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jueves, 29 mayo, 2025
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■ Entre sus propuestas destaca el impulso de juzgar con perspectiva de vulnerabilidad

Conoce a Blanca Cardona Maldonado, candidata a primer cargo de juezas y jueces penales en Calera

■ Su visión jurisdiccional pone énfasis en la autonomía, imparcialidad, legalidad y equidad

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Por: ALEJANDRA CABRAL •

Con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de procuración y resolución de conflictos, Blanca Llulisa Cardona Maldonado aspira al cargo de Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en el distrito judicial de Calera de Víctor Rosales. Su nombre aparece en la boleta verde con el número 01, al inicio de la lista de candidaturas para el primer cargo del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Penal de Calera.

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Cardona Maldonado es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y maestra en Ciencias Penales con especialización en Ciencias Jurídico Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Además, cuenta con una especialidad en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes impartida por la Escuela Judicial del Poder Judicial de Zacatecas, y formación en justicia restaurativa, mediación y métodos alternos de solución de conflictos.

Su trayectoria abarca funciones como oficial secretaria auxiliar, especialista mediadora y fiscal del Ministerio Público, en áreas como robo, justicia para adolescentes, homicidios dolosos y fraude. Durante 12 años integró carpetas de investigación desde las fases iniciales hasta el juicio oral y los recursos, además de asesorar a fiscales en todo el estado durante su adscripción a la Vicefiscalía.

Desde esa experiencia acumulada, propone “contribuir en un sistema judicial justo, transparente y cercano a la ciudadanía”, y continuar su labor ahora desde una investidura distinta a la de fiscal, con el objetivo de “coadyuvar de manera personal, profesional, moral y social en la restauración del tejido social y un entorno más favorable”.

Entre sus propuestas, destaca el impulso de juzgar con perspectiva de vulnerabilidad, lo que implica tanto capacitación especializada como adecuación de salas para personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. “Cada juzgadora debe dar cumplimiento a los protocolos según la perspectiva inherente a cada caso concreto.”

También plantea modernizar el acceso a la información judicial mediante plataformas digitales que permitan a la ciudadanía consultar el estado de sus casos y conocer el desempeño de los tribunales. 

A la par, promueve la difusión de mecanismos de justicia alternativa, como el procedimiento abreviado y las salidas alternas, para fomentar la reparación del daño y la reconciliación en delitos de menor gravedad. “No siempre el dictado de una sentencia significa la solución de un conflicto”, señala.

Su visión jurisdiccional pone énfasis en la autonomía, imparcialidad, legalidad y equidad, conforme a la Constitución y los tratados internacionales. Y en su visión de justicia, propone un sistema “eficiente, confiable, con ética y con base en la legalidad”, que garantice tanto el acceso a la justicia como la protección de los derechos humanos. Considera indispensable que la justicia se imparta “con las perspectivas concretas a cada persona o situación de vulnerabilidad en caso de que haya sido detectada”.

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