Dentro del paradigma del desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la seguridad ciudadana se concibe como una condición necesaria para el desarrollo humano de las personas, y es valorada como un bien público cuya provisión es una responsabilidad principal del Estado. La seguridad ciudadana va de la mano de la construcción de instituciones y formas de convivencia democráticas que permitan proteger de manera efectiva y con apego a los derechos humanos la integridad física y material de las personas. En ese paradigma se asume que la inseguridad es un fenómeno multicausal, y que cuatro conjuntos de variables permiten explicar las vulnerabilidades frente al delito y la violencia: 1. la estructura económica que ha condicionado un crecimiento económico sin calidad y centrado en el consumo, una movilidad social insuficiente, generando incluso un “delito aspiracional”; 2. los cambios en las instituciones sociales, como el aumento de las familias monoparentales, la alta deserción escolar y el crecimiento urbano acelerado; 3. los facilitadores -armas, alcohol y drogas-, y 4. la falta de capacidades institucionales del Estado nacional, especialmente en materia de procuración de justicia.
Aunque la sociedad manifiesta con frecuencia su indignación frente al incremento de los asesinatos y los secuestros, las amenazas a la seguridad ciudadana son varias: el delito callejero, la delincuencia organizada, la violencia ejercida por y en contra de los jóvenes, la violencia de género, la violencia ilegal por parte de actores estatales y la corrupción. No todo lo que ocurre en esta materia se explica por la acción del crimen organizado trasnacional: éste opera en un contexto complejo de delito y violencia locales, que ocurren tanto en ámbitos privados como en el ámbito público. Es la interacción entre estas amenazas lo que permite explicar el deterioro de la seguridad en el país y el surgimiento de espirales de violencia en algunas ciudades y territorios regionales que impactan en al menos tres dimensiones del desarrollo humano: a la persona, al tejido social y a las instituciones democráticas.
A estas alturas de la guerra contra el narcotráfico, es evidente que la política de mano dura ha fracasado y que se requieren importantes reformas a las instituciones básicas de la cadena de justicia: policía, jueces, ministerio público y cárceles. Pero, sobre todo, se requiere hacer más esfuerzos en la prevención y redoblar esfuerzos de coordinación intersectorial para hacer de la prevención un componente integral de las políticas de seguridad ciudadana, con el fin de asegurar su efectividad y legitimidad y que sean, además, respetuosas de los derechos humanos.
Es importante que las autoridades se convenzan de que la inseguridad sí puede remediarse, y que los jóvenes, en particular los hombres jóvenes en condiciones de exclusión y baja movilidad social se han convertido en el grupo más afectado por los altos niveles de violencia letal que caracterizan a la región. Las mujeres por su parte, tanto niñas como adultas, enfrentan amenazas a su integridad física, emocional y material, que suelen ser invisibilizadas y que demandan la acción urgente por parte del Estado para ser prevenidas y sancionadas de manera efectiva. Por ello, las necesidades y las demandas específicas de los jóvenes y de las mujeres en el ámbito de la seguridad ciudadana deben de tener prioridad.
