En año y medio se ha sancionado a 220 funcionarios públicos por violentar la ley, informa titular de la SFP

En año y medio se ha sancionado a 220 funcionarios  públicos por violentar la ley, informa titular de la SFP

■ Algunos fueron inhabilitados por dos años y a otros se les destituyó: Huizar

En el año y medio que tiene de vigencia la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a 220 funcionarios. A algunos se les ha inhabilitado para prestar un servicio público hasta por dos años, otros fueron destituidos, hay multados con hasta 6 mil pesos y apercibimientos, detalló el titular de la SFP, Guillermo Huizar Carranza.

Aunque señaló que ninguna de las sanciones se aplicó a funcionarios de primer nivel, sino de menor rango y derivado de situaciones como el operativo Centinela, por utilizar vehículos públicos para asuntos personales; omitir información en la presentación de declaración patrimonial; auditorías practicadas donde no se acreditaron documentos debidamente, entre otros.

Agregó ue hasta el momento no se ha llegado a la fase procesal que le permita inculpar a funcionarios de primero nivel, sino que se agotaron procedimientos y hasta el momento no se han visto involucrados.

Para el caso de un funcionario de primero nivel, Huizar comentó que únicamente se sigue un procedimiento en contra del director de Tránsito del Estado, Agustín Jaime Ortiz Arellano, a quien se le ha acusado de malos tratos al personal de la dependencia.

La SFP ya terminó la fase administrativa y se ha entrado en la procesal; es decir, Ortiz está sujeto a un procedimiento administrativo de responsabilidades y tiene algunos plazos de ley para defender su postura y será un juez quien determine si son fundadas o no las acusaciones en su contra.

Debido a que la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos carece de reglamento, el secretario de la Función Pública aseguró que ello no impide su aplicación, puesto que se trata de una disposición de carácter administrativo que bajo ninguna circunstancia resulta condición para sancionar. Desconoció por qué el reglamento no ha sido emitido por la Coordinación General Jurídica.

Aunque insistió en que ningún proceso se podría echar abajo por la ley secundaria, la cual sólo establecerá mecanismos operativos y precisiones de aplicación. Comentó que a diferencia de la Ley de Responsabilidades anterior, que por la falta de una firma afectó la aplicación de la justicia en Zacatecas, en específico con la ex gobernadora Amalia García, en la actual no hay inconveniente alguno para sancionar.

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