Hace unos años fuimos a la zona rural de Idaho, con el sociólogo Enrique Martínez, a entrevistar migrantes en una granja muy alejada, con una casona en la colina, unas instalaciones para el ganado y una traila o casa rodante, bastante desvencijada, donde descansaban cinco trabajadores migrantes mexicanos.

Uno de ellos acababa de llegar de México y le tocaba ordeñar a las vacas. Tuve la oportunidad de acompañarlo y ver cómo realizaba el trabajo, no era muy experto, era la segunda vez que lo hacía y tenía que conectar las máquinas a las ubres para extraer la leche. Una vez realizado el trabajo, había que sacar a las vacas y dejar el paso a otras para ordeñarlas.

Cada quien tenía asignado un trabajo, uno se encargaba de mover las vacas, otro de darles pastura, otro más de limpieza y finalmente de la ordeña. La granja funcionaba perfectamente, el dueño ni se aparecía. Pero se trataba de un equilibrio precario que dependía de la mano de obra indocumentada, que se encargaba a su vez de entrenar a los novatos. Cualquier deserción o inconveniente con los trabajadores podía generar una crisis en la granja y un problema serio con las vacas que debían ser ordeñadas y alimentadas.

Se dice que la mayoría de estos granjeros votó por Trump y sabían perfectamente, pero inconscientemente, que se venía una deportación masiva. Ahora muchos de estos granjeros y agricultores se han visto afectados. Se ha informado que en Nebraska muchos rancheros han sido afectados, que en California las naranjas están en el suelo y así con otros productos que tenían planeada la recolección en días y horas específicas. Las cosechas están planificadas para ser procesadas en un día en específico y ser entregadas a los centros comerciales. Cualquier inconveniente en este proceso crea un sinnúmero de problemas en la cadena productiva. Y finalmente, todo depende de la disponibilidad de mano de obra.

En el contexto de la construcción también se han dado redadas y ausencia de trabajadores, lo que ha dejado obras inconclusas y, lo que es peor, no hay alternativas de remplazo. Un video reciente muestra a un guatemalteco que está sentado en la parte más alta del techo de una casa y la migra no pudo bajarlo, les daba miedo subir. Allí esperó unas horas hasta que se fueron. Los mexicanos son especialistas en poner y sustituir techos, les llaman los roofers y son pequeñas compañías especializadas, con cuadrillas, que pueden cambiar un techo en un día y dejar todo listo, terminado y limpio.

En los servicios de hostelería, desde hace ya unos años, faltan trabajadores. En algunos hoteles aprovecharon la pandemia para no limpiar los cuartos al día siguiente, salvo pedido expreso. En algunos restaurantes las filas de espera son largas en las horas pico por falta de personal. Las redadas en restaurantes y cocinas son típicas y ponen en apuros a los dueños y administradores de restaurantes. Algunos han tenido que cerrar.

Donde el asunto es más grave es en la empacadoras de cárnicos y aves donde hay cientos de trabajadores, en su mayoría indocumentados. Una redada en uno de estos centros laborales puede dejar paralizada a toda la cadena de producción.

Las consecuencias de las redadas masivas son demasiado evidentes; sin embargo, no han sido anticipadas por muchos ciudadanos que votaron por Trump, quien tomó el tema de la migración como el eje principal de su campaña y de sus ataques a Joe Biden, que había tenido una política que llamó de fronteras abiertas.

No obstante, algunas policías locales, como la de Denver y otras, optaron por desligarse de la política persecutoria de Trump e informaron a la población que ellos no colaboraban con la migra y que no había que tener miedo o esconderse de la policía.

Un reporte directo de Sacramento Gutiérrez, mayordomo del valle de San Joaquín, me informa que los trabajadores en la zona están escasos, hay campo que debían haber cosechado en enero y ahí están con toda la fruta, que las vides debían haber sido podadas en algunos campos y que no se ha hecho el trabajo. En muchos campos de mandarina, limón y naranja la fruta se está cayendo. Este tipo de trabajo es manual y se debe cortar la fruta con tijera para que dure más y no se pudra.

Por otra parte, antes los rancheros se ponían todos de acuerdo para fijar un salario por producto, pero ahora ya se rompió el sistema monopólico y los trabajadores preguntan antes por la paga y si no les conviene se van a otro lado, por lo que las deportaciones han redundado en un incremento de los salarios.

No podemos decir que haya un colapso en la agricultura y los servicios, porque tampoco se han cumplido las deportaciones masivas como se habían anunciado. Es posible que con los indicios actuales sobre los efectos no anticipados se esté sopesando la pertinencia de seguir deportando y, en vez de macartismo, lo que tengamos sea gatopardismo. Que todo siga igual.

Mientras el mundo enfrenta las pataletas de Trump en torno a aranceles comerciales, es obligado también poner atención al continuo golpeteo a las soberanías nacionales por empresas trasnacionales cobijadas bajo acuerdos internacionales de inversión, ya sean tratados de libre comercio (TLC) o tratados bilaterales de inversión (TBI).

El concepto de soberanía nacional se ha convertido en eje principal del gobierno de Claudia Sheinbaum, como contundente respuesta a un Trump dispuesto a anunciar las peores tropelías como intervenir militarmente en México, anexarse a Canadá y Groenlandia o hasta crear un emporio turístico de su vulgar gusto en la vapuleada franja de Gaza. Pareciera que la única amenaza que viniera del exterior fuera la locura del presidente estadunidense.

Pero el neoliberalismo, por más cuestionado que esté, tanto por la izquierda progresista como la de la 4T, por un lado, y golpeteado por la derecha nacionalista y xenófoba como la de Trump, no se tambalea como se pregona; mantiene sus tentáculos de poder en instituciones como el FMI, el Banco Mundial (BM), la OMC, etcétera. Mientras se mantengan incuestionados en México los TLC y TBI, la soberanía del país seguirá violentada.

Es importante recalcar los esfuerzos de Alicia Bárcena que, como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha puesto énfasis en la importancia de la soberanía en la gestión de los recursos naturales, destacando la necesidad de fortalecer una política ambiental humanista que incorpore a las comunidades(https://tinyurl.com/4b9dkwhp). Pero, ¡atención! en lo que va de 2025 ya cayeron a México dos nuevas demandas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas e Inversiones (el infame Ciadi) del BM. Una es de la empresa francesa de seguros Axa. Pero la que nos importa para este artículo es la demanda por la empresa Draslovka Holdings AS, de la República Checa, que se presenta como el productor más grande del mundo de cianuro de sodio, un químico vital para la minería de oro (https://www.draslovka.com/ ). Draslovka demanda a México por al menos 240 millones de dólares, bajo el TBI entre México y República Checa.

En octubre de 2020, el gobierno de México había negado el permiso ambiental para el proyecto de cianuro de Chemours en La Laguna, Durango. En 2021, Draslovka adquirió la división de minería de la empresa estadunidense The Chemours Co para extender sus actividades en México (cuenta además con operaciones de suministro a minas de metales en Zacatecas, Guerrero y Sonora). En diciembre de ese año se retiró del proyecto de construcción de la planta de cianuro, debido a las disputas con comunidades locales que se resistieron durante años a la construcción de la amenazante fábrica (https://tinyurl.com/mr4a6mdw).

En 2023 la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Acción Colectiva Ambiental denunciaron cómo integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio sufrieron represión policial por su defensa ante el megaproyecto químico industrial de cianuro de sodio Chemours Laguna y cómo, a pesar del desmantelamiento del proyecto químico, el frente continúa sufriendo represalias por su defensa de los derechos humanos. Draslovka, en cambio, se ha dedicado a difamar al frente con los típicos argumentos de que son detractores del desarrollo y opuestos a mejora de oportunidades laborales para las comunidades(https://tinyurl.com/bdcwzcyx).

México sigue enfrentando más de una veintena de ISDS (La Jornada, Aumento de amenazas a México, 20/5/24) por miles de millones de dólares (no es posible determinar una cifra exacta, pues no hay información pública de varias de estas demandas). Pero sabemos que la demanda de la minera estadunidense Legacy Vulcan LLC contra México por al menos mil 900 millones dólares continúa. Fue interpuesta en 2019 bajo el TLCAN/T-MEC, y es sin duda un elemento de discordia y de intromisión a nuestra soberanía por Estados Unidos. Las comunidades de Playa del Carmen siguen en pie de lucha por la defensa de sus territorios y atentas a cómo Vulcan se apoya en congresistas republicanos que enviaron una carta a Trump para que interceda a su favor; además de acusar al gobierno de la 4T de haber atraído inversión del Partido Comunista chino (sic) para el proyecto del Tren Maya, lo cual iría contra los intereses de seguridad de EU (https://tinyurl.com/6s8fen2x).

Otro caso es el de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, en Ixtacamaxti­tlán, Hidalgo, por cuya efectiva resistencia la canadiense Almaden Minerals tiene demandado a México, bajo el Tratado Transpacífico (TPP) por al menos 500 millones de dólares (https://tinyurl.com/2tvm45df). Y son varios los casos de resistencia comunitaria por los que México ya ha sido obligado a pagar cientos de millones de dólares en compensación, incluyendo a las estadunidenses Metalclad y Odyssey y la italiana Tecmed.

¿Qué tienen en común las demandas mencionadas? Que en los TLC o TBI mediante los que se interponen se incluye, entre otras, la cláusula de protección y seguridad plenas, la cual exige a gobiernos firmantes otorgar a empresas extranjeras el nivel de protección policial exigido conforme al derecho internacional consuetudinario(https://tinyurl.com/yesp8vc2). En otras palabras, se obliga a gobiernos a reprimir a poblaciones locales que se oponen a proyectos extractivos, destructivos de su ambiente y sus territorios. Por esto y más se deben eliminar las disposiciones de protección de inversiones, incluyendo el mecanismo de ISDS de los tratados internacionales firmados por México.

*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)