La división de poderes ha sido el sostén para explicar la organización y funcionamiento del Estado liberal. La tríada Ejecutivo, Legislativo y Judicial es la fórmula para crear contrapesos. A fines del siglo XX, algunas constituciones suman poderes. El defensor del pueblo, sin ir más lejos. Y en la República Bolivariana de Venezuela (1999), el poder ciudadano y el poder electoral. Sea cualesquiera la fórmula para evitar arbitrariedades, se han ideado mecanismos compensatorios para reducir al máximo la impunidad a la hora de fiscalizar el poder político. Así, el legislador ha previsto el recurso de apelación como última instancia para dirimir los conflictos entre los poderes. En Estados Unidos, los tribunales constitucionales o la Corte Suprema cumplen dicha función. Sus miembros, juristas o jueces en ejercicio, se pronuncian a petición de parte. Sus sentencias son inapelables y de obligado cumplimiento. En el ámbito internacional, existen tribunales homologables. Me refiero a los derivados de la protección de los derechos humanos, las inversiones extranjeras o conflictos entre estados. El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, la Corte Internacional Penal y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dependiente del Banco Mundial. El principio que guía dichos tribunales internacionales viene precedido por la firma de los países que aceptan su jurisdicción. Si nos referimos a la Corte Internacional Penal: ratificar el Estatuto de Roma. Estados Unidos, Israel, Rusia, China, Arabia Saudita, Ucrania, Qatar, Turquía o India han rechazado sus principios. Sin embargo, su existencia puede considerarse condición sine qua non para la gubernamentalidad democrática a nivel internacional, evitando la impunidad de quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Se juzga a personas, no a estados.
Ahora quisiera llamar la atención a un hecho implícito cuando se trata de administrar justicia y consagrar la división de poderes. La imparcialidad de los jueces. En su arquitectura, mientras a los poderes Ejecutivo y Legislativo se les presupone una intencionalidad política e ideológica al momento de tomar decisiones, al Poder Judicial se le atribuye un manto de neutralidad. Jueces y fiscales, se argumenta, no participan o están por encima de los debates y la realidad política. Administran justicia. Por consiguiente, sus decisiones no sufren contaminación o no responden a intereses de partidos. Afirmación peligrosa, cuando no confusa o equívoca.
Por definición, el Poder Judicial es una institución política. La división de poderes, si asumimos la propuesta de Montesquieu, es técnica y funcional. El contrapeso o equilibrio de poderes se refiere a un todo: el Estado liberal. Si por alguna circunstancia se cuestiona el Estado liberal, por ejemplo, con el triunfo en elecciones presidenciales del candidato no deseado, los poderes Legislativo y Judicial estarían habilitados para revertir dicha anomalía y legitimar su lucha contra el Poder Ejecutivo. A la historia me remito. Algunos casos. La victoria de la Unidad Popular y Salvador Allende en Chile, 1970. Su programa contenía las reformas para abrir un proceso de transición al socialismo. Los poderes Judicial y Legislativo se unieron para legitimar el golpe de Estado en 1973, mostrando que la división de poderes, cuando se trata de mantener el Estado liberal, es una quimera. En Honduras, 2009, el presidente Manuel Zelaya fue destituido por la acción conjunta del Poder Judicial, el Legislativo y la anuencia de las fuerzas armadas; en Paraguay, 2012, Fernando Lugo sufrió el mismo proceso. El Parlamento y el poder Judicial tumbaron su gobierno. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida en 2016. Se unieron el poder Legislativo y Judicial, utilizando el mecanismo de impeachment. A lo cual podemos agregar la inhabilitación de Lula por el juez Sergio Moro, posteriormente, ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Fue una caricatura de juicio, fue encarcelado e impidieron su candidatura a presidente en 2017. La condena fue ratificada por el tribunal de apelación en 2018, por unanimidad (sic). En Perú, en 2022, su presidente Pedro Castillo fue detenido y destituido con el visto bueno de los poderes Legislativo y Judicial. Y, por último, Guatemala, este año, muestra las contradicciones. Tras las elecciones presidenciales, el Poder Ejecutivo fue ganado por el Movimiento Semilla y su candidato Bernardo Arévalo fue investido jefe de Estado. Hoy sufre el acoso de la fiscal general, Consuelo Porras, quien utiliza el Ministerio Público para boicotear las acciones del Ejecutivo, buscar su inhabilitación y retornar el Poder Ejecutivo a la plutocracia.
Jueces y fiscales son militantes sin carnet. No por casualidad, en países donde existen asociaciones profesionales las hay progresistas, conservadoras, feministas o defensoras de la democracia. Su neutralidad es retórica. La política está presente en los tribunales. Un juez conservador, católico practicante, no puede abstraerse de su posición ideológica a la hora de redactar una sentencia en caso de violencia de género. Sus valores prevalecen. Por el contrario, una jueza o fiscala, ligada con la lucha por la igualdad de género, no tendrá la misma percepción y eso se verá en su argumentario. Y no se trata de prevaricación.
El conflicto existente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando afecta los pilares del Estado liberal, se resuelve haciendo uso del Poder Judicial. La derecha es consciente y recurre a sus jueces para restablecer el orden. Es la última instancia para legitimar el golpe blando y posteriormente administrar justicia. Las dictaduras han sido un ejemplo de su comportamiento cuando se trataba de avalar las desapariciones, las torturas y las detenciones ilegales, negando el habeas corpus. Jueces y fiscales actúan de acuerdo con sus convicciones políticas. La justicia imparcial no existe.
