■ Hay falta de transparencia en cuanto a los criterios
■ Nuevos magistrados juzgarán los casos de corrupción que se presenten en el estado
■ Una de las papeletas que fueron emitidas por los diputados decía, “vendidos corruptos”
■ Desde hace días, la Coparmex advirtió de las irregularidades que se registraron
Tras un proceso señalado por su opacidad, por la falta de transparencia en cuanto a los criterios y la metodología usada, este jueves fueron designados los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que es el órgano del Sistema Estatal Anticorrupción que se encargará de juzgar los casos de corrupción que se presenten en el estado.
Los elegidos para ocupar estos puestos fueron Raquel Velasco Macías para un periodo de tres años, Uriel Márquez Cristerna para cinco años y Gabriel Sandoval Lara por un lapso de siete años.
La primera fue votada por 25 diputados de los 30 que estaban presentes en la sesión, a Márquez Cristerna lo eligieron 22 y el tercero de ellos fue designado con el respaldo de 21 legisladores.
En esta última votación, para elegir al magistrado que permanecerá más años en el cargo, una de las papeletas emitidas por los diputados rezaba “vendidos corruptos”. Ya desde ese momento se mostró inconformidad por el nombramiento de estos funcionarios.
Sin embargo, desde la semana pasada la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Zacatecas comenzó a hacer una serie de advertencias acerca de la opacidad en la que se estaba llevando a cabo el proceso de designación de los magistrados de este órgano del Sistema Estatal Anticorrupción.
La demanda que se hizo, y que se ha mantenido vigente durante los últimos días, fue la de exigir a los diputados locales que transparentaran los criterios “medibles” que estaban utilizando para descartar a algunos de los aspirantes y mantener a otros, entre ellos a los tres que fueron finalmente elegidos.
No obstante, la 62 Legislatura no dio respuesta a esta solicitud que, según ha destacado Coparmex en el estado, no era únicamente una exigencia de este organismo empresarial, sino de la sociedad que busca acabar con la opacidad.
Estos señalamientos fueron retomados por varios diputados en la parte de asuntos generales de la sesión, una vez que se decidieron los nombramientos definitivos.
El primero en subir a tribuna fue Omar Carrera Pérez, quien recalcó que el TJA “será la columna vertebral para que se erradique la corrupción y la impunidad” y criticó que dos de los designados, Raquel Velasco Macías y Uriel Márquez Cristerna, no cumplían con requisitos de elegibilidad como los de gozar de buena reputación y no haber cometido delitos o actos que lastimaran su buena fama.
De esta forma, concluyó, los magistrados “carecerían de calidad moral” para juzgar los hechos que serán de su competencia.
De Raquel Velasco expuso que fue esta misma 62 Legislatura la que aprobó un fincamiento de responsabilidades administrativas por irregularidades detectadas en la cuenta pública 2015 cuando se desempeñaba como comisionada presidenta del IZAI. Sentenció que la ahora magistrada nunca solventó estas observaciones.
Mientras tanto, denunció la existencia de un conflicto de interés en el nombramiento de Uriel Márquez Cristerna, ya que es primo del gobernador Alejandro Tello Cristerna y el mandatario estatal intervino en el proceso de elección.
Ante esto, puntualizó, “la designación en el tribunal, seamos honestos, no preserva los principios de certeza, imparcialidad e independencia, y pone en riesgo una parte medular del Sistema Estatal Anticorrupción”.
La diputada Geovanna Bañuelos comenzó su intervención pidiendo una disculpa pública a los ciudadanos “que confían en la autonomía de este poder, a los 42 aspirantes a magistrados del tribunal que vinieron, participaron en la convocatoria, entregaron sus expedientes y documentos, estuvieron compareciendo con la esperanza e ilusión de que fuera un proceso abierto, transparente, democrático”.
No obstante, sostuvo que este procedimiento no se llevó a cabo de esta manera sino que “este acto fue uno más, de los muchos que lamentablemente nos distinguen, en el que no se tiene una libertad para poder expresar su voto, (…) en el que queda expuesta la vulnerabilidad, el sometimiento de un poder respecto a otro. Es suficiente un mensaje y una llamada para que todos los méritos que pudieran haber tenido (los aspirantes) o no sean cuestión de segundo término”.
En este sentido, el diputado Luis Medina Lizalde apuntó que la coincidencia que se tuvo en este proceso fue la de determinar que todos los candidatos eran “legítimos aspirantes”; sin embargo, aseguró que lo que se está cuestionando es la ausencia de autonomía del Poder Legislativo respecto al Ejecutivo.
Por su parte, el legislador Le Roy Barragán Ocampo indicó que las 15 personas que quedaron en la etapa final del proceso “tenían los suficientes méritos” y expuso que “fue un procedimiento apegado a derecho, responsable y considero que (los magistrados) van a hacer un buen trabajo”.
