En 2014 Oxfam hace un informe titulado “GOBERNAR PARA LAS ÉLITES, Secuestro democrático y desigualdad económica”. Y entre las cosas que afirma, a parte de las cifras y la evidencia empírica que muestra, está lo siguiente: “La desigualdad económica extrema y el secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites son interdependientes. La falta de control en las instituciones políticas produce su debilitamiento, y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites económicas en detrimento de la ciudadanía de a pie (…) Cuando la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas gubernamentales secuestrándolas, las leyes tienden a favorecer a los ricos, incluso a costa de todos los demás. El resultado es la erosión de la gobernanza democrática, la destrucción de la cohesión social y la desaparición de la igualdad de oportunidades”.
A partir del 2012, aumentan considerablemente las investigaciones en México sobre los llamados “poderes fácticos”. Algunas de las personalidades de la sociología nacional que dedicaban su tiempo a investigar las nuevas formas de acción de la sociedad civil y los movimientos sociales, giraron sus pesquisas teóricas y empíricas al tema de los poderes económicos que han secuestrado al Estado en México, y que explica la agudización de la situación de crisis continua, como los niveles nulos de crecimiento económico, la desigualdad, la pobreza y las patologías sociales asociadas a la privación de cohesión social y otras por la ocupación del Estado a la que nos referimos. Las grandes ligas de la corrupción también tienen esta misma causa: la alianza de las grandes empresas con los funcionarios gubernamentales (un ramillete gordo de gobernadores y el propio Presidente de la República) es la espiral de monumental corrupción que se ha mostrado en los último años. Los desastres ambientales son del mismo caso, especialmente con las empresas mineras y madereras. Así las cosas, el tema de ofrecer alternativas a la gobernabilidad democrática que aminore este problema, toma absoluta prioridad en la agenda de medidas de política pública en el país. En este contexto, propuestas de ascenso de fuerzas de corte populistas o de la llamada política plebeya se hace de lo más urgente, porque es la flecha que da en el punto causal de los grandes males nacionales. Cambiar la correlación de fuerzas (clasistas) al interior del Estado debe ser el criterio angular para tomar decisiones políticas.
El Estado, en tanto Comunidad Política, cuando es invadida de la manera en que lo describe Oxfam, deja en la orfandad a la sociedad, porque no hay ninguna forma de control de esos poderes y, por el otro lado, las estructuras encargadas de garantizar derechos (como las instituciones educativas o sanitarias) son debilitadas al grado que se hacen inoperantes ante los complejos problemas sociales que padecemos. Hoy se impone la necesidad de repensar el sentido de la estatalidad en México. El Estado tiene cinco monopolios, y cuando está ocupado por los poderes fácticos, los cinco se trastocan: la hacienda pública que no cobra impuestos al capital, la producción de leyes que desprotegen abiertamente a los trabajadores y les impiden la organización avaladas en las cámaras legislativas, y un gobierno en manos de los mega-ricos para todas las medidas de programas públicos que se ofrecen, desde un fondo para el campo por demás regresivo, la política monetaria restrictiva y hasta el desfondamiento del mercado interno. Las cinco funciones monopólicas del Estado cohesionan a la sociedad, cuando esas funciones están secuestradas las consecuencias sociales son enormes: fragmentación y segmentación social. Ahora mismo padecemos un infierno en el tema de la seguridad y violencia en México, el cual es consecuencia del rompimiento de la cohesión social en todos los niveles, el cual se expresa en múltiples patologías, sobre todo en los sectores juveniles de la población. En pocas palabras: el secuestro del Estado trae como consecuencia una población sin sociedad.
Así las cosas, está claro que la punta de la solución es política: la recuperación del Estado de esos poderes fácticos. Lo cual pasa por dos procesos simultáneos: una invasión popular en los procesos e instituciones electorales, actualmente operados por burocracias partidarias que son manejados por las élites económicas; y la participación organizada de sectores de la población que habían sido ajenos a las luchas del poder, que se habían mantenido en los márgenes de la participación social y comunitaria. En el lenguaje de las geometrías políticas, los primeros son las llamadas izquierdas político-electorales; y los segundos, los nombrados ‘sociedad civil de abajo’. Si emergieran ambas, tendríamos una verdadera revuelta plebeya en México. Y eso es sinónimo de esperanza. Que los pueblos indios decidan articular una lucha política, y que un partido como Morena ascienda en las preferencias electorales, puede ser un síntoma de este asunto. Ambos atacan dos capas de la temporalidad política: la participación de los pueblos indígenas y lo que se aglutina alrededor de ellos generan la posibilidad de constituir un ‘nuevo sentido común’, el cual tiene consecuencias de más largo plazo; y la posibilidad de crear una opción electoral de izquierda (de corte socialdemócrata), atiende las urgencias políticas inmediatas. Ambos son importantes. Si logran fortalecerse frente a los partidos o grupos políticos que obedecen a los poderes fácticos, estaremos creando las condiciones de posibilidad de cambiar la correlación al interior del Estado que, a su vez, atienda realmente los grandes problemas nacionales.
