En el último día del Foro Zacatecas: Análisis Local de Fenómenos Criminales Complejos, se llevo a cabo la sesión 3: “Extorsiones, preocupaciones e impacto sobre la sociedad Zacatecana”, donde expertos de la academia y el sector empresarial reflexionaron sobre la afectación de estos fenómenos en el tejido social y económico, especialmente a los empresarios locales. Ante esto, Estela Cárdenas Vargas, enfatizó la importancia de una colaboración efectiva entre la iniciativa privada, el gobierno y la academia para combatir la inseguridad y la importancia de la cultura de denuncia.
El encuentro contó con la participación de Marco Antonio Inguanzo Torres, director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública; María Teresa Martínez Trujillo, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey; Estela Cárdenas Vargas, presidenta de la Canirac; y José Enrique Guerrero Cervantes, presidente de Canacintra.
La violencia y el crimen organizado son fenómenos que, lamentablemente, se han instalado en diversas regiones de México, y Zacatecas no ha sido la excepción. En este contexto, la sesión describió de manera integral el impacto de las extorsiones y el cobro de piso en la sociedad zacatecana, enfocándose en la necesidad de repensar las políticas criminales actuales, la colaboración entre diversos sectores y el análisis de contexto para enfrentar de manera efectiva estos fenómenos complejos.
Uno de los aspectos más relevantes fue el llamado a una mayor colaboración entre la academia, la sociedad civil y la iniciativa privada. Estos tres actores, aunque con roles diferentes, tienen capacidades complementarias que pueden ser esenciales para abordar de manera integral los problemas de criminalidad en la región. La academia, con su capacidad analítica y reflexiva, puede proporcionar el conocimiento necesario para desentrañar los fenómenos criminales y sus causas profundas.
Por su parte, la sociedad civil tiene un vínculo directo con las víctimas y puede movilizar a la comunidad, mientras que la iniciativa privada, a través de su experiencia y acceso a información sobre extorsiones, puede contribuir a la identificación de patrones criminales. Sin embargo, se destacó que la colaboración debe ser sistemática, pues de otro modo, la información recabada no tendría el impacto deseado en la persecución de los delitos.
En cuanto a las políticas criminales actuales, se cuestionó la visión punitiva y desactualizada que persiste en muchos ámbitos. Este enfoque, centrado exclusivamente en la sanción, no responde adecuadamente a los problemas de macrocriminalidad que afectan a la sociedad. En lugar de una respuesta fragmentada, se propuso una política criminal progresista e inteligente, que no solo proteja los derechos humanos, sino que también atienda las necesidades de las víctimas.
Esta política debe estar orientada a un enfoque más holístico, que no se limite a resolver un caso a la vez, sino que analice los fenómenos criminales en su conjunto y desde una perspectiva social. Además, se señaló la necesidad de una justicia transicional, que sea capaz de ir más allá de la justicia penal tradicional en situaciones de violencia extrema, implementando mecanismos alternativos para la reparación de daños y el fortalecimiento de la memoria y la verdad.
Otro tema central fue el análisis del fenómeno de la extorsión y el cobro de piso. Se explicó que la extorsión no debe verse únicamente como un delito patrimonial, sino como parte de un mercado de protección impuesto. A diferencia de otros delitos, donde un actor sustrae lo que legítimamente pertenece a la víctima, la extorsión y el cobro de piso se presentan como un intercambio en el que los grupos criminales ofrecen protección a cambio de dinero. Este fenómeno crea una relación continua y de largo plazo entre el extorsionador y la víctima, lo que convierte al cobro de piso en un mercado paralelo que, a menudo, socava la función del Estado en cuanto a la provisión de seguridad.
Además, se subrayó el riesgo de que la comunidad empresarial asuma por sí sola la responsabilidad de protección, lo que podría desbordar las funciones del Estado y, a largo plazo, derivar en una privatización de la seguridad. Esta «protección» no solo es ineficaz, sino que perpetúa un sistema de monopolio de la seguridad en manos de actores más poderosos, lo que resulta en una mayor desigualdad y desprotección para los ciudadanos más vulnerables.
Dentro de la participación del empresariado zacatecano, Estela Cárdenas Vargas, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Zacatecas, señaló que estas problemáticas afectan no solo la economía y la rentabilidad de los negocios, sino también la estabilidad emocional y la confianza en el entorno de inversión.
En su intervención, Cárdenas resaltó la necesidad de fortalecer la capacitación del personal para prevenir que caigan en engaños y proteger tanto a los negocios como a las familias. Asimismo, expresó su inquietud por el uso indebido de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, que pueden incrementar los riesgos de extorsión. Hizo un llamado a actualizar las legislaciones y mejorar la preparación de las autoridades en este ámbito.
Cárdenas enfatizó la importancia de una colaboración efectiva entre la iniciativa privada, el gobierno y la academia para combatir la inseguridad. Reconoció que la falta de confianza en las instituciones y la escasa cultura de la denuncia son desafíos que deben atenderse de manera prioritaria.
Por ende, subrayó que, pese a los esfuerzos por mejorar las cifras oficiales de seguridad, la percepción de vulnerabilidad entre los empresarios y la ciudadanía sigue siendo alta, lo que ha llevado a algunos a abandonar la región.
El diálogo concluyó con un llamado a generar intervenciones colaborativas que fortalezcan la capacidad del Estado como garante del bienestar público. Se subrayó que la solución no radica en enfoques punitivos, sino en construir estrategias integrales que prioricen la coordinación entre sectores, fomenten la justicia y promuevan una seguridad incluyente y sostenible.
