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viernes, 29 marzo, 2024
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La ciencia y la tecnología en México: producción académica en los estantes de las bibliotecas universitarias

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Por: IRIS JUAREZ •

Entrado ya el segundo mes de 2018 es inevitable retroceder a lo que el 2017 nos dejó, el escenario es poco alentador. Sin embargo, como cada seis años, el primer domingo del mes de julio la democracia se pone en práctica, se respira en las calles, un poco como si las urnas fueran la única manera de ejercerla. En las elecciones de 2012, mientras se elegía presidente para México, España resultó campeona de la Euro Copa de fútbol, dato irrelevante, casi como el aparador de producción académica en este país, cabe aclarar, no porque sea poco importante, en todo caso, por la mala gestión de la ciencia y tecnología en México. En los primero meses del año pasado, una de las promesas de campaña del ahora Presidente Enrique Peña Nieto se desdibujó con el recorte del 23% al Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que significó 7 millones de pesos menos en relación con el ejercicio fiscal del año anterior, que nada tienen que ver con el 1% de incremento, que comprometió para la ciencia y la tecnología, que proyectaba para el fin de su mandato. Así, México no sólo se enfrenta al hecho de que es el país que menos PIB destina al rubro, con respecto a otras naciones que integran Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues únicamente consigna el 2.39% del PIB. Presupuesto que sirve para gestionar proyectos, centros de investigación, y formación de capital humano, por tanto, es evidente que no es suficiente.
Y partiendo de la posibilidad hipotética de hallarme frente al Dr. Enrique Cabrero Mendoza (Director del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología), yo le preguntaría: ¿qué pasa con los estudiantes egresados de los programas del PNPC (Padrón Nacional de Posgrados de Calidad) y su producción académicas (tesis)? Seguramente nombrará algunos casos sobresalientes, pero yo me refiero al grosso de la población becada por CONACyT, jóvenes sobrecualificados con grados y sin empleo. Es imposible negar la crisis económica-administrativa por la reducción de presupuesto para ciencia y tecnología, pues éstas representan un patrimonio indispensable en el desarrollo de México. No obstante, otro problema al que se enfrenta CONACYT es: ¿qué están haciendo con la producción académica de los exbecados y qué posibilidad tienen estos de insertarse a la vida académica laboralmente?, pues las miles de tesis en bibliotecas de centros de investigación y universidades, son poco leídas, poco consultadas por gente que no pertenezca a la academia. En consecuencia, hay un serio inconveniente sobre el uso del conocimiento producido y graves consecuencias por la poca generación de espacios laborales para los miles de egresados de posgrados. Tan sólo en el Estado de Zacatecas, donde se muestra un altos índice de migración y un porcentaje de pobreza de 45.4, del cual, el 3.5 vive en pobreza extrema (2015), no hay resonancia entre las investigaciones producidas por la UAZ o por zacatecanos estudiando fuera del Estado, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, uno de los conflictos focalizados por la opinión pública, el gobierno y la ciudadanía es el caso Salaverna, una comunidad desplazada por la megamineria, el proyecto de mina a cielo abierto de Frisco-Tayahua, donde un grupo de familias sigue en resistencia. Y al respecto se ha escrito e investigado, incluso filmado, pero qué impacto tuvo ese conocimiento en la resolución o por lo menos la visibilizarían del conflicto. No mucho, y es por esto que algunos activistas remarcan que la academia se ha convertido en convenciones y congresos donde expertos van a ser escuchados por expertos, y el diálogo pragmático nunca aparece en los salones de conferencia. Contrario a lo anterior, Rodríguez Navarro (2017), exestudiante becada por CONACYT afirma, sobre el caso Salaverna en su tesis de maestría que “el conflicto entre los posesionarios de Salaverna y la minera Frisco-Tayahua, es un caso particular de un conflicto de escala mayor, es decir internacional, entre el capital y la comunidad [el estudio propone como hipótesis] 1) es poco probable que un movimiento social contra el despojo extractivista logre sus objetivos, pues las propiedades de la acumulación de capital le permiten a éste un poder desproporcionado frente a quienes lo resisten, y; 2) no se ha despojado a los habitantes de Salaverna porque, en el marco de los intereses de la minera, el grupo de resistencia no significa una amenaza”. Se entiende que el Estado como institución es un mediador y administrador de los intereses de la ciudadanía, lo que obliga a pensar que cualquiera de las medidas o acciones para arbitrar entre la comunidad y la empresa deben regularse mediante estudios serios y minuciosos del territorio en disputa, situación que dista de la realidad. El texto de Rodríguez me invita a la reflexión crítica, a pensar el documento desde la realidad social y me fuerzan a cavilar acerca del uso que se le da a la producción académica, auspiciada y gestionada por el Estado Mexicano. Entonces, lanzo algunas de preguntas: ¿hay un puente entre conocimiento y ciudadanía?, ¿el conocimiento está escrito o trasladado gramaticalmente para la divulgación? Y, ¿qué necesita CONACYT para que la crisis sólo radique en la rebaja de recursos y no en la poca agencia que tienen los científicos y académicos formados por los programas el PNPC en la calidad de vida de la gente? El objetivo de la producción científica y tecnológica debe convertirse, de inmediato, en una manera de que el conocimiento sirva a la población, no para que todos se conviertan en doctos, sino para que todos nos beneficiemos del conocimiento producido. ■

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