Ínfima, aportación de la minería a las finanzas públicas: académico

Ínfima, aportación de la minería a las finanzas públicas: académico
Según datos de Fundar, menos del 0.66% de personas aseguradas en el IMSS están relacionadas con industrias extractivas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ El Estado devuelve los gravámenes a las empresas y los recursos los reinvierte en infraestructura y obra para facilitar la operación de éstas: Alfonso de la Vega

■ Advierte que la población en pobreza en los centros productores de oro alcanza 50%

 

La aportación de la minería a las finanzas públicas, por concepto de pago de impuestos y del Fondo Minero (pago de derechos), es ínfima, pues el Estado les devuelve los gravámenes y los recursos los reinvierte en infraestructura y obra para facilitar la operación de las mismas empresas, afirmó Alfonso de la Vega, integrante del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El aporte a las finanzas públicas de la minería, en términos generales, no alcanza ni siquiera el 0.6 por ciento del total de los ingresos del gobierno. Este es un dato del 2018 y en 2019 bajó un poco más”, informó.

Respecto a la recaudación del IVA, en el sector minero, dijo que “el gobierno le regresa el Impuesto sobre el Valor Agregado a las empresas mineras”, mientras que la aportación por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR), es mínimo. En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), indicó que también en este rubro “hay números negativos”.

Según explicó, el único impuesto mediante el cual el gobierno puede generar un ingreso es el ISR, pero si se pondera con el IEPS y el IVA, “al final el gobierno sale pagando por permitir la devastación de los territorios, por permitir la violencia dentro de los territorios”.

De la Vega explicó que, además de los impuestos, está el tema de los estímulos fiscales que el gobierno otorga a las empresas mineras para promover la actividad en regiones específicas, y cuyos recursos se invierten en infraestructura que requieren las minas.

En el caso del Fondo Minero, explicó que, en teoría, el recurso debería destinarse a las comunidades donde se realizan actividades extractivas, pero “el pago de derechos tiene una transparencia nula y tiene una forma de comprobar los recursos también prácticamente nula”.

Incluso, expuso que para justificar el gasto del Fondo Minero que se realiza en los municipios, se entrega una hoja en PDF y no una hoja de Excel con facturas, como lo debe hacer cualquier institución: “ellos sólo entregan una hoja donde dicen que se gastó tanto en un hospital, y no hay quien sepa si realmente se gastó de esa manera porque no entregan facturaciones fiscales”.

Sobre los montos reportados en obras de inversión realizadas con el Fondo Minero, De la Vega expuso que Zacatecas, Durango y Sonora son los estados que reciben mayores ingresos, pero sólo se ha transparentado el ejercicio del 34 por ciento de estos recursos.

“El 68 por ciento de los recursos que se tienen del Fondo Minero son para construcción e infraestructura que son principalmente caminos y accesos a los centros mineros. Es decir, el gobierno no solamente les está regresando el IVA y el IEPS, sino que con el Fondo Minero, que debería reflejarse en el desarrollo de las comunidades, es dinero que se reinvierte o que se utiliza para mejorar la infraestructura de las compañías mineras”.

También se refirió al argumento del presidente para no trastocar los intereses de la minería, que es el aporte de esta industria al empleo nacional, y mientras “hay datos que hablan que el 5 por ciento de los empleos del país están relacionados con la industria minera, en el análisis que ha hecho Fundar han encontrado que menos del 0.66 por ciento de personas aseguradas en el IMSS están relacionadas con industrias extractivas”.

“¿Cuánto vale depredar los territorios? ¿Cuánto vale acabarse el agua y los recursos naturales? No vale dinero para el gobierno porque no lo recibe y tampoco vale empleos para el país porque tampoco los hay”, afirmó durante la ponencia impartida en el taller regional “Discusión ciudadana de la reforma a la Ley Minera”, realizado en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

Otro aspecto importante que ha constatado Fundar, expuso De la Vega, es que la población en pobreza en los centros productores de oro alcanza el 50 por ciento, mientras que en los productores de plata el 58 por ciento. Aunado a ello, la población en pobreza extrema alcanza el 11 por ciento en las zonas aledañas a la actividad extractiva.

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