Las deportaciones de México a Centroamérica, como vimos en la entrega anterior, han venido en aumento y crecerán aún más. Si el presidente Obama ordena la deportación masiva de niños a Centroamérica, más temprano que tarde podríamos tener nuestra propia crisis humanitaria aquí. En todo 2013 México deportó a 8,577  niños, niñas y adolescentes centroamericanos, de los cuales 5,653 fueron no acompañados (65.9%) y a la altura de mayo de este año ya llevamos 8,007 niños de los cuales 4,230 viajan solos (52.8%). ¿A cuánto ascendería la cifra con las deportaciones?

¿Qué tenemos y qué necesitamos?

Por ejemplo, trata de responder a esta problemática la iniciativa de Ley General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados, a cargo de Amalia Dolores García Medina y suscrita por Verónica Beatriz Juárez Piña, diputadas del Grupo Parlamentario del PRD.

Esta iniciativa tiene por objeto “establecer y regular la intervención del Estado Mexicano en la protección y asistencia de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, observando en todo momento el principio del Interés Superior de la Niñez”. En particular, en el artículo 9, señala que son derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en situación migratoria irregular, que “se identifique previamente cualquier necesidad en protección internacional y se tome en cuenta el principio de no devolución a su país de origen o de residencia, cuando así sea conveniente para el interés del niño, niña o adolescente”. Esto es muy importante. http://tinyurl.com/pkqg3ox

Pero tiene una gran debilidad: la operación de esa ley recaería en el DIF. El Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, cuenta con un presupuesto que alcanza sólo 1.6 millones de pesos por estado. A través de este programa se atiende a la niñez migrante no acompañada, además de la inmersa en “riesgos psicosociales (adicciones y embarazo adolescente), trabajo infantil, explotación sexual (…) De igual manera ejerce acciones preventivas e informa a la población sobre los riesgos de las problemáticas antes descritas; promociona la participación infantil y el buen trato. Asimismo, incluye acciones para el fortalecimiento institucional del DIF mediante la capacitación del personal que opera el programa y la promoción del desarrollo de estudios e investigaciones que refuerzan la atención de calidad y efectiva de las niñas, niños y adolescentes”. (UNAM, 2010/2013)

Perdón por la retahíla, pero es para mostrar que casi hay más tareas que presupuesto, sin una concepción adecuada, acorde con un verdadero Sistema Integral de Garantía de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, capaz de responder a una problemática compleja y de dimensiones que actualmente está lejos de combatir.

Por otro lado, ¿los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS), del INM, están en capacidad de determinar el interés superior de los niños centroamericanos? ¿Se aseguran de entregar al DIF a todos los niños que requieren asistencia social? (art. 29, Ley de Migración) ¿El INM promueve visas humanitarias, de acuerdo con su interés superior, de los niños que corren peligro (art. 74, Ley de Migración)? ¿El gobierno de México concede la condición de refugiado a los niños que no pueden regresar a su país por violencia comprobada? (Ley sobre refugiados y protección complementaria, art. 13).

De acuerdo los boletines estadísticos del INM, de 2010 a 2013, 23,522 niños, niñas y adolescentes han sido sometidos a la “repatriación asistida”. Es decir, todos, por encima de nuestras leyes y convenios internacionales. Evidentemente lo que se busca simplemente es la ejecución rápida de la repatriación, por encima del interés superior del niño.

Nos falta la ley general de protección a la infancia, pero también acercar las normas en el papel a la práctica en el terreno. Hemos avanzado en las normas, como la Circular No. 001/2010, pero menos en la efectiva protección de los niños. Por otro lado, el DIF todavía no garantiza el retorno seguro de los niños mexicanos de este lado de la frontera, de la misma forma que EU no lo hace con nuestros niños en su territorio. El INM tampoco garantiza la protección y el regreso seguro de los niños y niñas que deporta México a Honduras, El Salvador o Guatemala, porque México hace lo mismo que Estados Unidos con nuestros niños: se trata de deportarlos lo más rápido posible, independientemente de lo que pueda pasarles.

México está en un grave problema y el DIF difícilmente podrá abstraerse de participar, si no en su solución, sí en la manera de enfrentarlo, porque tiene trabajo pendiente aquí con los niños mexicanos y porque ya no se podrá funcionar sólo con base en la contención migratoria de niños centroamericanos, especialmente en los términos brutales en que actualmente ocurre, sobre todo si ACNUR se decide a actuar y el gobierno de Estados Unidos asume verdaderamente su responsabilidad en esta crisis.

La previsible llegada masiva de más niños, niñas y adolescentes a nuestro país, junto con la expedición de una ley general de protección y la consiguiente creación de un Sistema Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pueden ser una oportunidad para que el DIF se rehaga como institución tanto para cumplir con las obligaciones del Estado para con los niños de México, como para garantizar protección a los que vienen de Centroamérica. Puede ser una institución ejemplar, si reconoce sus límites actuales y se transforma en la ruta de lograr efectividad.

Necesitamos un Sistema que tendría que asegurar para los niños de México, lo que propone Jorge Durand para los niños de esos países: “instalaciones, maestros, becas, comedores escolares, centros de salud, campos deportivos, etcétera”, porque “la única y mejor manera de retener a la población infantil y juvenil en su país de origen es proporcionándole oferta educativa gratuita y de calidad”.

¿Dónde deberían estar en estos momentos los niños migrantes y los niños migrantes no acompañados?  “La respuesta es obvia: con sus familias y en la escuela o la universidad”, dice mi viejo amigo Jorge Durand.

¿Lograrlo es muy difícil? Sí, es muy difícil. Lo fácil es hacer lo que se hace ahora. ■

¿Qué situación registra Issstezac?

Para el mes de septiembre, cuando se inicie el período ordinario de sesiones y rinda el gobernador Miguel Alonso su Cuarto Informe de Gobierno, estará en tránsito el envío de la iniciativa de reforma a la Ley del Issstezac (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas), con la que se pretende incrementar las cuotas de los trabajadores, la edad de los afiliados, entre otras medidas.

Al Issstezac no se le han hecho reformas a su Ley prácticamente en los últimos 27 años, período en el que se ha registrado un incremento sustancial en la plantilla de los trabajadores del gobierno estatal y lapso en el que se han hecho compras, adquisiciones, rentas y contrataciones que poco tienen que ver con la transparencia, la eficacia y la eficiencia de la administración estatal en su conjunto.

Tampoco en este lapso se ha observado una visión de modernización de la administración en los fondos de pensiones y menos aún, una visión de compromiso y responsabilidad para garantizar a los trabajadores al servicio del estado su pensión vitalicia, bien remunerada y asegurada.

Y es que el compromiso no solo se circunscribe en tener una visión moderna en el sistema de pensiones del estado, sino en el cumplimiento de las aportaciones puntuales de la administración pública al fondo del Issstezac, lo que no ha sucedido hasta el momento.

Tan solo los Colegios de Bachilleres (COBAEZ) adeudan 75 millones de pesos al fondo de pensiones al Issstezac, pero la administración en su conjunto no le ha pagado más de cien millones de pesos al Instituto, lo que es muestra clara de la falta de responsabilidad de la administración gubernamental con el fortalecimiento del sistema pensionario, y un ejemplo de la ineficiente administración estatal.

Otro factor que sin lugar a dudas incide en las precarias finanzas del instituto en cuestión, es la contratación del personal que se realiza como el “pago” de las facturas electorales de las campañas políticas, la proliferación de “asesores” que traducido al lenguaje político son “aviadores” u “operadores políticos” que utilizan los recursos públicos para cooptar o realizar campañas electorales con cargo al erario público.

Los trabajadores institucionales del Issstezac conocen este tipo de prácticas pero además, son presionados para obligarlos a renunciar, mediante el “congelamiento” de sus actividades o el cambio de adscripción, para que se acojan al “plan de retiro voluntario”, lo que permite contratar simpatizantes con la actual administración.

El director Víctor Rentería López dio a conocer que recibió la actual administración del instituto con 1,203 trabajadores y que en la actualidad son 1,110 y que con ello se han ahorrado 900 mil pesos mensuales, gracias al citado plan de “retiro voluntario”, pero lo que no se dice es que se han creado  nuevas áreas y que se han continuado contratando a más personal.

En este contexto, de la permanencia y de la contratación de personal, la dirección del Issstezac jamás habla del Servicio Profesional de Carrera, que debería ser la base de la permanencia y crecimiento y desarrollo en el ámbito laboral. Es letra muerta.

Por otro lado el obtener una plaza en el gobierno, municipal o estatal, es un privilegio, pero ahora para la clase gobernante otorgar una base al trabajador, es parte de la problemática de la administración pública, lo cual es absolutamente contradictorio puesto que la aspiración del burócrata será siempre tener certeza laboral en su trabajo.

Ahora bien, en poco más de un mes la dirección general del Issstezac deberán informar a los trabajadores afiliados y a la población en general (porque son recursos del erario público), la situación real del Issstezac y las causas del fracaso administrativo del instituto, antes de enviar una iniciativa de reforma a la Ley.

Por elemental deducción los zacatecanos requieren conocer cuáles fueron los motivos, causas, excesos, desaseos y abusos que provocaron la crisis por la que hoy enfrenta dicho instituto, y si hay que deslindar responsabilidades se debe actuar en consecuencia, y aplicar la Ley con todo su rigor; porque ese tipo de acciones u omisiones, han puesto en riesgo el futuro inmediato de los trabajadores al servicio del estado que depositaron su confianza en la clase gobernante.

Es en estos momentos cuando el Poder Legislativo debe asumir su papel de fiscalizador independiente, para que del resultado de una auditoría al Instituto, se pueda obtener la base de análisis que permita reformar una Ley de Seguridad Social que asegure el futuro de las pensiones de los trabajadores al servicio del estado.

Si no se parte de una base de conocimiento real y objetivo, la administración pública solo estará cargando el costo de la corrupción y la ineficiencia en las percepciones de los trabajadores, quienes por cierto, cada día padecen un mayor deterioro en sus ingresos salariales con la aplicación de descuentos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Por cierto que en la pasada legislatura y desde el año 2012 el entonces diputado petista Sául Monreal Ávila, a nombre de su fracción parlamentaria, propuso una iniciativa de decreto para modificar los artículos 102, 103, 105, y 110 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac).

“Los proponentes tienen como objetivo evitar que en el Issstezac se desarrollen prácticas insanas como la discrecionalidad, corrupción, mal servicio y deficiente vigilancia interna de los recursos que maneja, manifestando su preocupación principal porque sean totalmente claros los fondos destinados a pensiones y préstamos a derechohabientes, que a finales del año pasado ascendían a 240 millones de pesos para el primero, y 1550 millones de pesos para el segundo. (http://www.congresozac.gob.mx/s/4826). La iniciativa nunca fue tomada en cuenta y pasó a comisiones para su revisión, o sea, fue a la “congeladora” del congreso.

Dos años después el gobernador Miguel Alonso Reyes anticipa que se enviará una iniciativa de decreto que reformaría a la actual Ley del Issstezac, acción impostergable debido al deterioro de las finanzas en el fondo de pensiones.

“En entrevista con Pórtico Online Rentería López el director del Issstezac aceptó que Zacatecas no ha hecho la tarea en los últimos 20 años, lo que se traduce en que actualmente el fondo de pensiones sólo se conforme por 280 millones de pesos en 27 años de vida del instituto, lo que significa prácticamente una aportación de diez millones por año al fondo”.( http://porticoonline.mx/2014/07/07/gobierno-y-cobaez-adeudan-175-mdp-a-issstezac-renteria).

¿Se informará la situación financiera real y las causas del deterioro del Issstezac?

Al tiempo. ■