■ Miguel Rivas, diputado suplente electo, y su esposa fueron detenidos por presunto fraude
■ Lo único que les pedimos es que se llegue a un acuerdo con la víctima: Leticia Soto Acosta
El problema legal que involucró a líderes barzonistas la semana pasada, un diputado local electo y su esposa, podría arreglarse por la vía conciliatoria. Esto, luego que el también legislador federal Fernando Galván y otros simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática acudieran ayer a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a manifestar su inconformidad con la actuación en el asunto del Ministerio Público.
El pasado 20 de junio Miguel Rivas Sánchez y su esposa Mónica Mora Soto, -el primero diputado suplente electo, y ambos productores de frijol integrados a El Barzón-, fueron detenidos bajo acusaciones de fraude específico.
El antecedente refiere una primera demanda por la vía mercantil en contra de una persona de nombre Margarito, que habría ganado Mónica Mora Soto, no obstante, la citada contraparte decidió iniciar una acción por la vía penal que derivó en la detención de ella y su esposo, ambos representantes legales de una integradora de frijol.
El asunto fue señalado por el diputado Fernando Galván como una persecución política, pues aseveró que se realizó sin orden de aprehensión y sin sustento legal.
El pasado 26 de junio la jueza de la causa determinó que había elementos para vincular a proceso a los indiciados, pero señaló su defensa, el abogado Juan Pablo Torres Frausto, que el agente del Ministerio Público involucrado en el caso habría recibido una llamada de la PGJE impidiendo que se celebrara un convenio de conciliación entre las partes, mismo que ya había avanzado en acuerdos y mediante el que sus representados podrían obtener su libertad.
Ayer la procuradora de Justicia en el estado, Leticia Soto Acosta, argumentó que el asunto no se inscribe en el contexto del nuevo sistema de justicia penal, pues se habría iniciado antes de su implementación en la demarcación donde está radicado.
“En este caso son hechos que se están conociendo por un juez del sistema tradicional porque no fueron cometidos a partir de la vigencia del nuevo sistema en Río Grande”, por lo que la vía de la conciliación no se facilita, dijo, sino refiere casos excepcionales en los que el MP debe solicitar el desistimiento de la acción y solicitar al juez el sobreseimiento del asunto.
“Sin embargo en consideración a las peticiones a que se trata de líderes, de que tienen esta integradora de productores de frijol, y todas las consideraciones que conocemos lo vamos a hacer, lo único que les pedimos es que se llegue a un acuerdo con la víctima”, dijo Soto Acosta.
Ayer, luego de manifestarse tanto la postura del representante legal de Rivas Sánchez y Mora Soto así como de actores solidarios, como fue el caso del diputado Fernando Galván, se establecieron criterios para celebrar el convenio de conciliación, que debe involucrar, se señaló, el perdón de la víctima, y que se celebraría ante la jueza de la causa en la localidad de Río Grande.
