La actual administración rectoral de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) ha otorgado al menos 50 nombramientos de base de tiempo completo de forma directa a personas afines a su expresión política, afectando los derechos laborales de más de mil docentes que, por antigüedad y mérito, tenían derecho a ocupar esos espacios, según denuncias de universitarios.
Además, en semanas previas al proceso electoral de la BUAZ, la Rectoría habría otorgado de forma unilateral nombramientos de base a decenas de profesores más que, además de violar el Contrato Colectivo de Trabajo, implicarían un aumento de la nómina de hasta 10 millones de pesos mensuales, informó la secretaria general del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), Jenny González Arenas.
A través de documentos proporcionados a La Jornada Zacatecas, se constató la asignación de plazas sin que mediara convocatoria ni dictamen de la Comisión Mixta, mediante oficios firmados directamente por el entonces rector Rubén Ibarra Reyes entre 2020 y 2022.
Entre los casos documentados se encuentran Jaira Barragán García (Psicología), Frimario Ávila Jasso (Ciencias Sociales), Perla Ramírez Magadán (Cultura), Alejandro Espinoza Canales (Veterinaria y Zootecnia), David Jasso Velázquez (Psicología) y Roberto Flores Olague (Historia).
“Es una práctica que condena el SPAUAZ porque violenta derechos de otros maestros y más cuando se trata de nombramientos de tiempo completo para personas con poca antigüedad en la universidad y que no respetan la contratación colectiva”, expresó González Arena, quien detalló que la Comisión Mixta no reconocerá las bases otorgadas después de marzo de 2024.
Sobre los nombramientos de 2021 y 2022, la líder del SPAUAZ confirmó que no existieron procedimientos contractuales para su asignación. También mencionó el caso de un hermano del exrector, a quien se le otorgó una base de tiempo completo sin proceso de evaluación ni convocatoria.
En otro caso, David Jasso Velázquez, recibió un nombramiento de tiempo completo para impartir materias en tres áreas distintas de la Unidad Académica de Psicología (básica, educativa y clínica) a pesar de no contar con título como psicólogo.
Además, actualmente funge como director académico del Cecytez, también con una plaza de tiempo completo, lo que podría contravenir la cláusula de exclusividad establecida en el contrato colectivo.
Estas asignaciones, dijo, afectan a quienes llevan años esperando un proceso formal de promoción, además de alterar la distribución de carga de trabajo al no existir diagnóstico efectivo de la materia laboral disponible.
Sobre Frimario Ávila, Jenny González explicó que no tiene por qué tener una base de tiempo completo en el área de Ciencias Sociales, pues no cumple con el perfil para esa unidad académica, además de que se adscribe a TV UAZ, el cual se ha dedicado exclusivamente a promover la imagen del rector.
“En TV UAZ hay muchos casos de muchas personas que están basificadas con tiempos completos, sin tener materia laboral, sin estar frente a grupo y sin haber cumplido con el procedimiento contractual”, agregó González Arenas.
Según el procedimiento establecido, la asignación de bases debe realizarse previamente con un diagnóstico académico y de carga laboral, seguido de procesos de incremento y cambios de adscripción, y finalmente una convocatoria validada por las comisiones mixtas de sindicato y rectoría.
La denuncia se da en un clima adverso para quienes han exigido justicia ante la falta de respuesta de las autoridades a la sentencia de Rubén Ibarra, además de que han señalado que en redes sociales se han producido videos con inteligencia artificial con acusaciones difamatorias en su contra, mientras que jóvenes del Movimiento Estudiantil UAZ han denunciado represalias y agresiones por parte de maestros y directores de unidades académicas.
El mecanismo de asignación de plazas establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo también tiene como objetivo garantizar que los docentes más capacitados, con trayectoria y méritos comprobables, ocupen los espacios de mayor estabilidad laboral, señaló un entrevistado que eligió permanecer anónimo por temor a represalias.
Esto repercute directamente en la calidad educativa, la distribución justa de recursos, y el cumplimiento de estándares de evaluación externa, agregó.
Además, respetar los procesos evita el influyentismo, permite que quienes tienen más años bajo contratos precarios accedan a mejores condiciones, y asegura que los estudiantes reciban clases de docentes con trayectoria y dedicación comprobada.
