Actores políticos a nivel nacional y estatal se pronunciaron en contra de las medidas de violencia que ha adoptado el Gobierno de Estados Unidos en contra de migrantes de origen mexicano y exigieron que los procedimientos migratorios se lleven a cabo con base en el respeto de los derechos humanos.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó que las y los mexicanos que viven en Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos, y la gran mayoría tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de ese país; además, el porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva más de cinco años viviendo ahí.
Por tanto, indicó que “el Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria”.
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho.
“No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones”, dijo.
Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de los mexicanos que radican en Estados Unidos.
Asimismo, expuso que México ha activado todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo.
Refirió que la migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional y México reitera su disposición para continuar colaborando con el Gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido.
Por su parte, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, condenó las redadas migratorias llevadas a cabo en California, Estados Unidos, ordenadas por el presidente Donald Trump, de las que rechazó el trato inhumano y degradante hacia los connacionales, por lo que instruyó que se emprenda una búsqueda de posibles zacatecanos afectados.
Expresó su solidaridad a las y los migrantes y lamentó los actos emprendidos por el mandatario estadounidense, particularmente hacia la comunidad mexicana; por ello, dispuso que, a través del Consulado, se realicen acciones para identificar y apoyar a paisanos detenidos.
Las redadas son actos
lamentables y contradictorios
en un país cuya grandeza
económica, social y cultural
se construyó gracias a la
contribución de generaciones
de migrantes: Monreal Ávila.
Desde su perspectiva, las redadas son actos lamentables y contradictorios en un país, cuya grandeza económica, social y cultural se construyó gracias a la contribución de generaciones de migrantes.
Por ello, “nos sumamos al rechazo expresado por el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quienes han subrayado que, sin los migrantes, no se explicaría la prosperidad de ese estado” añadió.
Monreal Ávila indicó que, desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los acontecimientos, instruyó a la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) establecer contacto inmediato con los servicios consulares en Los Ángeles, y enviar un comunicado epistolar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener información detallada sobre las detenciones.
“Necesitamos saber cuántos zacatecanos, y mexicanos, en general, pudieron haber sido afectados por estas redadas. Estamos atentos y no descansaremos hasta garantizar su bienestar, como lo hemos hecho desde el anuncio de la nueva política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, expresó.
Agregó que “los excesos y abusos cometidos bajo esta política han deteriorado las relaciones con países del mundo y con las comunidades migrantes, exigimos que prevalezcan los derechos humanos y que se busque una solución digna y respetuosa, ojalá la razón y el humanismo triunfen sobre la intolerancia”, expresó.
Asimismo, el diputado federal José Narro Céspedes emitió un pronunciamiento en el que rechaza la criminalización de todas las etapas del ciclo migratorio y se comprometió a coadyuvar con la protección de todas las personas migrantes de cualquier medida que las coloquen en situación de vulnerabilidad y de riesgo.
En este sentido, hizo un llamado a las autoridades federales de Estados Unidos a conducirse con apego al Derecho Internacional, a los derechos humanos en cuanto a la movilidad humana con un enfoque humanista, ya que “estamos en contra de la política de violencia, racismo y xenofobia en contra de la comunidad migrante, particularmente ante la amenaza de deportaciones masivas”.
Expuso que esta postura responde a la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desplegó 2 mil soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles, ante una escalada en las protestas contra las redadas migratorias en operativos realizados en varias partes de la ciudad. Esto generó un ambiente de tensión cuando multitudes se congregaron frente a negocios que presuntamente iban a ser blanco de redadas.
Opinó que es preocupante que el presidente Trump justifique su decisión alegando que Los Ángeles vive una «invasión y ocupación por inmigrantes indocumentados y criminales», por lo que reiteró que los migrantes no son delincuentes e incluso son los impulsores del auge de la economía de California.
Por ejemplo, Narro Céspedes expuso que sólo las personas en condición migratoria no documentada contribuyen con 8.5 mil millones de dólares en impuestos para financiar los servicios públicos de California, muchos de los cuales no pueden disfrutar. En conjunto, los inmigrantes en California son responsables de más de un billón de dólares en producción económica.
Además, señaló que la decisión del presidente Trump de desplegar la Guardia Nacional de California es un abuso de poder alarmante pues decidió ignorar al gobierno de la ciudad de Los Ángeles, misma que se caracterizan por adoptar políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración.
