■ El Gobierno de México tendría que invertir 700 mdd: Axel Didriksson
■ Señala que las instituciones deben pasar de 39 a 55% en atención de 2019 a 2024
■ Otro desafío, rescatar a las universidades públicas del proceso de extinción: Aboites
■ Nueva Ley de Educación no responde a esquema neoliberal impuesto en universidades
El reto del Gobierno Federal y de la llamada Cuarta Transformación es encontrar la manera de dar cumplimiento con el precepto constitucional de obligatoriedad de la educación superior y, además, rescatar a las universidades públicas del proceso de extinción al que se les ha sometido durante el neoliberalismo.
Así lo afirmaron Axel Didriksson y Hugo Aboites, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), respectivamente, durante su participación ayer en la 10 Sesión del Seminario de Pensamiento Crítico, de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).
En la mesa de análisis “Debates sobre el futuro de la universidad pública en los tiempos de la Cuarta Transformación”, Didriksson se refirió a la nueva Ley de Educación y señaló que uno de sus aspectos más importantes es garantizar la obligatoriedad de la educación superior, lo cual plantea que todo aquel que quiera cursar educación superior, tiene el derecho de hacerlo.
Consideró entonces las instituciones deben pasar del 39 por ciento al 55 por ciento de cobertura de aquí al 2024, lo que significa que debe haber un crecimiento sostenido de más de 2 millones de estudiantes. Es decir, “se habla fundamentalmente de la obligatoriedad ascendente para el acceso a este nivel educativo”.
Expuso entonces que se plantea la obligatoriedad de la educación superior, se establece un fondo federal especial para garantizar dicha obligatoriedad y la plurianualidad de la infraestructura.
Para ello, calculó que el gobierno de la Cuarta Transformación tendría que invertir 700 millones de dólares para cumplir con el concepto de obligatoriedad de la educación superior, pero hasta ahora ha formalizado el concepto de 100 universidades del bienestar, que no son universidades en realidad, sino escuelas con carreras acotadas en regiones de alta marginalidad.
Según expuso Didriksson, también está en marcha el proyecto de una Universidad de la Salud para médicos y enfermeras y una Universidad Nacional de las Artes, el cual se plantea funcione aparte del Centro Nacional de las Artes.
Se refirió también a las 15 universidades que enfrentan problemas financieros fuertes, entre ellos la de Zacatecas, en las que hay “condiciones terribles para desarrollar una planeación en la perspectiva de la obligatoriedad”.
Mencionó, por ejemplo que el rector de la Nicolaita le mencionó que no tenía cómo pagar salarios de diciembre y aguinaldo, mientras que en Nayarit la universidad lleva casi tres semanas en huelga, y otras más esperan una situación caótica en caso de que no haya recurso expedito y suficiente para atender su déficit.
Indicó entonces que se deben crear espacios para 2 millones de alumnos y así llegar a un 55 por ciento de cobertura en el nivel superior y así cumplir con la obligatoriedad que establece la nueva ley.
Por su parte, Hugo Aboites comentó que en los últimos 10 años ha incrementado la cobertura de las instituciones de educación superior, al grado que abarcan al 33.5 por ciento, lo que significa que prácticamente está al mismo nivel que las universidades públicas, que en ese mismo periodo han disminuido su matrícula de 47.8 a 35.7 por ciento.
CONSIDERAN QUE LAS 100 UNIVERSIDADES DEL BIENESTAR NO LO SON EN REALIDAD, SINO ESCUELAS CON CARRERAS ACOTADAS EN REGIONES DE ALTA MARGINALIDAD
“Si habláramos de una especie en términos de biología no estaríamos diciendo que se trata de una especie en peligro de extinción, pero sí que la universidad autónoma está en proceso de extinción, porque en la medida que crece la matrícula, la universidad autónoma está destinada a representar una parte cada vez más pequeña de esa proporción”, dijo.
Explicó que hubo un proceso de 100 años de persecución a la universidad pública y autónoma en México. En 1927 se creó en el país la primera universidad autónoma, pero duró sólo dos años debido a que Pascual Ortiz, entonces gobernador de Michoacán, tenía la idea de que la universidad fuera un refugio de los liberales y conservadores porfiristas que se veían avasallados por las ideas socialistas.
Es decir, la universidad se concibió en ese momento como un nicho político, y en algunos casos en la actualidad sigue recuperando esa evocación, pero fue en 1919 cuando el gobernador pidió al Congreso suprimir la autonomía de la universidad. El nacimiento de la universidad autónoma pública se vio marcado por el comienzo de un rechazo por parte del gobierno en forma muy importante.
Aboites relató que, con la llegada de Lázaro Cárdenas a la Presidencia y su reforma a la educación, se estableció que toda la educación impartida por el Estado sería socialista, para lo cual envió una carta a las universidades en las que decía que, al cambiar la Constitución, los rectores debían acatar ese mandato.
“Los rectores protestaron, sobre todo de la UNAM, no estaban de acuerdo y en respuesta, hay documentos muy importantes en los que se evaluaba qué hacer. Las opciones que la universidad planteaba era que el gobierno se mantuviera a la expectativa y optar por el cierre para dar lugar a la creación de una universidad de Estado”.
En respuesta, Lázaro Cárdenas creó un sistema paralelo y esto ha sido un recurso usual en la política educativa mexicana. Creó entonces el Instituto Politécnico Nacional y un sistema de tecnológicos que constituyen la educación superior de Estado, mientras que la universidad autónoma quedó refundido con un subsidio mínimo.
Con la llegada del neoliberalismo, las políticas persiguieron principalmente a las universidades autónomas, por lo que una crítica importante a la nueva Ley de Educación, es que no responde a ese esquema neoliberal impuesto en las universidades.
En consecuencia, después de 100 años, Aboites señaló que hay 11 universidades que no pueden pagar su nómina, que no tienen recursos para sobrevivir, y en los hechos están bajo la misma idea que tenía el gobierno de Lázaro Cárdenas respecto de la universidad: cortarle fondos, dejar que muera.
