Uno de los principales aciertos de los gobiernos de la 4T, ha sido revertir el Pacto por México (PM), el cual fue uno de los acuerdos políticos que más daño hicieron a México. A través del él, las famosas reformas estructurales lograron ser aprobadas, contra la voluntad popular, en lo oscurito y generando una estructura económica por demás dañina, que sólo benefició a unos cuantos. En este paquete de reformas se encontraba una restructura institucional de México que, decían, facilitaría las inversiones y crearía un estado de derecho, pero lo que hicieron, como buenos neoliberales, fue duplicar funciones, traslapar atribuciones y generar un esquema que diluía la responsabilidad y la fuerza del Estado para garantizar que la iniciativa privada y su interés predominara sobre el interés general, evidentemente, con grandes beneficios a los titulares de dichos órganos con altos puestos en empresas que regularon. En el sector de telecomunicaciones, al IFT se le dieron todas las facultades, técnicas y de competencia económica, concentrando todo en un solo ente. Sin embargo, el traslape de funciones con la Cofece llevó a muchos enfrentamientos entre ambos órganos que retrasaron las investigaciones, afectando a los ciudadanos y, en algunos casos, llevó al desistimiento de las acciones cuando un órgano le ganaba al otro la competencia en el asunto. Recordemos la concentración Uber-Cornershop, que ganó Cofece, la investigación de mercados digitales, que de nuevo ganó Cofece y se desistió, o la discusión entre el IFT y la CRE sobre la regulación de postes de servicio eléctrico. Esta indefinición y por consiguiente incapacidad de acción del Estado, jugaba en favor de los particulares, en especial de los grandes participantes, quienes tenían los recursos y la capacidad para navegar un sistema tan incierto como el que dejó la ley de 2013.

La nueva ley de telecomunicaciones, recientemente aprobada en el Legislativo, corrige esto al establecer la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como ente totalmente técnico y dejar a la Cofece con todas las atribuciones en materia de competencia económica. Dará mayor certidumbre y genera ventanillas únicas y trámites mucho más amigables y accesibles. Ya no será únicamente un sector de grandes despachos y empresas. Reconoce, por ejemplo, en su artículo 64 a las radios comunitarias y en el artículo 3 fracción 49 a los pequeños operadores y les otorga un régimen simplificado para garantizar los derechos de la población donde los operadores comerciales nunca han llegado a pesar de sus exorbitantes ganancias.

Evidentemente, los promotores del PM han salido a defenderlo en cada paso que la doctora Claudia Sheinbaum ha tomado para revertirlo. Lo hicieron con la reforma energética y ahora no se han quedado atrás. Un ejemplo es el senador panista Ricardo Anaya, quien argumenta que nadie lee las iniciativas más que él, ha acusado de espionaje citando el artículo 183 de la nueva ley referente a la cooperación de los operadores de telecomunicaciones con las autoridades para proveer de geolocalización en caso de requerirse. Al senador, y a todo el coro de opinólogos que han repetido dicha argumentación, les haría muy bien leer el artículo 190 de la ley de 2013, el cual es exactamente el mismo y recordar que el Código Penal regula que únicamente con orden judicial se puede solicitar dicha cooperación. Sería interesante saber por qué el senador y su bancada en 2013 promovieron dicho articulado y ahora lo denuncian (¿habrán leído la iniciativa en 2013?).

Por último, la crítica más fuerte y consistente ha sido a la participación del Estado en el sector. Múltiples operadores, ONG y demás han denunciado y exigido que el Estado no invierta y no participe dentro del sector. Argumentan que el Estado no debe estar gastando en esto, es ineficiente y va a generar distorsiones. Eso sí, exigen que el Estado haga la inversión únicamente donde para ellos no es rentable. Resulta curioso entonces que, si uno revisa que operadores han dicho eso, todos se han beneficiado y continúan haciéndolo, de las inversiones del Estado en el sector. Ejemplos de esto abundan, recordemos la licitación que Calderón hizo en 2008 para arrendar fibra óptica de las empresas estatales (seriamente observada y criticada por la ASF), el acceso a la infraestructura de todos los postes de electricidad (propiedad del Estado) a precios irrisorios y los constantes mandatos de cesión (de manera gratuita) de infraestructura pública a entes privados, contenidos en la reforma de 2013. Como siempre, cuando la inversión pública se hace para beneficio privado, no tienen problema, pero que no se le ocurra al gobierno hacerlo para beneficio público y del interés general, porque entonces todo está mal.

Como hemos visto en repetidas ocasiones, si el fin es garantizar y habilitar el acceso a derechos, incentivar a la IP a hacerlo no funciona o resulta siendo extremadamente caro para todos. El Estado debe contar con herramientas que permitan implementar las políticas públicas. Esta ley reconoce que el Estado debe contar con herramientas que permitan implementar las políticas públicas. También reconoce que el Estado tiene diferentes objetivos e incentivos a la IP. La ley representa un avance significativo en las capacidades del Estado, certidumbre, acceso y garantía de derechos humanos, así como mejores condiciones de mercado de las que terminaremos beneficiándonos todos con mejores servicios y mejores precios.

De entre la severa derrota que la oposición obtuvo hace un año cuando nuevamente perdió la presidencia de la República, la ciudad de México, y el Congreso de la Unión, habían quedado algunos saldos que insuflaban optimismo, entre ellos, el de mantener a Hugo López Gatell fuera del foco público, una vez que no se supo de su presencia en ningún cargo. 

Se le esperaba en algún gabinete, bien pudiera ser el de la presidenta Claudia Sheinbaum o cuando menos en el de la jefa de gobierno Clara Brugada, quien había competido contra el médico en las encuestas al interior de Morena, obteniendo ella un 26% por casi 10% de López Gatell; en tanto que Omar García Harfuch, de amplísima popularidad, había logrado 40 por ciento. 

Se acomodaron las cosas, el ganador terminó en la Secretaría de Seguridad Pública, Brugada ahora gobierna la Ciudad de México y López Gatell permaneció en respaldo moral a la cuarta transformación, aunque fuera de cualquier cargo. 

Con la única autoridad de su nombre (no la de algún puesto), Hugo López Gatell hizo en estos meses modestas apariciones públicas. Una de ellas cuando grabó un mensaje de apoyo al candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Raymundo Espinoza Hernández conocido por su lucha contra los transgénicos y su participación en litigios contra Monsanto. 

La segunda, cuando evidenció la contradicción de intentar expulsar los alimentos chatarra de las escuelas, mientras el secretario de Educación recibía a los fabricantes y planeaba con ellos las acciones para atender la salud infantil. 

Bastó su crítica para que se matizara la “colaboración”, y la presidenta Claudia Sheinbaum reiterara la necesidad de que hubiera distancia real entre el poder político y el económico para que el programa funcionara y no quedara en simulaciones. Un logro nada menor para un ex subsecretario que en ese momento se encontraba sin cargo. 

Su peso se mantiene a pesar de manifestaciones en su contra altamente mediatizadas en las que se echa mano de medias verdades que permiten inferencias y deducciones equivocadas. Así, por ejemplo, en la semana pasada circuló que el nombramiento del Dr. Hugo López Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud había sido rechazado por la “comisión de investigación de covid-19”, todo lo cual se presentó en una imagen con el emblema de OMS con la ambigüedad suficiente para que se creyera que fue este organismo internacional el rechazante, y no, tal como fue, un grupo de 18 particulares coordinados por Jaime Sepúlveda Amor, subsecretario de Salud en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. 

El texto de referencia ha sido ya cuestionado por personal de salud por considerar que en el mismo se confundían conceptos, y se denota incomprensión del encargo al que se comisiona al Dr. Gatell. Entre quienes están en esta posición se encuentra Héctor Frisbie colaborador de Julio Astillero (disponible en https://www.youtube.com/live/Ngcegxl5rOI?si=Ozb8XJT6eG-zAqtp)  

Más allá de las precisiones entre especialistas, cabe destacar que el argumento más sorprendente que se esgrimen en ese texto contra Hugo López Gatell está el que el Estado mexicano trató la pandemia de covid-19 con la “transferencia de toda responsabilidad a las personas enfermas” porque justamente es lo contrario lo que caracteriza al personaje en cuestión. 

Así lo prueba su rechazo a la participación de la industria de los alimentos ultraprocesados en la implementación del programa “Vive Saludable, vive feliz” que pretendía sacar esos alimentos de la educación básica, pero también sus continuos llamados a hacer la alimentación sana y natural más accesible en términos de disposición. 

Fue también esa la línea que se marcó en el sexenio pasado contra el tabaquismo y los vaporizadores por la que justamente la Organización Mundial de la Salud reconoció a México y al entonces presidente López Obrador.

Y es también esa idea la que hizo posible el etiquetado frontal con el que se da información clara al consumidor respecto a los alimentos que adquiere, muchos de los cuales, hasta antes del mismo, vendían una imagen más saludable que la que hoy evidencian sus sellos. 

Fue esa premisa, la de apuntar a lo colectivo, la que hizo posible que los personajes como el tigre Toño, Chester chetos y demás figuras publicitarias salieran de los empaques con los que se promocionaban alimentos para el público infantil. 

Eso precisamente ha sido lo que ha generado el rechazo al Dr. Gatell, que ha salido del discurso que culpa al individuo de sus enfermedades y, por el contrario, ha puesto el énfasis en la responsabilidad de las grandes empresas que, tendrían que ser reguladas por el Estado.

 No es la apuesta fácil, ni la barata, o la sencilla, pero es la del largo plazo y la única posible para quienes creen en la rectoría del Estado en asuntos como la salud pública.

No puede esperarse la comodidad de quienes prefieren la responsabilidad individual, porque esa mentalidad no atenta contra sus ganancias, pero cuando menos esa incomodidad tendría que hacer campaña con transparencia. 

Si frente a las múltiples necesidades no satisfechas se opta por el camino medroso de una austeridad bipolar, lo que puede ofrecerse al país es un caminar menesteroso y mantener la falsa esperanza en la resignación popular.

Por lo pronto, se ha impuesto en la opinión pública una pésima manera de apreciar el desempeño económico y sus implicaciones sociales. Sin el menor sonrojo, la caída del gasto público reportada por Hacienda para dar cumplimiento con las metas fiscales, se ofrece como un dato más, sin la menor importancia. Para qué preocuparse, dirán los encargados, si se ha mejorado la recaudación, aunque no alcance sino para mendrugos.

Como bien anota Enrique Quintana “(…) No es realista pensar que esta estrategia pueda escalar indefinidamente. Mientras tanto, los requerimientos de gasto continúan aumentando. Los programas sociales, por su diseño inercial, demandarán más recursos cada año (…) El equilibrio fiscal será cada vez más difícil de sostener si no se amplía la base de contribuyentes ni se revisa la estructura del gasto”. (Enrique Quintana, “La magia temporal de Hacienda”, El Financiero, 1º de julio, 2025).

Seguimos (auto)sometidos a nuestros dogmas y temores; sin querer advertir que la salida a una situación que empeora con los días está en crecer económicamente, generar los empleos requeridos y contar con recursos suficientes derivados de una reforma tributaria efectiva; una reforma hacendaria redistributiva, que, además de revisar las condiciones por las que se han podido filtrar ciertas deducciones inaceptables, contenga mecanismos de contención y transparencia del dinero público para evitar los gastos ineficientes y discrecionales.

Sigue sin ser evidente, para el propio grupo gobernante, que necesitamos contar con un Estado capaz de articular la miríada de intereses que conforman la economía y promueva la inversión pública y privada porque de otra manera no hay posibilidad alguna de cambio progresivo. Sin crecimiento económico, del empleo y de la producción, no puede hablarse de desarrollo. Éste, en gran medida depende de la creación de suficientes trabajos y bien pagados y, claro, de que el Estado produzca y mantenga los bienes públicos indispensables para la vida de la comunidad.

Reconocer los errores y enmendarlos es lo primero para enfrentar los grandes faltantes que magnifican la debilidad fiscal del Estado que redunda en la precarización y deterioro de la existencia social y del propio Estado. Sin voluntad política para superar esta falla geológica de nuestra democracia, el riesgo de ingobernabilidad sigue latente y no habrá ninguna astucia fiscal que, mediante novedosos recortes y (re)asignaciones o modernas y mejoradas prácticas recaudatorias, pueda hacerse cargo de las crecientes necesidades de una sociedad vulnerable, desprotegida, insegura y pobre.

Al menos el 48 por ciento, es decir, prácticamente la mitad de la desigualdad económica que observamos hoy, asienta Roberto Vélez, director del Centro Espinosa Yglesias, se explica por desigualdad de oportunidades, datos que “(…) colocan a México en el grupo de 10 países con mayor desigualdad de oportunidades, de un total de 50 naciones de todo el mundo que forman parte del proyecto que desarrolla la London School of Economics para la construcción de un mapa internacional de desigualdad (…)”. (“Alertan de que persiste pobreza heredada”, Reforma 30/6/25).

La perspectiva de México se resume en la falta de movilidad que el Centro Espinosa Yglesias nos ha reportado: siete de cada 10 mexicanos nacidos en la pobreza seguirán pobres hasta su muerte (https://ceey.org.mx/informe-de-movilidad-social-en-mexico-2025/).

El jueves 3 de julio de 2025 se reunieron grandes empresarios mexicanos con la presidenta Claudia Sheinbaum y acordaron la consolidación del Plan México “ante la desaceleración económica. Afirmó la presidenta que con dicha estrategia tratarán de compensar “las posibles pérdidas que se puedan generar por el momento de incertidumbre que se vive con Estados Unidos”. Al respecto hay que decir que la economía mexicana ha venido decreciendo – mucho antes de la incertidumbre generada por los aranceles establecidos por EUA- como consecuencia de la política de alta tasa de interés, dólar barato y austeridad fiscal con que se ha venido trabajando y tales políticas no son cambiadas en el Plan México. De hecho, el secretario de Economía, presente en dicha reunión, dijo que “el plan fiscal del presidente Donald Trump no afectará a la economía mexicana, porque el balance al final es que nuestra ventaja se va a acentuar”. Para los que nos gobiernan, el equilibrio fiscal es ventaja frente a los países que trabajan con déficit fiscal. Esta creencia es un dogma neoliberal que nos ha llevado al atraso, a acentuar la desigualdad del ingreso y a depender de las variables externas (exportaciones, remesas, entrada de capitales), lo que nos coloca en un contexto de alta vulnerabilidad. Una economía no puede trabajar con balance fiscal cuando está cayendo el consumo, la inversión privada, las exportaciones y la entrada de capitales, pues ello acentúa más la contracción económica e incrementa el desempleo. El IMSS reporta que, en el primer semestre de 2024, la generación de empleos formales fue menor que en el primer semestre de 2023 y que en el primer semestre de 2025, se generaron 70 % menos empleos que en el mismo período de 2024.

El Consejo Coordinador Empresarial manifestó en dicha reunión que “hay preocupación por cómo Trump ha transformado la dinámica económica y comercial, pero México está en punto y aparte, con un ritmo muy importante y venimos a ver cómo lo mantenemos… cómo podemos acelerar más el Plan México”. Esta idea de que México no es afectado por lo que acontece en EUA, es no reconocer la gran dependencia que México tiene de la economía estadounidense y que no tenemos condiciones endógenas de acumulación y crecimiento. Además, la posición del gobierno y los empresarios de que el “Plan México es clave para producir más en el país”, no está sustentado en una política de baja tasa de interés, tipo de cambio competitivo, incremento del gasto público y el establecimiento de aranceles a importaciones por parte de México para estimular la inversión, la sustitución de importaciones y la generación de empleo que proyecta el Plan México.

La titular del Consejo Asesor Empresarial del gobierno federal, “destacó el compromiso de los empresarios para consolidar el Plan México”. Aquí de nuevo, se ve que muchos funcionarios no saben de economía, o están mal asesorados. Para que los empresarios incrementen la inversión para el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan México, tienen que haber perspectivas de crecimiento económico y de ganancias, lo que no se vislumbra con las políticas monetaria y fiscal restrictivas.

El gobierno insiste que el Plan México “permitirá producir más en el país, para el mercado interno y también para la exportación”. Para que se produzca para el mercado interno, se tiene que dinamizar éste, lo que requiere de incremento de gasto público, de empleo, de salarios y distribución del ingreso, lo que no está presente en la economía nacional. Asimismo, para aumentar la producción para las exportaciones, no hay viabilidad ante los aranceles establecidos en EUA, a lo que se suma la desaceleración del comercio internacional, por lo que no hay perspectivas de que las exportaciones crezcan.

El gobierno confía en que se llegará a un acuerdo “con Estados Unidos que va a permitir que la economía…continúe exportando”. El problema es que Donald Trump quiere a toda costa reducir el déficit de comercio exterior que tiene con nuestro país, por lo que es muy probable que salgamos perjudicados en estas negociaciones. En consecuencia, el Plan México no es alternativa para contrarrestar la desaceleración de la economía nacional.

Por más que la presidenta de la República afirme que “la economía mexicana mantiene estabilidad, con un peso fuerte y finanzas públicas sanas”, tales políticas, más que actuar a favor de la estabilidad y el crecimiento, actúan en su contra. El peso fuerte es producto de la alta tasa de interés que estimula la entrada de capitales. Además, dicha tasa de interés incrementa el costo del servicio de la deuda pública y privada, lo que restringe la capacidad de gasto e inversión de ambos sectores y por lo tanto la actividad económica. El ingreso nacional está muy por debajo del costo de la deuda, lo que aumenta los problemas de insolvencia del sector privado, que tiende a desestabilizar al sector bancario. El dólar barato reduce el costo de las importaciones, las cuales desplazan a la producción nacional e incrementan el déficit de comercio exterior. Las finanzas públicas “sanas” que instrumenta el gobierno mexicano se sustentan en recortes presupuestales que contraen la inversión y el gasto público y por lo tanto la economía y prosiguen las presiones sobre las finanzas públicas por el alto costo del servicio de la deuda pública, por lo que la economía no tiene estabilidad macroeconómica. La presidenta destacó que en “este año se ejercerá una inversión pública cercana a los 800 mil millones de pesos”, pero ello es insuficiente y para nada reactivará la economía. Hay que resaltar que ello representa el 60.7% de lo que se paga por el servicio de la deuda pública. Por último, la presidenta dijo que “es muy importante que se potencie la inversión privada” y el problema es que para que ello se dé, se requiere de mayor inversión y gasto del sector público, para que se incremente la demanda y así la inversión. Pero esto es algo que no parece interesarle al gobierno.