En el Mirreinato de Rafael Moreno Valle nada se mueve sin el control casi absoluto del Ejecutivo poblano. En menos de cuatro años, el joven político que llegó bajo una coalición opositora rebasó en autoritarismo, dispendio mediático y mañas a su antecesor de triste memoria en la misma entidad: el priísta Mario Marín, El góber precioso.

La “popularidad” de Moreno Valle ha ido de la mano con su dispendio en medios de comunicación, replicando el modelo de Enrique Peña Nieto, pero con un ingrediente adicional: su compulsión por tener el control de todos los partidos políticos (PAN, PRD, PRI y no pocas ONG’s), medios impresos, electrónicos y digitales, más empresarios y la Iglesia.

Sólo para su primer informe de gobierno, Moreno Valle destinó 180 millones de pesos en auto promocionarse: 38 millones para TV Azteca y 66 millones para Televisa y el resto para medios impresos nacionales y locales, así como estaciones de radio. Según la organización Fundar, Moreno Valle ha gastado en promoción personal hasta ahora 582 millones de pesos (194 millones al año), sin contar las “donaciones” en especie y los intercambios de grandes favores al duopolio televisivo que no se facturan.

El dispendio mediático morenista va de la mano de sus obras faraónicas: 66.6 millones para remodelar la Casa Puebla; 11 millones de dólares (143 millones de pesos) para comprar dos helicópteros Augusta Grand y Koala; 200 millones de pesos para el Teleférico; 400 millones de pesos para la Rueda de la Fortuna que sorprendió a los propios poblanos; mil 386 millones de pesos para los festejos del 5 de mayo; mil 800 millones de pesos prorrateados a varios años para el CRIT de Teletón, y mil 300 millones de pesos para un Museo Internacional Barroco.

En contraste, el número de pobres en Puebla se disparó de 3 millones 616 mil a 3 millones 878 mil, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conejal). Es decir, 262 mil poblanos en condiciones de pobreza tan sólo en sus dos primeros años de gobierno.

La inequidad social no le quita el sueño a Moreno Valle. Su proyecto sólo tiene un objetivo: utilizar el gobierno de Puebla para convertirse en el “nuevo Peña Nieto”. Y para ello ha sido capaz de todo.

Las versiones del propio SNTE le atribuyen al mandatario local ser uno de los “soplones” contra Elba Esther Gordillo, su madrina política, ante el gobierno peñista.

Las revelaciones del gobernador aceleraron la detención de la matriarca magisterial para evitar su rebelión el año pasado.

Sus redes de poder abarcan lo mismo al ex presidente Felipe Calderón que al actual dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, que al grupo dominante en el PRD, Los Chuchos.

Los empresarios consentidos por Moreno Valle incluyen a David Peñaloza, de Grupo Tribasa, beneficiado con mil 400 millones de pesos en la venta de las autopistas de Puebla; o a Olegario Vázquez Raña, del Grupo Ángeles, postor de la tercera o cuarta cadena de televisión a través de Grupo Excélsior y Canal 28.

Moreno Valle incorporó a su gobierno a personajes de cuestionable trayectoria como Facundo Rosas, ex brazo derecho de Genaro García Luna, para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública. Sus “logros” han sido muy cuestionables: el robo con violencia se disparó en 253% y el secuestro en 515%, según la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El maquillaje mediático y las amenazas directas a sus críticos o a los activistas evitaron que la autocracia de Moreno Valle alcanzara resonancia nacional o internacional.

Desde antes de que se aprobara la ahora famosa #LeyBala, Moreno Valle impulsó la modificación a los artículos 1958 y 1968 Bis del Código Civil para endurecer penas contra periodistas y ciudadanos críticos. Demandó a los comunicadores Fabián Gómez y Adrián Ruiz. Persiguió a Pedro Barojas, colaborador de su adversaria política, la panista Ana Teresa Aranda, y mantiene a 31 presos de orden social con procedimientos de dudosa legalidad, según documentó Aurelio Fernández, director de La Jornada Oriente.

Entre esos activistas encarcelados se encuentran aquellos que amenazan los grandes negocios y despojos de tierras para beneficiar al capital extranjero en proyectos energéticos. Son los casos de Abraham Cordero, Enedina Rojas (casi sexagenaria) y Juan Carlos Flores Solís, opositores al despojo de tierras de campesinos para la construcción del Gasoducto Morelos y el Arco Oriente.

A través de un misterioso consorcio denominado Grupo Sexenio, con presencia en 18 estados de la República, Moreno Valle emprende campañas contra sus críticos, incluyendo a periodistas y políticos que se atreven a contradecir sus órdenes. Así le ha sucedido a Roxana Luna, perredista y visible disidente de Los Chuchos, o empresarios locales como Eduardo Cortés, puntualmente amenazado en columnas periodísticas de dudosa factura, que utilizan el espionaje a través de videos o llamadas telefónicas.

El manual de guerra sucia de Moreno Valle reventó en estos días con la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad. El escándalo nacional y las crecientes protestas de poblanos radicados en Estados Unidos generados por el fallecimiento de este niño han logrado lo que críticas aisladas no pudieron: focalizar el tema en los excesos autoritarios del #GoberBala.

La rimbombante Ley de Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública fue aprobada el 9 de mayo con 33 votos a favor y sólo cinco en contra de los únicos legisladores locales que se atrevieron a salirse del guión del gobernador. Fue rebautizada como #LeyBala por autorizar el uso de la fuerza y armas “de goma” para repeler agresiones (artículos 9 y 43).

La #LeyBala convirtió a Puebla en laboratorio de esta especie de fascismo mediático-tecnocrático que está dominando a gobiernos estatales y federal. La criminalización de la protesta social se convierte en un guión grotesco de las televisoras y las legislaturas para acusar de “vándalos”, “anarquistas” o “revoltosos” a todos aquellos que ejercen el elemental derecho constitucional a la protesta.

La agonía de José Luis Alberto estuvo acompañada de una grosera campaña para atribuir el impacto de un proyectil al niño a los propios manifestantes. Incluso, Facundo Rosas ha insistido en que las verdaderas víctimas son 48 elementos policiacos que resultaron lesionados.

En una clásica jugarreta oportunista, Moreno Valle pidió abrogar su #LeyBala porque ha sido “estigmatizada”. Aunque un poco tarde, el proyectil que cobró la vida a un menor de edad ya alcanzó al autócrata poblano.

Ojalá la sociedad poblana esté consciente que en esta entidad se juega no sólo una ley sino el laboratorio más peligroso de una nueva oleada autoritaria a escala nacional. ■

Ni en los sueños más salvajes de Ernesto Zedillo, ni en nuestras más aterradoras pesadillas concebíamos reformas tan drásticas como las de este sexenio. Tenía razón Paco Ignacio Taibo II en el documental De la barbarie a la esperanza, Ali Babá y los 40 ladrones llegaron con el hambre feroz por no haberle podido hincar el diente a gusto al presupuesto nacional en doce años. El despilfarro de Peña Nieto en campaña no podía ser gratuito, y pese al costo político que implica, llegó el momento de pagar la factura. Dos años después de la elección cabe preguntarse ¿Cuánto les debía el PRI que con Pemex les pagó?

La Reforma Energética que permitirá al capital privado plena intervención para explorar y explotar el petróleo en todas sus etapas, prácticamente privatizó el petróleo sin “vender un tornillo” de Pemex, como les gusta decir a los neoliberales. La pérdida es para todos, pues aunque se nos ha hecho creer que nunca fue nuestro, fue del petróleo de donde salió 40% del presupuesto público que hoy tenemos que cubrir con más impuestos.

Aún no salíamos del azoro de la reforma en lo general, cuando vino la aprobación de las leyes secundarias que nos trajo más “bondades”:

Por principio, se aprobó el uso del fracking para la extracción de hidrocarburos, técnica de fracturación hidráulica para la cual se utilizan entre 9 y 29 millones de litros de agua con químicos que pueden generar a largo plazo migraña e incluso cáncer. Es tan grande la amenaza de contaminación del agua y del subsuelo que Greenpeace se pronunció públicamente en contra.

Por otro lado con la reforma podrían dejar de llegar más de 23 mil millones de pesos a los estados, lo que significaría una disminución de 50% del presupuesto de estados como Zacatecas, según lo advirtió hace meses Rodolfo García Zamora. La Secretaría de Hacienda dice que ni lo sentiremos, al fin que el boquete se cubrirá con los impuestos aumentados y corregidos por la reforma hacendaria.

También se aprobó la “ocupación temporal” de tierras es decir, que si las empresas del sector energético, previsiblemente extranjeras, requieren de tierras privadas, ejidales, comunales etc., el legítimo dueño estará obligado a entregárselas, le guste o no, gracias a un proceso legal que lo forzará a ello a cambio  de la indemnización que establezca la autoridad.

Éramos muchos y parió la abuela. Aún no terminamos de pagar el Fobaproa que nos endeudó con 850 mil quinientos millones de pesos, cuando nuestros legisladores ya nos endilgan la deuda de los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que juntos ascienden a un billón 347,000 millones de pesos. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dice consoladoramente que esta deuda es pública de origen al tratarse de empresas paraestatales. No explica sin embargo ¿si es que hubo alguna vez dentro de las empresas, como debiera haber existido, un fondo para pagar ese pasivo, y si lo hubo dónde está? ¿En el caño de la corrupción?

Asumir el pasivo laboral de Pemex y CFE significaría un endeudamiento en total de 7 billones 982,500 millones de pesos, equivalente a 48.5% del Producto Interno Bruto (PIB), la deuda más alta de los últimos veinte años.

Con todo ello, continuará mensualmente el aumento a las gasolinas, aunque con la entrada de nuevas empresas en un futuro el precio se fijaría según el mercado, en esa trampa del neoliberalismo que nos dice que a mayor competencia, menores precios; como si los grandes industriales no fueran capaces de ponerse de acuerdo para vender caro. Finalmente hasta en los alimentos es previsible el aumento de los precios, pues con los energéticos caros, la amplia probabilidad de despojo de tierras agrícolas, y el uso del agua para el fracking, habrá menor producción de alimentos y con ello, aumento del precio de los mismos.

Y finalmente, la cereza del pastel del servilismo legislativo: la exención a las trasnacionales del sector energético de la obligación de reparto de utilidades entre sus trabajadores.

¿Será que todo está perdido? Eso esperan que creamos.

Aún podemos impedirlo, de acuerdo a lo publicado en el Diario oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014, si 2% del padrón electoral así lo exige, se podrá realizar una consulta respecto a la Reforma Energética, y si en ella participan al menos 40% del padrón electoral, el resultado tendrá que acatarse obligatoriamente.

En ese entendido el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento de Regeneración Nacional, cada uno por su parte, organizan la colecta de firmas que exigirá la realización de la consulta. Sabrá usted cual es la cruz de mi parroquia, nunca ha sido un secreto, si le interesa hacer algo más que lamentarse, es decir firmar por la consulta, es cosa de decirlo-escribirlo.

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@luciamedinas

La frontera entre dos países no siempre es un lugar vigilado y regulado por las autoridades de los países, y aún menos por sus cuerpos policiacos. Sólo entre países limítrofes en conflicto, la frontera se ha convertido en una región militarizada. Desde que en 1994 se puso en el centro la discusión de vigilar bajo distintos programas la frontera de Estados Unidos con México se han sucedido un sin fin de acontecimientos en cadena que indican un cambio brusco en las relaciones de ambos países. La frontera en primer lugar es cada vez más el lugar donde encuentran la muerte un creciente número de indocumentados, entre los que se encuentran los “menores migrantes no acompañados” que tratan de llegar a Estados Unidos. En segundo, es también un espacio de poder en donde se viene construyendo una relación asimétrica con México desde las altas esferas del Estado norteamericano, y, tercero,  desde la sociedad civil, la frontera es asimismo un espacio de negociación, cuyos actores dan forma y contenido a las relaciones entre los dos países.

La frontera de México con Estados Unidos es muy extensa, abarca más de 3000 kilómetros. Su extensión hace posible una diversidad de relaciones que toman forma sobre la base de la existencia de varias poblaciones “hermanas”, cuyas autoridades locales de ambos lados se ven compelidos a tomar decisiones que los gobiernos centrales no siempre comprenden. Así, la Región “Paso del Norte” es una frontera altamente permeable donde la vida entera se expresa a través de los encuentros frecuentes de sus habitantes, cuya perspectiva civil incluye no solo su reconocimiento sino también su preservación; “no es simplemente una línea o un mapa sino… más fundamentalmente es una área susceptible donde dos culturas o sistemas políticos están cara a cara” (Paredes, 1978). Esto es concebido por algunos especialistas a partir del concepto conocido como “la región  trasfronteriza” México-EU, la cual abarca por el lado mexicano los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas y del lado estadunidense se extiende de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Cuenta además con “ con 14 pares de ciudades que fomentan los más de 200 millones de 
personas cruzando por los 25 puertos o cruces internacionales” (Colef, 2012: 2).

Pero, ¿cómo se gestó esto? El concepto “Paso del Norte” es un artificio histórico cuyo significado es el de “estar de paso” y transitar hacia el Norte. Actualmente, El Paso sigue siendo una región de transición para ir a Estados Unidos, pero también lo es en el sentido de haber creado un escenario social particular. A diferencia del resto de México, aquí la imagen que se tiene de la frontera es muy distinta a otras percepciones creadas por las relaciones de proximidad de dos ciudades hermanas entre El Paso, Texas y Ciudad Juarez, Chihuahua. En efecto, estos dos centros urbanos están geográficamente unidos en la frontera más dinámica en cuanto a la circulación de bienes manufacturados. De un lado encontramos, la Base Militar Fort Bliss, que es el Centro de Entrenamiento de Artillería más grande del Mundo, la Patrulla Fronteriza, los Minus Man y del otro, las grandes maquiladoras de tercer nivel, los indocumentados tratando de cruzar la frontera, el Grupo Beta, etc. y como parte de este engranaje están los commuters y los estudiantes chihuahuenses que cruzan la frontera, loos primeros para ir a trabajar y retornar diariamente o en una semana y los segundo para ir a estudiar a la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).  Estas ciudades cooperan asimismo en una misma problemática ambiental sobre el agua, su distribución y uso a tal grado que sus autoridades emprenden soluciones ingeniosas y de colaboración.

La dinámica y complementariedad de estos procesos es tan intensa que Ciudad Juárez y El Paso se miran asimismo como parte de un mismo todo. Y es que sus habitantes definen la zona transfronteriza como un espacio imposible de administrar y determinar por las políticas federales diseñadas desde Washington o el Distrito Federal. Aquí la sociedad civil reconoce que estas ciudades son grandes albergues de inmigrantes. Ellos llegan a trabajar, en un lado, en las maquiladoras y en el otro, en los servicios, pero la mayoría va de paso. Para sus habitantes, la puesta en marcha del TLCAN no hizo más que reconocer la intensa relación que ya existía y que de alguna manera ya presentaba una dinámica propia.

Actualmente, con la crisis de la economía estadunidense, Juárez se ha convertido asimismo en una ciudad receptora de migrantes deportados que ha generado sentimientos xenófobos ispirados en la retórica gubernamental de Estados Unidos, misma que se expresa en las declaraciones e iniciativas del ex-alcalde (PRI 2007- 2010) José Reyes Ferriz, (Padilla, 2012: 222). Además, el propio Instituto Nacional de Migración al utilizar la idea de que esos migrantes no son deportados sino repatriados, ocultando con ello la gravedad de la situación.

Entonces, más que hablar de una frontera común de México entre con Estados Unidos, en este caso existe la percepción de que esta es frontera singular que reclama ser distinguida por sus peculiaridades. Pero, más allá de la xenofobia promovida por las autoridades locales, lo evidente es que la sociedad juarense dista de aquella donde se fomenta el odio y la intolerancia, no existe colaboración entre las autoridades y donde las poblaciones tácitamente se reconocen integrando dos naciones que tienen poco en común. En ese sentido, Ciudad Juárez y El Paso rompen la regla: más allá de sus autoridades, son ciudades hermanas que han creado una fuerte interdependencia económica, adminitrativa y ambiental, lo mismo se habla perfecto inglés que español. La  UTEP (Universidad de Texas, El Paso) es una expresión de ello, donde la población hispana juega un rol relevante; por ejemplo, de los 20 mil estudiantes inscritos, un porcentaje no despreciable son mexicanos que cruzan diariamente la frontera para asistir a la universidad. Igual que este caso, existen multitud de parejas cuyos miembros son nacionales de ambos países. Así, cruzar el puente es semejante a la metáfora, de cruzar las fronteras cotidianamente, donde existen identidades múltiples (Rosaldo, 1989), de hacerlas permeables y de pasar de un idioma a otro, sin ser estigmatizado.

La frontera, sobre todo destacando sus contradicciones, es en las circunstancias actuales y desde la sociedad civil, una imagen en disputa, cuya principal tensión lo provoca el endurecimiento nacional de las políticas xenófobas del lado estadunidense, cuya procesamiento estatal es el resultado del pensamiento político hipercatectizado que percibe la frontera solo como un espacio de poder e intolerancia. En la lógica inversa, los actores sociales, aunque mantienen un debate permanente, en general reconocen que la Border Patrol es parte de un engranaje de poder asimétrico y sin embargo, alcanzan a percibir que quienes cruzan como indocumentados no son terroristas ni criminales, ni deben ser tratados como tales. Además, así como miramos a los cuerpos policíacos vigilando la Frontera, también encontramos en ambos lados de la frontera, a las ONG´s humanitarias, quienes tienen claro que esta es una coyuntura importante de la lucha social en Estados Unidos para promover una reforma migratoria integral, cuya imagen de la frontera como espacio en disputa dejará de serlo si se emprenden acciones de colaboración, sobre los asuntos más espinosos, donde la sociedad civil ahora se pregunta ¿hasta qué punto es posible mantener un flujo ordenado de trabajadores contratados si se emprenden relaciones de colaboración? ¿Por qué no reconocer que Estados Unidos se ha vuelto dependiente de la mano de obra de inmigrantes y se toman medidas legales para que estos trabajadores y sus familias sean reconocidos con derechos, así sea parciales, pero que hagan posible que salgan de la clandestinidad? ¿Estados Unidos garantiza la seguridad nacional presuponiendo que entre los indocumentados que cruzan del lado mexicano puede haber terroristas? ■

Bibliografía

El Colef, (2012), Plan Indicativo para el Desarrollo Competitivo y Sustentable de la Región Transfronteriza, México-Estados Unidos, Versión 2.0

Padilla, Héctor,  (2012), “¿Repatriado? Una historia de vida y su contexto”, en Migrantes Desplazados, Braceros y Deportados. Experiencias migratorias y políticas, María Dolores París Pombo, (Cordinadora), El Colegio de la Frontera Norte/Universidad Autónoma de Ciudad Juárez/Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.

Paredes, Américo, (1978), “The problem of identity in a changing culture: popular expressions of culture conflict along the lover Rio Grande Border”, in View Across the Border: The United States and Mexico, Ed. S. Roos, Albuquerque University of New Mexico, Pess.

Rosaldo, Renato, (1991), Cultura y Verdad. Nueva propuesta de análisis social, Grijalbo, Col. LOS Noventa, México.

* Doctor en Ciencias Sociales y actualmente docente-investigador del Programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo

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