Ciudadanos, organizaciones y colectivos de mujeres denuncian delitos electorales graves en el marco de las campañas para la renovación del Poder Judicial. Señalan que desde inicios de mayo se documentó la operación de servidores de la Nación para acciones de coacción del voto.
Los denunciantes detallaron que las personas beneficiarias de programas sociales en el estado “han sido presionadas para entregar listas de al menos 10 votantes, incluyendo nombre completo, teléfono, clave de elector y copia de sus credenciales de votar”.
Desde el 28 de mayo se registró la distribución de guías marcadas para votar en domicilios de beneficiarios del programa “Salud Casa por Casa”, agregaron. Mencionaron que a diferencia de estos acordeones que constituyen un delito electoral, las guías ciudadanas para orientar a los ciudadanos no atentan contra la legalidad del proceso, sino que son una respuesta cívica ante el contexto de desinformación.
Informaron que han presentado la denuncia ante las autoridades correspondientes, con videos, fotografías, capturas de pantalla de mensajes que evidencian el condicionamiento del voto y otras pruebas.
Solicitaron una respuesta urgente de la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR) para resguardar los vehículos oficiales de la Secretaría del Bienestar en el periodo del 28 de mayo al 2 de junio, entre otras medidas para evitar las actividades proselitistas y de coacción del voto.
Por último, hicieron un llamado a acudir a votar el próximo domingo 1 de junio, subrayando que la paz social y protección de los derechos humanos está en riesgo.
