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jueves, 28 marzo, 2024
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Se unen diversas organizaciones sociales para manifestarse contra el gasolinazo

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Por: ALMA RÍOS • admin-zenda • Admin •

■ Convocan a marcha masiva el sábado 7 de enero, en la máquina 30 30

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■ El aumento al salario mínimo no va a alcanzar, advierten en conferencia

Organizaciones sociales ofrecieron una conferencia de prensa en el Mercado González Ortega, para manifestar su decisión de sumarse a las convocatorias que a nivel nacional se están realizando en contra del gasolinazo.

Entre las manifestantes se encuentran el Frente de Estudiantes Zacatecanos Unidos (FEZU), El Barzón, el Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), la Unión de Trabajadores Agropecuarios (UNTA), el Magisterio Democrático, el Movimiento Mayo 29, el Sindicato de la UTEZ y el correspondiente de Telesecundarias, la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados, Ex Braceros en Lucha AC y Unión de Colonias Agropecuarias del Estado de Zacatecas.

“De manera conjunta estamos convocando a la ciudadanía para reunirnos el próximo sábado 7 de enero en la máquina 30 30 en la ex estación de ferrocarril de la ciudad de Zacatecas –a las 9:30 de la mañana- para iniciar una movilización multitudinaria”, dijo Efraín Arteaga Domínguez.

El dirigente estatal de la Unión de Trabajadores Agropecuarios (UNTA) y de la organización Ex Braceros en Lucha AC, dijo que ofende a la gente que el gobierno haya tomado la decisión de incrementar los precios de los combustibles “en una medida que quizá promedie un 20 por ciento, de manera así brutal, cuando el incremento que se aplicó al salario mínimo prácticamente ya fue absorbido por la elevación de precios de los productos de la canasta básica”.

Esto agravia sobre todo, dijo, cuando no se observa ninguna política del Gobierno Federal encaminada “a por lo menos” disminuir los privilegios de la alta burocracia del país. Esto es, los salarios y “fastuosas” prestaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ni de los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por otro lado observó que el mismo gobierno ha reconocido que dentro del incremento a los precios de los combustibles hay un componente tributario, el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

“Entonces es golpear de manera brutal el poder adquisitivo de toda la sociedad pero que desde luego en términos relativos golpea en mayor medida a los sectores de menores ingresos, a los asalariados, los campesinos y a toda la gente que ni siquiera tiene una salario, mientras que el poder adquisitivo de la alta burocracia no es tocado en absoluto”.

 

Denuncian el corte al suministro de agua potable en Salaverna

En la conferencia de prensa también se denunció que la minera Frisco-Tayahua del multimillonario Carlos Slim, suspendió desde el pasado 23 de diciembre el suministro de agua a los habitantes de Salaverna, población con la que mantiene un conflicto por las tierras.

En el lugar, ambas entidades asientan, la primera su desarrollo minero, y la otra en la superficie, su comunidad.

El pasado 23 de diciembre, so pretexto de notificar sobre el peligro de una presunta falla geológica que amenazaría la vida de las personas, también se realizó un operativo de Gobierno del Estado en que se realizaron desalojos y derrumbes de viviendas de manera ilegal con respaldo de las policías ministerial y estatal.

Sobre la suspensión del suministro de agua potable, Efraín Arteaga precisó que el líquido baja por gravedad a los tiros de la mina, por lo que se firmó un convenio desde los años 60 con las otroras empresas mineras del sitio, mismo que las comprometía a suministrarlo a la comunidad y que ha dejado de cumplir la empresa de Slim Helú.

“Entendemos que es una medida más de asedio y represalia en contra de la gente, entonces estamos exigiéndole al gobierno municipal y al del estado, intervengan de inmediato ante la empresa para que se restituya el servicio de agua, que no necesitamos explicar qué tan vital es”.

Explicó que si la minera no restablece el servicio, el venero más cercano a Salaverna se encuentra a 2 kilómetros de distancia pero en la cima de una montaña, “entonces es someter a una medida más de coacción a los habitantes de esta comunidad”.

Arteaga Domínguez también expuso nuevamente indicios de que la minera Frisco-Tayahua hubiera pagado la renta de los bulldozers, grúas y camiones de mudanza utilizados el pasado 23 de diciembre, en el que se ostentó públicamente como un operativo gubernamental.

Dijo sobre esto que es “una violación gravísima a la Constitución que el Gobierno del Estado para realizar un operativo le dé participación a una empresa privada como es la Frisco-Tayahua, no olvidemos que la misma secretaria general de Gobierno el mismo sábado dijo que ella no sabía de quién eran los bulldozers, y de quién eran los camiones de mudanzas, ¿cómo es posible que no lo sepa?, increpó, si fue la propio Fabiola Torres Rodríguez quien ordenó el operativo.

“Entonces, hay que seguir la huella del dinero”, hay que ver quién le pago a la empresa que rentó los vehículos, “nosotros estamos casi seguros que fue la empresa de Carlos Slim, y si eso se confirma querrá decir que no es el gobierno quien decide” sino que es directamente el corporativo.

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