En el número de marzo de la revista EstePaís aparece un artículo firmado por Roberto Vélez Grajales, Juan Enrique Huerta Wong y Raymundo M. Campos Vázquez titulado “México, ¿el motor inmóvil?”, que constituye un resumen de la introducción al libro del mismo título publicado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en 2015. El título del libro hace alusión a un “dispositivo” que Aristóteles describe en el libro VII, capítulo XII, de su “Física”.
Como bien señalan los autores, un motor inmóvil es aquel que mueve sin ser movido, y ellos creen que ése es el papel que debe cumplir el Estado mexicano ante el problema de la inmovilidad social. Tal “problema” es parte del más amplio que consiste en la construcción de una sociedad más igualitaria, en la que cada uno de sus miembros, por el merito, el esfuerzo y la constancia pueda acumular un patrimonio que le permita abandonar un estado inicial de miseria, o, si su estado inicial no era miserable, permanecer en un nivel acomodado.
El punto es que la sociedad mexicana, aparte de ser desigual, tiende a mantener esa desigualdad. Según los autores algunas de las causas posibles, sugeridas por su manejo de los datos, son: 1.- las aspiraciones están correlacionadas positivamente con el origen social, de tal modo que crecen conforme crece el nivel económico, 2.- no hay una relación funcional clara entre el mercado laboral y la escolaridad, en el sentido de que el grado académico no impacta positivamente en la retribución salarial –excepto, quizás en algunas universidades-, 3.- los autores observan una convergencia salarial hacia abajo, lo que significa que los relativamente más ricos tienden a tener mayor pérdida en sus salarios. Es claro a partir de las hipótesis que se genera un ciclo de retroalimentación: los relativamente pobres tienen pocas expectativas relacionadas con el estudio porque, cuando finalmente consiguen el grado, no obtienen la retribución esperada, lo que les confirma que una carrera universitaria no es el camino para abandonar el estado de miseria, por lo que en la siguiente generación se eleva la probabilidad de tener una menor escolaridad.
La finalidad del libro de los autores es argumentar que el Estado debe, y puede, incrementar la movilidad social. Lo sugerente aquí es que la solución, si existe, la tiene el Estado, no cualquier otra agencia del mismo –como las universidades públicas-. Y parece claro porqué el planteamiento es así, ya que aún si las universidades públicas mejoran su calidad educativa ello no implica una relación funcional con los empleadores, porque la abundancia de empleos bien remunerados es una variable que está fuera del alcance de las universidades. Pero no del Estado, que sí puede intentar resolver problemas estructurales macroeconómicos como el de la escasa demanda laboral. Sea lo que sea del problema en el plano más general de la sociedad mexicana, en ciertos nichos sociales podemos observar los modos y maneras de la desigualdad con prístina claridad. En la UAZ, de acuerdo a sus ordenamientos jurídicos –reglamento académico, Contrato Colectivo UAZ-SPAUAZ, etc-, existe la posibilidad para cualquier universitario de dejar el estado laboral más bajo que existe, el de técnico académico horas clase a tiempo determinado asociado A, para acceder al más alto nivel salarial de Profesor-Investigador tiempo completo de base titular C, si se estudia una carrera y se logra el grado de doctor. Idealmente se está premiando el merito, el esfuerzo y la búsqueda de la verdad. En eso radica la igualdad de los universitarios desde el punto de vista jurídico. Lo que viene a distorsionar el cuadro son un conjunto de prácticas “metajurídicas”, por llamarles de algún modo, que van desde el abuso de las facultades otorgadas a las distintas autoridades unipersonales, hasta los actos más flagrantes de corrupción y criminalidad, que tienen por fin manipular la distribución de diversos apoyos a los docentes para lograr la continuidad de un grupo en el ejercicio administrativo.
Para decirlo con palabras fatales: el fin de esos actos metajurídicos es generar una desigualdad entre los universitarios beneficiosa para unos pocos. Esos pocos pretenden ser la cúspide de la pirámide universitaria, pero para lograr esa posición no vindicaron el estudio intenso y constante, que es un valor universitario, sino la manipulación, la mentira, el abuso, la corrupción, el chantaje y las amenazas, que son prácticas de mafiosos. Y aquí también se genera un circuito de retroalimentación: los que llegaron a la cúspide con prácticas mafiosas conservaran esa posición mediante el reforzamiento de esas prácticas, generado una mayor desigualdad entre los universitarios. No es raro entonces que esa pequeña cúpula de universitarios sea “inmóvil”, en el sentido de que tiene ejerciendo la administración décadas.
Esa inmovilidad se puede explicar por dos causas que se refuerzan: la pequeña cúpula ejerce una cantidad incomparable de recursos con respecto al resto de los universitarios, lo que les garantiza mayor capacidad de mantener su posición, y suelen contratar parientes para tener gente de confianza a su alrededor a la que puedan cederle el mando. Una verdadera propuesta de izquierda, en la UAZ, consiste en restablecer la legalidad. Mantener las cosas como están es la auténtica tesis de la derecha. ■
