Omisiones graves en investigaciones, entre deficiencias de la justicia para las mujeres

Omisiones graves en investigaciones, entre  deficiencias de la justicia para las mujeres
Se busca el respeto pleno a los derechos de las zacatecanas n foto: Andrés Sánchez
  • Rezago en judicialización de casos, escasez de albergues y refugios, otros señalamientos

En tres años, 101 mujeres desaparecidas, 375 violaciones, mil 772 casos de violencia intrafamiliar y un incremento exponencial de las investigaciones de feminicidios en el estado.

La gravedad de estas cifras contrasta con la eficacia de la procuración de justicia para las mujeres por parte de las autoridades, que presentan deficiencias desde la recepción de las denuncias, pasando por las medidas de protección a las víctimas, hasta las sanciones y la reparación del daño de las zacatecanas.

Ausencia de información exacta sobre los delitos cometidos en contra de las mujeres, insuficiente personal y capacitación, así como escasez de albergues y refugios, falta de trabajo y omisiones graves en las investigaciones y rezago en la judicialización de los casos.

Estos son sólo algunos de los señalamientos que hizo el grupo de trabajo que analizó la situación en el estado durante el proceso de activación de Alerta de Género al gobierno de la entidad, junto con las recomendaciones ya anunciadas por las autoridades gubernamentales.

La semana pasada, las autoridades presentaron las nueve recomendaciones que realizó el grupo de análisis que trabajó en Zacatecas para hacer el diagnóstico de la situación que se atraviesa en la materia.

Sin embargo, los detalles no fueron abordados en la conferencia, sino que se encuentran en el informe publicado en la página de Internet del Conavim.

En el documento elaborado por los expertos, se expone que del análisis se concluye que “las mujeres en Zacatecas enfrentan condiciones sociales y culturales adversas, principalmente para ciertos sectores de la población, enmarcadas en un contexto complejo de prácticas culturales que las coloca en una situación de alta vulnerabilidad, (…) lo que contribuye a que se generen condiciones idóneas para producir y reproducir la violencia contra las mismas”.

Antes de emitir las nueve recomendaciones, el grupo de expertos elaboró un listado de las obligaciones del Estado para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y, en cada apartado, señalar las deficiencias encontradas.

 

Violencia institucional contra las mujeres

La primera de ellas es la obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres, que significa “no obstaculizar, interferir o impedir su goce”. En este sentido, se recuerda que las organizaciones que hicieron la solicitud de alerta sostuvieron que las mujeres violentadas no denuncian ante la falta de capacitación y sensibilización de las autoridades, lo que conlleva una atención con prejuicios.

Este hecho fue corroborado por los especialistas, quienes señalaron que estas conductas de revictimización y mal trato se dan principalmente en los municipios, ya que algunos servidores públicos “reproducen estereotipos que contribuyen a la perpetuación de la violencia ejercida en contra de las mujeres en el estado”, además de que se les incentiva a las víctimas a no interponer la denuncia y, por el contrario, tratar de conciliar con los agresores.

Agregan que es preocupante que no todos los casos sean canalizados al Ministerio Público con el argumento de que “esto sólo aplica cuando presentan signos considerables de violencia debido a que, según se mencionó, las víctimas han tenido ‘experiencias negativas’ en el MP, ya que no son atendidas si las lesiones no son visibles, o bien las conminan a no denunciar y/o conciliar”.

En este apartado, por tanto, se precisa que cuando la violencia en contra de las mujeres se da por parte de autoridades estatales implica una violación a sus derechos humanos y, a juicio de los especialistas que realizaron el diagnóstico, esta situación constituye “violencia institucional”.

La segunda obligación del estado es la de garantizar los derechos humanos de las mujeres y, dentro de ella, se encuentran las responsabilidades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones.

En cuanto a la prevención, el grupo de trabajo sostiene que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en 2016 únicamente sesionó dos veces cuando debería haberlo hecho en tres ocasiones, por lo que “resulta un incumplimiento a su legislación”.

Ante esto, los especialistas apuntan: “el grupo desea recordar al estado la importancia de que dicho Sistema opere de manera periódica, sea presidido por el gobernador del estado, y en él se articule, coordine y dé seguimiento a la política pública estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Respecto a la obligación de investigar este tipo de delitos, se señala que aunque se pidan medidas de protección en los casos de violencia contra las mujeres no se les da un seguimiento adecuado y “tampoco se advierte que exista eficacia en las medidas que reportó tener el estado como protección a las

 

Impunidad perpetúa la violencia

En este apartado se mencionan los datos de homicidios y feminicidios en Zacatecas. De 2013 a 2017 se reportaron 146 homicidios contra mujeres en los municipios de Calera, Fresnillo, Guadalupe, Juan Aldama, Jerez, Pánuco, Río Grande Tlaltenango, Trancoso, Valparaíso, Veta Grande, Villanueva y Zacatecas.

También se habla de 28 feminicidios, advirtiendo un aumento exponencial en 2016, cuando hubo 18 carpetas de investigación, frente a las 3 del año anterior. De este total, únicamente se registran dos sentencias condenatorias.

Esta cifra que tiene que ver con las sanciones se expone para después indicar que “el grupo de trabajo desea reiterar al estado de Zacatecas que está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la perpetuación de la violencia ejercida en contra de las mujeres”.

Los municipios que se incluyen en el análisis sobre una posible declaratoria de alerta son Calera, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Jalpa, Juan Aldama, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Sombrerete y Zacatecas.

Desde que recibieron las recomendaciones, el gobierno del estado tiene un plazo de seis meses para subsanar las deficiencias encontradas o, de lo contrario, será declarada la Alerta de Violencia de Género en la entidad.

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