya prosperado, por qué el Dr. Guzmán, cuando rector, optó por modificar esa cláusula en acuerdo con el líder sindical de aquellos entonces. Se nota, pues, que la rectoría tiene un margen de negociación muy limitado con el SPAUAZ. Incluso se puede afirmar que es nulo. Más aún: no necesita negociar, sea por la debilidad del sindicato, sea por las ideologías alienantes, sea por lo que sea, la rectoría logra sus propósitos. Ante esta realidad resulta urgente repensar la relación bilateral, deshacerse de los ideólogos pro patronales, rediseñar procesos y concebir un nuevo sindicalismo.
La necesidad de un nuevo sindicalismo
