El Gobierno del Estado anunció la terminación anticipada del contrato con la empresa Hycsa, responsable de la construcción del viaducto elevado, debido a que no alcanza el tiempo para apelar las suspensiones provisionales y definitivas dictaminadas por los juzgados; es decir, el proyecto será cancelado y el recurso se utilizará para otras obras del proyecto de movilidad.
Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, informó que en este momento se desconoce el costo que tendrá la terminación anticipada del contrato con la empresa, pero este tema se revisará con ellos para llegar a un acuerdo y en su momento se dará a conocer.
Mientras tanto, afirmó que la historia juzgará la corrupción de los jueces que otorgaron las suspensiones sin ninguna argumentación, ya que el proyecto del segundo piso cuenta con todos los permisos y en el 2027 esa vialidad va a colapsar.
Mencionó que el Gobierno del Estado obtuvo los permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y se espera que en próximos días la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) emita un pronunciamiento a favor.
Según expuso. el Juzgado Primero de Distrito negó cinco amparos, pero los juzgados Segundo y Tercero de Distrito han otorgado hasta ahora 14 amparos, de los cuales nueve derivaron en suspensiones provisionales o definitivas, lo que refleja que hubo una actuación corrupta.
En ese sentido, Reyes Mugüerza aseguró que fua una estrategia y alianza entre quienes han otorgado las suspensiones e integrantes de partidos políticos como el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano para impedir el proyecto del segundo piso y el desarrollo de la entidad.
Señaló que este proyecto del viaducto elevado evidenció la corrupción que hay al interior de los juzgados y por eso se reitera la importancia de la reforma judicial y del proceso electoral del próximo domingo.
Incluso dijo que los jueces y magistrados del Poder Judicial se sentían intocables y todo ese enojo que han manifestado por la reforma ahora se ha traducido en decisiones que no están apegadas al análisis legal.
Desde su perspectiva, reiteró que las suspensiones que fueron otorgadas no consideraron los permisos con los que se cuentan y se quieren escudar en que es una iniciativa ciudadana y no es así, ya que solo hay 100 personas promoventes que se pusieron de acuerdo con la oposición
Reyes Mugüerza explicó que el Gobierno del Estado podría recurrir a apelaciones y otras medidas legales para realizar el viaducto elevado, pero ya no alcanza el tiempo, es decir, “si se agota el proceso legal hasta la última instancia, tenemos la razón, se podría apelar y ganar la batalla legal, pero eso llevaría mucho tiempo”.
Ante esa situación, indicó que no se puede poner en riesgo el ejercicio del recurso mientras se rectifica la decisión errónea, por el cual el Gobierno del Estado, en conjunto con la empresa, han determinado una terminación anticipada del contrato.
Detalló que esta terminación implica un proceso en donde las partes se pongan de acuerdo, pero eso no significa que el proyecto de movilidad se vaya a frenar, sino que se va a potenciar con otras obras.
