Un Estado capturado por poderes fácticos y organizaciones criminales ha traído como consecuencia la violación demoledora de los derechos humanos. Y los más afectados son activistas sociales y periodistas. Los casos de los activistas ecologistas en Guerrero son ejemplo de ello, comuneros agredidos por la afectación de intereses en torno a la explotación de la madera. En este mismo contexto están las agresiones a los pueblos indios que son fuertemente hostigados por acaparadores de tierra ligados a negocios que, a su vez, están vinculados a políticos. En este suceso los comunicadores más agredidos son las radios comunitarias. El caso paradigmático de Radio Huayacocotla y los campesinos de Amaxac en el norte de Veracruz en su lucha contra caciques, políticos y delincuentes, representa a decenas de casos que podemos observar en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Activistas y comunicadores han sido arrestados, encarcelados, amenazados y muertos por gobiernos coludidos y un Estado capturado.
La matanza en Acteal, que a lo largo de los años ha quedado en la total impunidad, es otro ejemplo del tipo de agresión, no sólo contra activistas o comunicadores, sino contra pueblos enteros. El gobierno coludido con los intereses más negros y convertido en criminal: promotor de paramilitares que agreden a bases de apoyo de las organizaciones populares. La organización popular es vista como una amenaza a los intereses de políticos convertidos en caciques regionales.
En el norte del país observamos el dominio de los carteles de la droga sobre los territorios. Y lo mismo: connivencia con los gobiernos estatales y municipales en sus operaciones. En el extremadamente lucrativo negocio de las drogas, los poderes públicos se han visto enredados, y a políticos los hemos visto enriquecerse como príncipes otomanos. En este contexto los periodistas que transparentan las actividades de estos grupos organizados son los enemigos que resultan eliminados. No es gratuito que México sea uno de los países donde es más peligroso ser periodista de investigación, crítico e independiente. Y también el país donde es muy lucrativo ser comunicador lacayo del poder.
En suma, el caso de Ayotzinapa es altamente significativo porque representa a todos. Autoridades, fuerzas del orden y organizaciones criminales coludidos, investigaciones amañadas, estudiantes (como representantes del saber y el activismo social) agredidos de muerte, y al final, una justicia opaca e impune. Opinión pública burlada. Derechos humanos disueltos como estatuas de sal frente a una tormenta. El Gobierno Federal, el estatal y los municipales, aun siendo de diferentes partitos, se sincronizaron para enterrar la justicia. Las investigaciones que ocultan la verdad. El poder público utilizado para expoliar a los pueblos y favorecer a los intereses privados que, en estos casos, son impresentables y manchados de sangre. México es un charco de sangre inocente a manos de intereses apoderados de los gobiernos. En ese sentido, el mexicano ha sido un Estado homicida. Sólo cambiará con la movilización organizada de la gente.
