La peligrosa falta de protección gubernamental al personal de salud

La peligrosa falta de protección gubernamental al personal de salud

El personal médico en este momento está en alto riesgo y se expone a maltrato social como gubernamental. El caso más grave del estado es el municipio de Jerez que ha sido declarado el epicentro del contagio en Zacatecas. Pues bien, el 30 por ciento de esos contagios son de personal médico. ¿Es casualidad o se debe a las condiciones institucionales de atención? Un médico que es contagiado por un pariente que llegó de Estados Unidos, adquiere la enfermedad. Este médico presenta los síntomas, pero continúa laborando porque la prueba que mostró que estaba invadido por el virus fue muy tardía. En ese tiempo (lo tardío de la prueba) es que contagió a sus compañeros de trabajo, de los cuales hay ahora un fallecido. Un médico debe tener acceso a pruebas eficientes respecto al tiempo y no las tienen, lo cual aumenta de manera importante su nivel de vulnerabilidad. Maltrato.

Las condiciones administrativas del personal suplente también se convierten en factor de riesgo: tienen una guardia en un área de trabajo, y pueden pasar a otras áreas si no tienen turnos fijos. El hecho de que no se modifique la estructura administrativa durante la atención de la pandemia, expone en primer lugar a lo médicos y enfermeras, que se pueden convertir en vectores de contagio de sus compañeros por las condiciones de rotación que tienen. Una enfermera (o) suplente no tiene prestaciones ni seguridad social y gana 180 pesos por guardia; lo cual implica que si sale infectada tendría que costear su propio tratamiento. Luego de una protesta y solicitud de mejorar sus condiciones, el Estado acepta hacerlo a través del Insabi y reconocerlos como personal ‘de contrato’ y darles 2 mil 857 pesos quincenales (190 diarios), sin prestaciones. Esto es un grave caso de maltrato laboral de aquellos que dicen en las redes que son ‘los héroes de blanco’.

Sin duda un aspecto que ha sido muy comentado es el relativo a los materiales de protección del personal sanitario. Pues ni eso (que es muy elemental) se ha podido asegurar. En el caso de Jerez (para seguir el mismo ejemplo) los overoles, batas, cubrebocas, lentes y caretas fueron donados por el municipio gracias a que una enfermera es regidora y tuvo forma de gestión directa en su cabildo. Pero es una excepción de la regla. Los órdenes de gobierno que deben garantizar el equipamiento es el intermedio y el federal, y es fecha que no han podido asegurar este aspecto de la seguridad sanitaria. Ahora en fase 3, de alto nivel de contagio, los hospitales toman como ‘sospechoso’ a todo aquel que tenga algún síntoma respiratorio. Por ello se implementa la ‘reconversión hospitalaria’ que aísla las áreas distintas al ‘triage respiratorio’. En este contexto debería protegerse laboral y sanitariamente a todo el personal que está a cargo de esta zona, y no ha ocurrido. Sabemos de maltrato social a las enfermeras que circulan por la calle, y es reprobable; pero el maltrato gubernamental no puede ser tolerado: es inconcebible. El reconocimiento no debe ser discursivo, sino efectivo, real y en todos los aspectos. Hasta ahora, los gobiernos van retratados en ese importante tema.

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