Con votación unánime, el Congreso del Estado aprobó ayer como de urgente y obvia resolución el exhorto del diputado Alfredo Femat Bañuelos para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reforme la Ley que regula la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La intención es dejar explícito que dicha unidad no debe utilizarse para calcular pensiones ni jubilaciones, sustituyéndola por el salario mínimo como parámetro.
El legislador argumentó que desde la reforma al ISSSTE en 2007, la UMA ha sido usada como base para calcular estos pagos, lo cual ha provocado una precarización sistemática en el poder adquisitivo de pensionados del magisterio y otros sectores públicos. Si bien afirmó que abrogar dicha ley federal escapa a la competencia del Congreso estatal, subrayó que sí pueden ejercer presión desde las entidades federativas.
En materia de transparencia, el diputado Marco Vinicio Flores presentó una iniciativa para reformar seis leyes estatales con el propósito de fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública y rendición de cuentas. Entre los vacíos que pretende subsanar están la falta de incorporación de nuevos sujetos obligados, la ausencia de sanciones eficaces para quienes incumplen con la publicación de información, y la necesidad de actualizar los procedimientos para garantizar la máxima publicidad y uso de tecnologías.
También propuso armonizar la Ley del Sistema Anticorrupción con la Ley de Transparencia, al considerar que actualmente existen ambigüedades que dificultan la delimitación de competencias entre órganos garantes y actores ciudadanos.
Jesús Badillo Méndez propuso exhortar al titular del Poder Ejecutivo a que los recursos asignados a la construcción del viaducto elevado sobre el boulevard Adolfo López Mateos sean redirigidos al fortalecimiento de sectores de salud, educación, mantenimiento de carreteras y espacios deportivos en los municipios.
A nombre de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Padilla Estrada presentó dos iniciativas. En la primera, que fue aprobada con 22 votos a favor y uno en contra, se facultó a la Jucopo, al Órgano de Administración y Finanzas y a la Comisión de Puntos Constitucionales para gestionar la recuperación y regularización jurídica de dos bienes inmuebles: la Casa de la Mala Noche, sede histórica del Congreso desde 1823, y una fracción de más de 22 mil metros cuadrados en el Cerro del Gato, donada en 2018. El objetivo es consolidar el patrimonio institucional del Legislativo y garantizar condiciones para albergar su archivo histórico.
La segunda iniciativa, también aprobada con 21 votos a favor y uno en contra, estableció nuevos lineamientos para el uso de material audiovisual en las sesiones del Pleno y comisiones, además de regular la participación virtual de diputadas y diputados. El acuerdo prohíbe expresamente el uso de pantallas con fines de autopromoción, obliga a solicitar autorización previa para proyectar materiales y prevé sanciones en caso de incumplimiento.
Asimismo, el Congreso aprobó por unanimidad la emisión de la convocatoria para integrar la Comisión de Selección encargada de nombrar al nuevo Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Podrán postular candidaturas del 29 de mayo al 4 de junio instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil. La comisión estará integrada por cinco personas: tres propuestas por universidades y dos por organizaciones con experiencia en transparencia y combate a la corrupción.
Entre las iniciativas turnadas directamente a comisiones sin lectura en el Pleno, está la del diputado Santos González Huerta, quien propuso expedir una nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El proyecto establece principios de seguridad, obligaciones específicas para las instituciones públicas y sanciones por el mal uso de la información. Busca además garantizar el ejercicio efectivo de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), permitiendo a los ciudadanos tener control sobre el uso de sus datos personales.
Por su parte, la diputada Ana María Romo Fonseca planteó una reforma a la Ley Orgánica del Municipio y a la del Poder Legislativo para que los 58 Ayuntamientos del Estado cuenten con un correo electrónico oficial, donde puedan recibir acuerdos y comunicaciones del Congreso, asegurando así su difusión y atención en las sesiones de cabildo.
La diputada María Dolores Trejo Calzada propuso reformar la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable para incorporar la perspectiva de género en las políticas del sector. La iniciativa busca garantizar el acceso equitativo de las mujeres a los recursos y establecer mecanismos de evaluación con enfoque de igualdad.
Óscar Novella Macías dio lectura a la iniciativa de Jaime Esquivel Hurtado para declarar de interés público la instalación de invernaderos agrícolas en Zacatecas. La propuesta busca fomentar la inversión en infraestructura agrícola protegida, mejorar la seguridad alimentaria y generar empleos rurales.
Finalmente, el propio Óscar Novella propuso que los delegados municipales ya no sean designados por los ayuntamientos, sino electos directamente por la ciudadanía a través de consultas populares, fortaleciendo así los mecanismos de representación en el ámbito municipal.
La sesión concluyó por falta de quórum mientras Eleuterio Ramos daba lectura a un punto de acuerdo promovido por la Comisión de Función Pública para buscar soluciones a la problemática interna de la Banda Sinfónica del Estado.
