En el ambiente universitario flota la pregunta ¿de qué forma la crisis financiera actual de la UAZ marcará su futuro? Definitivamente, el gobierno que concluye su administración este año va a dejar muy mal a las universidades públicas. El Estado mexicano, con su negativa a proporcionar los recursos financieros necesarios a las instituciones de educación pública superior ha generado el peligro de quiebra de algunas, entre ellas: la UMSNH, la UAEM, la UAN, la UABJO y UAZ.
En reciente visita a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el director del Instituto de Investigaciones, Axel Didriksson, habló sobre la Universidad y la Educación de la UNAM; señaló que la falta de una política federal para atender los problemas de las instituciones de educación superior explica en buena medida la casi quiebra de varias universidades públicas.
Al respecto, específicamente la administración de la UAZ encabezada por el rector Antonio Guzmán Fernández, ha gestionado recursos ante las autoridades pertinentes y ha implementado medidas de austeridad financiera. A pesar de ello la Secretaría de Educación Pública asegura que no cuenta con recursos extraordinarios para rescatar a las universidades en quiebra. En estas decisiones interviene el determinante factor político.
Recordemos que en el ayer, ya con las medidas económicas neoliberales en marcha, concretamente en 1990, se anunció la privatización del sistema nacional bancario. Más tarde tales bancos quebraron y el gobierno los rescató gastando dos o tres veces más de lo que recibió por la venta, tal fue el caso Fobaproa.
En octubre pasado, cuando los cinco rectores de las universidades mencionadas gestionaban recursos financieros para cubrir la nómina del mes, el Banco de México anunció que usaría 4 mil millones de dólares (casi 80 mil millones de pesos) de las reservas del país para favorecer a los grandes capitales financieros que estaban especulando con el tipo de cambio del peso mexicano. Sin embargo, para rescatar a las universidades no hay dinero. Lo destinado a la UAZ −trabajando para revertir situaciones de exclusión, pobreza y desigualdad, y mejorar la excelencia académica− se gastó en infraestructura y en incrementar la matrícula, crear nuevas carreras y atender las pensiones y otras prestaciones laborales, mismas que en su momento fueron conocidas y consentidas por las autoridades.
Esta crisis, propiciada por el mismo gobierno, obviamente tiene por finalidad privatizar gradualmente la educación. Al respecto, retomo algunos de los conceptos de Manuel Gil Antón, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, especializado en Educación superior.
Palabras más o menos, señala que el Congreso de la Unión debe establecer de una vez por todas que la educación superior impartida por el Estado mexicano sea gratuita, tal como lo dispone el Artículo Tercero Constitucional, a fin de eliminar las cuotas exigidas en las universidades públicas.
Por falta de financiamiento gubernamental, los consejos universitarios buscan formas emergentes de subsanar tal carencia cobrando cuotas por los servicios escolares, lo que convierte a las universidades públicas en semiprivadas. Tales cuotas se visualizan como legales. La discrecionalidad del cobro es parte del esquema estatal semiprivatizado, hecho que está convirtiendo a algunas de ellas en elitistas al excluir a los aspirantes que no pueden pagar.
De hecho, no hay educación superior en México totalmente gratuita.
¿Casos? Veamos tan solo los costos de inscripciones: en la UANL fluctúa de los 2 mil 485 a 2 mil 705 pesos. En la UAQ es de mil 500 pesos. En la UASLP dependiendo de la carrera la inscripción tiene un costo anual de 3 mil 700 a 6 mil 200 pesos. En la de Durango la colegiatura anual de la carrera de Medicina es de 20 mil pesos.
Otra consecuencia de la insuficiencia financiera estatal es la cantidad de jóvenes que no son admitidos. Por mencionar un solo ejemplo en la UNAM, en el ciclo 2015-2016 para ingresar al ciclo de licenciatura, de 128 mil 519 aspirantes solamente fueron seleccionados 11 mil 490, esto es, el 8.9 por ciento.
Siguiendo a Gil Antón, esto es una privatización de facto, porque las reducciones presupuestales obligan a las universidades a limitar el crecimiento de su matrícula y a cobrar cuotas dirigiendo así la demanda hacia opciones de educación privada.
En la búsqueda de unidad interna, la UAZ continúa la lucha por mantener su integridad.
Así se observa el mundo desde El Mirador de Heródoto.
*Cronista de la UAZ
[email protected]
cró[email protected]
