La violencia contra la infancia: estado ineficaz y cultura atrasada

La violencia contra la infancia: estado ineficaz y cultura atrasada

La violencia contra los niños tiene varias dimensiones. Hay un tipo de violencia que está naturalizada, es decir que las familias y los propios niños piensan que son ‘normales’. En estos últimos 10 años se ha avanzado de manera importante en la des-naturalización de esas violencias. Igual que las agresiones contra la mujer. Se pensaba que era normal que el varón pusiera orden en la familia pegando a la esposa e hijos, sobre todo a los últimos. Y lo peor: normalizado como vehículo educador. No únicamente en las familias, sino en las escuelas. Se hizo frecuente el uso de reglas, borradores y varas de árbol de membrillo para golpear a los niños para corregir sus faltas académicas o conductuales. Pues bien, este aspecto ha avanzado considerablemente, no tanto en la disminución de la violencia efectiva ejercida, pero sí en su marco de legitimidad. Se ejerce violencia, pero bajo un marco de ilegitimidad. Por eso, es vital que la escuela se comprometa a crear conciencia en los propios niños de sus derechos, cuando ellos tienen conciencia de sus derechos se activa la alarma de la denuncia.

El cuidado estatal de estos temas, para empezar, debe salir de una institución que ha quedado añeja y rebasada: el DIF. Los programas del cuidado psicosocial de la familia no pueden estar a cargo de una institución marginal en el Estado. Por el contrario, es un tema transversal: las políticas públicas en educación, salud, deporte y recreación deben hacerse con enfoque de infancia. Procuradurías y defensorías de la infancia con carácter autónomo, permiten tener contacto con todos los sectores. El personal de estos organismos debe ser altamente profesional, y por ello, contar con un estricto sistema civil de carrera. Ha habido algunas propuestas de pasar la política de seguridad integral a los niños y adolescentes a Sedesol. Con Peña el sistema de estancias infantiles pasó a Sedesol. Pero no se ha podido avanzar en la consolidación de programas clave como infancia jornalera, madres adolescentes y los procesos de procuración de niñas, niños y adolescentes. Los casos de violencia infanticida que hemos conocido develan responsabilidad institucional, sobre todo en el monitoreo de los casos que abordan y deben resolver dichas instituciones. Por ejemplo, el horroroso caso de Sombrerete, donde la adopción no fue debidamente monitoreada, y ahí tenemos las consecuencias.

El tema de la violencia infantil es un problema público muy delicado, y el Estado está obligado a enfrentarlo. Hace unos años era considerado un problema de la vida privada de las familias. Ya no. Si se asume el tema de violencia infantil como un asunto transversal se debe abordar en las escuelas de padres, los textos escolares, la procuración de justicia y los sistemas de salud. La transversalidad tiene complicaciones de aplicación, porque requiere una dosis enorme de capacidades de coordinación institucional, y ahora mismo los sectores de la administración pública parecen feudos autónomos. Hay mucho que hacer en este tema: delicado y sensible. No hay alguien más inocente que un niño y su agresión es inaceptable.

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