Desde hace 45 años, la insurgencia magisterial ha avanzado en oleadas. Inesperadamente, como si fuera un volcán que súbitamente hace erupción, miles de maestros suspenden clases, toman calles y carreteras, acampan en plazas públicas, bloquean vialidades estratégicas ante el desconcierto y malestar de funcionarios públicos, políticos y empresarios. Así ha sido una y otra vez a lo largo de décadas. Así es ahora, con la nueva primavera docente de 2025.
Estas explosiones no son obra de un grupo de líderes. Son resultado de un acumulado de agravios sedimentados en el subsuelo a lo largo de los años, que súbitamente irrumpen en la superficie, catalizadas por una injuria. Un ejemplo del pasado 3 de marzo: en el marco de las protestas nacionales, maestros estatales jubilados de Temósachic-Gómez Farías-Madera, en Chihuahua, entregaron un oficio a Pensiones Civiles quejándose del pésimo, deficiente, humillante y denigrante servicio de salud que les proporcionan.
Tanto los dirigentes históricos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como los nuevos forjados al calor de la acción pueden tratar de dar rumbo al malestar, pero no frenarlo ni manejarlo como si fuera un auto en marcha. Menos aún cuando el movimiento se encuentra en fase ascendente.
Lo que precipitó la última oleada magisterial fue la absurda pretensión de reformar regresivamente la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Issste), fijando, entre otras cosas, una doble tributación a un sector de los servidores públicos. Apuesta agravada por la ingenuidad política (por decir así), de suponer que, a pesar del profundo desprestigio del charro del SNTE, Alfonso Cepeda, éste podría controlar el enojo de los mentores. Finalmente, lo que provocaron fue abrir una caja de Pandora.
La iniciativa provocó el desbordamiento de la ira en más de 15 estados. El descontento se hizo sentir masivamente, tomando como territorio de sus operaciones municipios y regiones, en entidades como Sonora, Baja California, Chihuahua, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En ellos, la presencia de la CNTE no es hegemónica. Las ofensivas declaraciones de oficiales, de que los maestros estaban siendo engañados o no comprendían la reforma, incendiaron más la pradera. Si alguien sabe leer, comprender y reflexionar sobre lo que los afecta son los profesores.
La iniciativa de 2025 precipitó esa indignación no sólo por ser confiscatoria, sino por más razones. Señalo dos. Primera: dejó intacta la reforma a la Ley del Issste de 2007, contra la que los profes se han movilizado desde hace más de 17 años (interponiendo, entre otras acciones, más de 2 millones de amparos). Y, segunda: no abrogó el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referente para el pago de pensiones de 2017. Es falso que los trabajadores de la educación democráticos hasta ahora luchen por estas demandas. Nunca han dejado de hacerlo.
La decisión presidencial de retirar la iniciativa de 2025 y congelar por dos años la tabla de jubilación es correcto, pero, para el magisterio, insuficiente. No resuelve el problema de fondo ni sus demandas históricas sobre jubilaciones y pensiones.
La reforma de 2007 estableció un sistema de ahorro para el retiro de cuentas individuales, manejadas, principalmente, por Afore. Para retirarse dignamente, un profesor necesita disponer, por lo menos, de ahorros de un millón 800 mil pesos. De paso, como ha explicado el profesor Pedro Hernández, le entregó a 10 Afore un pingüe negocio de unos 6.8 billones de pesos. Por eso, los profes demandan el fin de las cuentas individualizadas y que el Estado sea el garante que administre los fondos de los trabajadores en un sistema pensionario solidario, colectivo e intergeneracional justo.
El pago en UMA ha tenido consecuencias fatales. Cada día, los maestros jubilados ven cómo sus pensiones se encogen. Sus ingresos han mermado en casi 56 por ciento. Simultáneamente, las perspectivas ante el retiro de quienes aún están en servicio son poco esperanzadoras.
En 2018 no había grandes diferencias entre el monto del salario mínimo diario que recibía un trabajador al servicio del Estado y la cantidad de dinero percibida por día por un jubilado en UMA. Las dos eran más o menos similares. El salario mínimo era de 88.36 pesos diarios y las UMA de 80.60 pesos diarios. Entre ellas había apenas una distancia de poco menos de ocho pesos diarios (casi 10 por ciento).
Sin embargo, con los aumentos a los salarios mínimos a partir de 2019, la situación cambió drásticamente. Unos crecieron y las otras se estancaron. En 2025, éste es de 278.80 pesos diarios. En cambio, una UMA equivale, apenas, a 113.14 pesos por día. La brecha entre ambas es de 165.66 pesos diarios, más de 20 veces en relación con 2018. Por eso exigen jubilaciones en salarios mínimos.
Se dice que no hay dinero para atender las demandas magisteriales. Pero, según datos oficiales, a junio de 2024, el monto total de los adeudos de las entidades federativas al Issste ascendía a 88 mil 522.02 millones de pesos. De ello, seis entidades concentraban 76.2 por ciento. Entre ellas se encuentran Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca e Hidalgo (https://shorturl.at/EaUoh). En muchos casos, esta deuda incluye recursos que ya fueron descontados al magisterio.
Cada oleada de la CNTE es distinta. Ésta apenas arranca. Con el paso de los días, más que perder vigor, está en puerta una rebelión mayor. El paro de 72 horas del pasado fin de semana fue sólo un ensayo general de lo que viene. Los agravios acumulados son muchos. El horizonte que tienen jubilados y maestros en servicio a las puertas del retiro es desesperanzador. Para muchos, con la lucha alcanzarán la luz al final del túnel.
X. @lhan55
