Hemos visto a varias universidades del país en casos de corrupción con un mismo esquema de operación. Y ese formato bajo el cual ocurren las irregularidades indica que algunos actores universitarios son atrapados por redes de corrupción que vienen de arriba, desde operadores en gobierno federal. Programas que requieren de concurrencia de grupos especializados y, además, aprovechando que en muchas de las reglas de operación la participación de las universidades no requiere concurso, sino pueden hacerse asignaciones directas. En el país se han conformado grupos de expertos en manejo de recursos federales que aprovechan su expertiz para sacar ventajas absolutas y enriquecerse. Otra área de interés en la cual se ven involucradas universidades con estos grupos de ‘bajadores de dinero federal’ es el caso del acceso de bolsas extraordinarias a sus presupuestos; ante el ahogo financiero es fácil que los responsables institucionales caigan en sus manos. En estos casos, los ‘bajadores’ se llevan del 10 o hasta el 20 por ciento del monto conseguido. Sumas enormes. En el caso de proyectos donde las instituciones educativas venden servicios especializados se vieron también invadidos por grupos de este tipo. Los equipos de ‘bajadores de recursos’ son constituidos por funcionarios o ex funcionarios públicos que conocen con detalle no sólo los requisitos o procedimientos, sino que tienen los contactos para realizar sus operaciones con éxito. Esto es, es una manera de aprovechar en forma privada sus conocimientos y capital social que adquirieron como funcionarios públicos.
El análisis del ‘modus operandi’ es esencial para que las Auditorías de la federación y de los estados, junto con las secretarías de la función pública hagan recomendaciones en la modificación de las reglas de operación y en los procedimientos de asignación de recursos para inhibir este tipo de esquemas de apropiación privada de recursos públicos. Es una carrera que la llevan ganada los bandidos. Sin embargo, un dato esencial en los casos que se han conocido por reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es que cuando pasan a la Procuraduría se empantanan y no prosperan los juicios sobre estos. O también los casos investigados se liberan en el proceso de ‘solventación de observaciones’. Y la conducta de la Procuraduría se debe a instrucciones desde los mandos de peso en las Secretarías de Estado. Esto es, las redes de complicidad surten efecto.
Lo cierto es que los efectos de la corrupción ya son intolerables. La vigilancia desde las propias instituciones de educación superior (IES) debe comprometerse. Y si no hay instancias de vigilancia en las IES y el compromiso de sus comunidades con la transparencia y la rendición de cuentas, no hay forma que desde el propio Estado se remedie este problema. En suma, se necesita que la Función Pública y los órganos de vigilancia del Estado modifiquen sus procedimientos, pero también que las universidades se comprometan con la limpieza en el uso de los recursos que son de todos. Y en los casos de corrupción documentados no hubo medidas de limpieza por parte de las universidades involucradas. Ahí está una tarea para las IES.
