“Pasaron 29 años para que se promulgara la Ley de Economía Social y Solidaria en 2012, y cuando finalmente llegó, lo hizo con huecos importantes”, expuso Tatiana González Rivera, durante la conferencia magistral por videoconferencia: Marco jurídico y Políticas Públicas de Fomento a la Economía Social Solidaria y del Cooperativismo, proyectada en el Vestíbulo del Congreso del estado.
La doctora en Derecho y Globalización explicó que el reconocimiento constitucional del “sector social la economía” coincidió con la implementación del modelo neoliberal en México, lo que debilitó las cooperativas y otras expresiones de economía social.
Señaló las contradicciones jurídicas asentadas en la legislación que afectan la operación y sostenibilidad de cooperativas: “Por un lado, el marco jurídico reconoce a las cooperativas como parte del sector social; por otro, las clasifica como sociedades mercantiles en otras leyes”.
González Rivera criticó el proceso de corporativización de las cooperativas, señalando que muchas de ellas han perdido su esencia solidaria y se han transformado en empresas que operan bajo lógicas del mercado capitalista.
Respecto al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) indicó que su política pública se ha limitado a capacitaciones, sin embargo, lamentó su degradación a un área dentro de la Secretaría de Bienestar, con 246 millones de pesos para su presupuesto en 2025, después de haber tenido asignados 2 mil 500 millones de pesos, al ser creado.
Para superar estas limitaciones, la académica propuso explorar modelos como las precooperativas de Colombia, que permiten a los grupos productivos acceder a ciertos beneficios sin la carga inicial de formalización. “Este modelo es ideal para facilitar la transición hacia la formalidad, especialmente en comunidades rurales donde las condiciones no siempre son favorables”, explicó.
Resaltó experiencias positivas como los nodos de economía solidaria, que han permitido articular a pequeños productores y consumidores en esquemas más justos, y programas como “Sembrando Vida”.
“El ejido es una de las instituciones más representativas de la economía social, pero muchas veces ha sido relegado a un segundo plano en las políticas públicas”, afirmó.
Sobre las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP), criticó que el marco regulatorio desestime su función como instrumentos de inclusión y desarrollo comunitario, obligándolas a operar bajo las mismas regulaciones que las instituciones financieras privadas y provocando que muchas, especialmente las más pequeñas, desaparezcan o se fusionen.
Otro punto crítico señalado por la académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, fue la falta de datos confiables sobre el sector social de la economía en México. “No sabemos cuántas cooperativas existen, dónde están o qué impacto tienen. Sin estadísticas confiables, estamos diseñando políticas a ciegas”, advirtió.
