Pensiones en México: ¿hacia un nuevo sistema?

Pensiones en México: ¿hacia un nuevo sistema?

El Consejero Económico de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Jorge Tonatiuh Martínez Aviña realizó recientemente la Nota técnica México: una propuesta para un nuevo sistema de pensiones*, en el que, desde mi punto de vista, analiza estratégica y acertadamente la crisis por venir en materia de pensiones que, según sus consideraciones, podría iniciar a partir de 2022 (sí, en tres años). Entre sus argumentos principales se encuentran las características que hacen del sistema actual de pensiones uno “fragmentado, desigual, excluyente, desordenado, empobrecedor y costoso”, vamos un sistema que carece de los elementos mínimos de un sistema.

En un recorrido corto pero consistente, Martínez Aviña da cuenta de la historia de los sistemas de pensiones en México, hasta llegar al punto en el que nos encontramos: a nada de que la primera generación Afore haga su arribo al ejercicio de su derecho a pensionarse y las pobres expectativas que este sistema significará para ellos, iniciando así una vorágine, que de no poner solución de por medio, podría llevar a un número potencial y creciente de mexicanos en retiro, pobres e incapaces de llevar una vida digna.

Sin embargo, de la alarma, el documento técnico de la CISS pasa a la propuesta, una que vale la pena conocer, discutir y enriquecer. Partiendo de que “es indispensable que se construya en México un nuevo sistema de pensiones que considere a toda la población”, y de que dicho sistema deberá regirse bajo “los valores de solidaridad, universalización y equidad”, pasa a una serie de características que debe contener este nuevo sistema de pensiones, que me permito compartir, para luego ampliar o insistir sobre su importancia estratégica:

Primero: un esquema de beneficio definido administrado por el Estado para los trabajadores de los sectores privado y público, es decir, recuperar la rectoría del Estado en la materia. Aquí cabe la primera nota en sentido propositivo: sí bien sería idóneo un esquema de administración en la que el Estado recupere la rectoría sobre el tema, también lo es que en ello se haga énfasis en tres supuestos fundamentales: transparencia (que sí lo hace Martínez Aviña), participación y responsabilidad técnica y corporativa, lo que supondría un esquema de Gobierno Abierto y Corporativo (GAC) para dicho sistema en cada uno de sus integrantes, como bases para un manejo integro, transparente, con legitimidad, de dominio público y técnica, social y financieramente serio y con viabilidad.

Segundo: una pensión universal. Acompañar los sistemas ya existentes con una pensión universal “que sea igual al monto de la canasta mínima digna determinada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos”. Claro es que una obligación de esta naturaleza solo podría ser garantizada por el Gobierno Federal, lo que sería complementario a los esquemas estatales y demás subnacionales.

Tercero: Ahorro obligatorio administrado por las Afore, para los que estén por arriba de cierto nivel de ingresos. En este sentido se trata de volver obligatorio que quiénes más ganan, inviertan más para su futuro, administradas estas aportaciones extras por la Afore, no por el Estado.

Cuarto: Etiquetar fuentes de financiamiento para una política pública que asegure un monto determinado, con el objetivo de que las y los mexicanos tengan una vida digna en la vejez. El documento propone un impuesto adicional de 2% sobre los ingresos de las tabacaleras, un impuesto especial a las bebidas saborizadas, la Banca Múltiple y a las bebidas alcohólicas, así como impuestos al capital (propiedad inmobiliaria, riqueza, regalos y herencias).

Además de lo anterior, por supuesto, considera una reforma fiscal que permita alcanzar el monto total del requerido para que el Estado se encuentre en condiciones de otorgar una pensión universal para personas adultas mayores de 3500 pesos mensuales aproximadamente.

Aunque todo lo anterior parece utópico podría no parecerlo tanto sí nos aproximamos a la magnitud de la catástrofe social, política y macroeconómica que podría significar no atender los argumentos expuestos, no solo por la nota técnica de la CISS sino por cada vez más analistas y expertos.

Las principales limitaciones se antojan políticas, pasando por la oposición prevaleciente a una reforma fiscal de las características que se apuntan arriba, sin embargo, nos encontramos en un momento político sin precedentes en la historia de México, con un Presidente que goza de un bono democrático que parece estar a prueba de muchos fenómenos que a otros volvieron impopulares y cuya sensibilidad social parece ser la clave de su éxito, es de suponer que sí en algo vale la pena apostar dicho bono de legitimidad y popularidad es en una medida tan trascendente, responsable y sustancial como la que aquí se trata. Por supuesto, esta decisión debiera ir acompañada de la conciencia de que no se trata de una política de gobierno, sino de Estado y que como tal deberá ser atendida por todos los actores políticos, sociales y económicos del país.

@CarlosETorres_
*Disponible en: https://ciss-bienestar.org/wp-content/uploads/2019/08/Nota_tecnica_nueva5.pdf

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