La experiencia de más de 16 años en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas ha llevado a Manuel Adán Navarro Hernández a reconocer que la oralidad debe extenderse a todos los tipos de juicio mercantil, no solo a los ordinarios. Esta medida −afirma− permitiría audiencias más ágiles, conciliaciones que reflejan la voluntad de ambas partes y una justicia más accesible.
Su propuesta responde a vacíos que ha identificado como proyectista y secretario de acuerdos: personas que litigan sin representación y desconocen los alcances del proceso.
Uno de esos vacíos, señala, es la falta de comprensión sobre los títulos de crédito, en particular los pagarés: “Muchas personas firman pagarés sin saber que están comprometiendo su patrimonio de forma inmediata”. De igual forma, menciona que los contratos de adhesión −especialmente en créditos y servicios financieros− suelen contener cláusulas leoninas.
Aunque en materia mercantil el juez no puede reconfigurar el contrato, sí puede advertir la validez de ciertas condiciones con base en la equidad y los principios generales del derecho. “Nadie lee esas cláusulas, pero están ahí”, subraya.
En entrevista con La Jornada Zacatecas, Navarro Hernández explica que el derecho mercantil, por su naturaleza privada y patrimonial, no ha estado históricamente centrado en los derechos humanos como otras ramas (penal, familiar o laboral). Sin embargo, aclara que eso no lo exime de aplicarlos.
Hoy en día, enfatiza, los jueces mercantiles también están obligados a garantizar derechos fundamentales, especialmente ante desigualdades evidentes −como la relación entre consumidores y grandes empresas−, o cuando intervienen personas en situación de vulnerabilidad.
Lo anterior lo ejemplifica con un caso que enfrentó como secretario de acuerdos, cuando un adulto mayor en situación de analfabetismo acudió solo al juzgado. “Ya le habían quitado la pensión”, recuerda. Ante la imposibilidad del justiciable de presentar un escrito, se le explicó el procedimiento, punto por punto. El hombre fue dictando su contestación en voz alta, mientras se asentaba en el acta; al final, se le leyó todo para confirmar su conformidad. Así se garantizó su derecho a la defensa y se detuvo un proceso que ya avanzaba en su contra, sin excluirlo por su condición de adulto mayor, explica el entrevistado.
Manuel Adán Navarro ha ocupado diversos cargos dentro del Poder Judicial: secretario auxiliar, proyectista de juzgado, secretario de acuerdos y secretario de estudio y cuenta en salas civil y familiar.
Comenzó desde abajo −cosiendo expedientes cuando aún cursaba el séptimo semestre de la licenciatura− y ese recorrido, explica, le ha permitido conocer el funcionamiento de los juzgados y detectar tanto los obstáculos que enfrentan quienes acuden en busca de justicia como las limitaciones que enfrenta el propio personal.
Entre sus propuestas está la creación de una plataforma digital pública que permita a las partes consultar el estado de sus expedientes y conocer tiempos promedio de resolución, lo que, afirma, daría transparencia al trabajo judicial y permitiría ubicar cuellos de botella.
También promueve una cultura de conciliación efectiva: “El juez no está para castigar, sino para resolver el conflicto”, sostiene. Considera que el diálogo entre las partes no debe verse como una pérdida de tiempo, sino como una solución eficaz en juicios donde las relaciones comerciales suelen continuar después del litigio.
Sobre el rol judicial, reconoce los límites del principio dispositivo, que impide al juez ir más allá de lo que las partes plantean, pero matiza que esto no limita el deber de hacer un control de constitucionalidad. “Si hay un tema que toca derechos constitucionales, el juez está obligado a hacer un estudio completo, aunque las partes no lo aleguen expresamente”, afirma.
Desde una visión técnica, accesible y centrada en resolver, Manuel Adán Navarro Hernández aspira a ser electo como juez del Juzgado Tercero Mercantil de Zacatecas, tribunal donde ya ejerció como secretario de acuerdos. Su nombre aparece en la boleta naranja, correspondiente a Juezas y Jueces de Distrito, con el número 05.
