El Reglamento Anticorrupción de la UAZ: derrumbe de expectativas

El Reglamento Anticorrupción de la UAZ: derrumbe de expectativas

La promesa de crear un sistema anticorrupción en la UAZ causó buenos comentarios. Hace dos años de eso. Ligeramente lento el cumplimiento de las urgencias. El escándalo de la Estafa Maestra ha impulsado esa exigencia. Pero la respuesta de la Rectoría a este delicado tema es un reglamento que no llora porque le faltan lágrimas: es portentosamente mediocre. ¿Eso ofrecen los universitarios para solucionar el complejo problema de la corrupción? ¿No se supone que son la inteligencia de la sociedad? Proponen un documento de 11 páginas con dos lánguidas ideas colgando de un hilo y dando lástimas a todo el que las ve pasar en los pocos párrafos del apresurado reglamento. Veamos.

Todos los analistas estuvieron de acuerdo en que la política que enfrentara el tema de la corrupción fuera con una mirada sistémica: así como las redes de corrupción actúan en forma de sistema, también lo hiciera (con esa lógica) el Estado para prevenir o castigar los actos que hacen provecho privado de los recursos públicos. Para eso idearon un sistema: la coordinación de una instancia de fiscalización, un tribunal de justicia administrativa, organismos que garantizaran la transparencia y un consejo ciudadano que pudiera meterse en todo. En el reglamento universitario llaman a construir un sistema, pero ¡no establecen ninguno! Toda la responsabilidad la descargan a un “Consejo Anticorrupción Universitario” que (él) establecerá las políticas anticorrupción en la Universidad. Esto es, se traslada toda la responsabilidad a un simple consejito que, además, no se dice quién lo constituirá ni cómo se integrará ni nada. Se establece una ‘ruta crítica’ sin fechas ni responsables ni medios de verificación. No hay un órgano de fiscalización creíble, ni el equivalente a un tribunal que vigile la responsabilidad administrativa y conformado con autonomía de las autoridades que serán las vigiladas. Nada de elementos esenciales. Autonomías, contrapesos, formas de verificación, mecanismos de rendición de cuentas. Nada. Todo se reduce a constituir un Consejito que, apostamos doble contra sencillo, será designado por la autoridad: la administración pondrá a su vigilante.

La expectativa de una política seria contra la corrupción en la UAZ se desinfla. Parece una burla de mal gusto. Un reglamento de esta magnitud se debe acompañar de una Exposición de Motivos, la cual debe describir un diagnóstico interno de ‘la estructura institucional vulnerable’ que hace posible la comisión de delitos de corrupción. Nada de eso aparece. Sólo falta que el documentito rebuzne. Pero sabemos que no es un asunto de falta de capacidad. En la Universidad hay personas con alta calificación para realizar la tarea de proponer un verdadero sistema anticorrupción universitario. La Pregunta es, ¿por qué no se hace? La respuesta no deja muchas salidas: no se quiere hacer algo en serio. Y la pregunta más inquietante es, ¿por qué no se quiere actuar en serio contra la corrupción? No vemos que el Rector tenga tendencias corruptas, parece de formas de vida sencilla sin pretensiones de enriquecimiento. Entonces, ¿qué explica esta conducta? No lo sabemos: ¿definiciones del grupo político? ¿Presiones de los poderes fácticos internos? En fin, las expectativas de emprender políticas contra la corrupción en la UAZ se han derrumbado.

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