La información, única forma de prever asentamiento de desarrollos extractivistas

La información, única forma de prever asentamiento de desarrollos extractivistas
Miguel Ángel Mijangos, segundo de derecha a izquierda FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Se requiere una pedagogía para comunicar en las comunidades los efectos sociales, ecológicos y económicos al respecto: Miguel Ángel Mijangos, integrante de la Rema

 

La única forma de prever el asentamiento de desarrollos extractivistas es la información; se requiere una pedagogía para comunicar en las comunidades los efectos sociales, ecológicos y económicos al respecto, la experiencia es que cuando estas los conocen, dicen “no” a los proyectos.

Las empresas transnacionales están entrando a las comunidades no debido a su pobreza, sino a la falta de información, ésta puede cambiar el proceso como ha ocurrido ya en 2 mil de ellas en el país que “están haciendo uso de su libre autodeterminación”, dijo Miguel Ángel Mijangos, integrante de la Rema.

La defensa del territorio desde la construcción y tejido de comunidad fue tema reiterado en las exposiciones del panel “Extractivismo minero y alternativas comunitarias en América Latina” en el que participaron Roberto Diego Quintana (UAM-Xochimilco), Pavel Camilo López (CIDES-UMSA Bolivia) y Miguel Ángel Mijangos de la Red de Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Experiencias como las de Cherán, Michoacán, y otras de la Sierra Norte de Puebla, han demostrado la efectividad de la defensa contra el extractivismo desde lo local. “Yo creo que sí se puede desde abajo”, dijo Roberto Diego Quintana.

Organizaciones como REMA buscan fortalecer los procesos que apuntalen la autodeterminación de las comunidades, informó respecto de las estrategias de la organización, Miguel Ángel Mijangos.

Los activistas y académicos alertaron acerca de que los procesos organizativos y de toma de decisiones por el “no” a los proyectos extractivistas llámense mineros, eoloeléctricos, hidroeléctricos o de hidrocarburos, deben realizarse antes de que haya alguna incidencia de los consorcios trasnacionales, terminando con el discurso de la simulación que habla de “una minería verde” o “socialmente responsable”.

Al respecto se mencionó el caso del derrame de tóxicos ocasionado en Sonora por Grupo México, y se cuestionó porqué en la Norma Oficial Mexicana se establece como máximo 4 microgramos de plomo por decilitro de sangre, mientras que en el caso de las europeas es de “0.00000002”.

Las exposiciones también se refirieron a nuevos fenómenos asociados a la presencia de las compañías mineras en territorio mexicano como su vínculo con los grupos delincuenciales a quienes incluso se les contrata como transportistas para el acarreo de material.

Ante la apertura de modalidades de trabajo como el outsourcing, que trascienden los controles que pudieran tener sindicatos, hay una infiltración de los grupos del crimen organizado en los servicios para la minería.

Esto se ejemplificó con el caso de la mina de oro ubicada en la comunidad de El Carrizalillo, Guerrero, que explota GoldCorp, donde la empresa canadiense habría celebrado un convenio con Guerreros Unidos grupo antagónico de Los Rojos, ambas organizaciones delincuenciales que saltaron a la luz pública nacional por su involucramiento en el caso de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.

Esta vinculación empresas mineras-crimen organizado, está impactando para que de manera más pronta se den los desplazamientos forzados de los habitantes de las comunidades que huyen de la violencia.

Ocurre el asesinato, desaparición o secuestro de líderes comunitarios que se oponen a los proyectos extractivistas, crímenes que se justifican solo en la actuación de los grupos delincuenciales pero no se investigan en su origen; por otro lado, su presencia obstaculiza el trabajo de las organizaciones que apoyan la resistencia de las mismas.

En el panel, el investigador boliviano Pavel Camilo López también alertó del proceso que durante los 10 años recientes ha convertido gran parte del territorio de aquel país en asentamiento de desarrollos extractivistas en zonas declaradas Áreas Naturales Protegidas (ANP), que a la par constituyen asentamientos indígenas, pueblos a quienes se les despoja y desplaza.

Dijo que la Constitución de Bolivia generada en 2009, misma que incluyó derechos para la Madre Tierra y conceptos como El Buen Vivir, está siendo “desconstitucionalizada”, pues el mismo gobierno de Evo Morales en cuyo mandato se promulgó, está otorgando las concesiones a empresas fundamentalmente chinas.

Refirió como ejemplo, el que hace tres semanas su administración firmó un convenio para darle apertura la extracción de gas mediante la técnica del fracking, constituyéndose así en el tercer país en Latinoamérica que lo hace.

“Esto nos ayuda a entender la cara de este nuevo progresismo” que ha acentuado el hiperextractivismo, dijo sobre los casos de Brasil, Ecuador, Bolivia y Argentina.

Luchas exitosas
Una de las maneras en que se ha defendido el territorio de la devastación provocada por los proyectos extractivos ha sido evitando elegir a los presidentes municipales por la vía de los partidos políticos.

Por el contrario, la elección de autoridades en asambleas celebradas con sustento en los usos y costumbres de las comunidades y pueblos, llevan al poder local a gobiernos que responden a quienes los eligieron desde abajo y no a quienes los imponen desde arriba, lo que ha permitido que la decisión comunitaria en rechazo del asentamiento de proyectos extractivitas, se respete.

Otro elemento que ha apuntalado a la resistencia comunitaria ante el despojo de sus bienes naturales y los efectos sociales del extractivismo, es la creación de policías comunitarias.

Estos son dos elementos que han permitido recuperar la gobernanza, que también se ha visto afectada por el incremento de la migración provocada por el abandono del campo en México, pues esto “desestructura organizativamente a las comunidades”.

Respecto del Convenio 169 de la OIT que refiere el derecho de las comunidades a ser consultadas respecto de si quieren o no que se asiente un proyecto extractivista en su territorio, el investigador de la UAM-Xochimilco dijo que “quienes preguntan tienen un poder político o económico”, ocasionalmente incluso los gobierno pretenden que sean las propias empresas quienes lo hagan, “hay una perversidad ya en la consulta”.

Por ello se está acudiendo a la prevención, esto, el realizar asambleas comunitarias antes de que lleguen las empresas o el gobierno a presionar a los pueblos y comunidades, de modo que éstas ya hayan definido de manera “participativa” el ordenamiento de su territorio, el qué y que no permitirán que ocurra con él.

En términos legales también el acudir a amparos ha sido otra manera de lucha, que más que otra cosa da tiempo, pues se habló de casos en que los jueces que han fallado a favor de las comunidades son removidos y sustituidos por otros afines a los intereses de las empresas.

Roberto Diego Quintana dijo que ante la realidad de un país que ha sido territorialmente concesionado, y más, sobre concesionado, porque la Secretaria de Economía ha sido tan descuidada que se traslapado estos permisos, “lo fundamental es la voluntad política y un gobierno nacionalista”, que trate de re enderezar lo que no está sucediendo como nación.

Alerta sobre “el progresismo extractivista” en AL

Con la ayuda de una serie de mapas, Pavel Camilo López Flores, investigador en el posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad de la Universidad Mayor de San Andrés (CIES-UMSA Bolivia) expuso cómo las 26 Áreas Naturales Protegidas (así consideradas por los últimos 50 años), se traslapan actualmente con las zonas donde el gobierno de Evo Morales ha permitido el asentamiento de proyectos extractivistas, algunos de “envergadura” que implican concesiones por 200 años, como el que refiere a la segunda reserva mundial de litio.

Estas mismas zonas coinciden con los 303 territorios de propiedad colectiva de pueblos indígenas, y son a la vez las áreas con el mayor índice porcentual de pobreza del país sudamericano.

La economía boliviana sustenta sus ingresos en un 90 por ciento en las exportaciones de materias primas, carbón, hidrocarburos, minerales, que implican un 65 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), informó.

En la última década se ha incrementado la explotación y del despojo de las comunidades indígenas.

Aunque el argumento desde el discurso oficial “supuestamente de izquierda” se exprese contra el capitalismo norteamericano se ha abierto el país a los capitales chinos en el contexto de un reacomodo geopolítico del sistema hegemónico mundial; en este momento el país asiático concentra más del 60 por ciento de las concesiones extractivistas en Bolivia.

Así “el periodo progresista” ha jugado un rol en las nuevas formas de acumulación por desposesión que han tenido como núcleo a países como Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil, expuso Pavel Camilo López.

En Bolivia el proceso se ha recrudecido en los últimos cuatro años al hacerse modificaciones legales, entre otras, la emisión de la denominada Ley de la Madre Tierra (2012) y un decreto del 2015 que abre posibilidad de la explotación extractiva dentro de las ANP bolivianas.

El investigador llamó a esto “desconstitucionalizar la Constitución”, pues la carta magna de aquel país nacida el 2009 amén de un “ciclo rebelde” que significó un nuevo pacto social con un componente transformador, el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra y El buen vivir, empezó a desmontarse ya desde el año 2010.

Organización social contra el extractivismo

Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), organización que se integra a las más de 90 que aglutina el Movimiento Mesoamericano contra el Extractivo Minero (Movimiento M4) y que ya implican territorialmente el activismo desde el Perú hasta Canadá, abordó el tema de las estrategias mediante las cuales están luchando contra el fenómeno del despojo.

Refrendó la postura de Roberto Diego Quintana al señalar que ya “dejaron de creer en las consultas” como las plantea el Convenio 169 de la OIT; ante ello el reto ha sido recuperar las asambleas comunitarias, “recuperar el diálogo”.

Aquí acotó que si fuera la pobreza en los pueblos y comunidades de México la que condicionara el que estos permitan el asentamiento de los proyectos extractivos, ya se habrían dejado vencer, pero la dignidad y la información hacen el cambio.

Al respecto refirió componentes ideológicos, políticos, éticos y socioculturales que inciden a la hora de tomar decisiones por parte de las comunidades, todos que están siendo abordados por la organización para apuntalar su resistencia.

Refirió también a la lucha como desgastante y por tanto, la necesidad de elegir los escenarios en los que se incide.

En este sentido mencionó que para obtener una concesión las empresas mineras necesitan obtener 28 permisos por lo que debe centrarse la atención en los que se refieren a la competencia de las demarcaciones municipales y los pueblos, que son dos, lo que significa centrarse en la resistencia en el ámbito más local, la defensa del territorio que se habita.

La resistencia desde las comunidades y el acompañamiento que hacen organizaciones como REMA o el Movimiento M4, también ha significado una escalada de la criminalización de los activistas, que ha implicado su encarcelamiento.

No obstante, se ha logrado que muchos de los territorios se definan “libres de minería”, por lo que una las estrategias es fortalecer los procesos de autodeterminación de las comunidades.

Mijangos Leal también destacó el que la Universidad Autónoma de Zacatecas sea quien por primera vez como institución de educación superior le dé voz “a un tema complicado”. Pues dijo, la academia ya ha sido objeto de incidencia por parte de las grandes empresas extractivas de modo que su intervención en los conflictos que involucran a quienes ocasionalmente fondean proyectos de investigación, ya genera incertidumbre.

El panel se realizó en el contexto de celebración de las Jornadas Internacionales sobre Extractivismo Minero, Recursos Naturales y Disputas Territoriales convocado por la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de su Unidad Académica de Economía (Cuerpo Académico de Economía Regional).

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