Ciudad de México. La constructora estadunidense Vulcan Materials dijo el lunes que no acepta lo que considera una «expropiación ilegal» de sus inversiones en México, donde las autoridades le han clausurado una mina de piedra caliza, pero se mostró abierta a buscar una solución negociada con el Gobierno del país latinoamericano.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó el miércoles que el Gobierno haya expropiado la mina de Vulcan, a la que acusa de cometer un «ecocidio» en la zona, pero dijo que los terrenos donde opera permanecerán cerrados al menos hasta el final de su mandato en octubre.
«No aceptaremos esta expropiación ilegal de nuestras inversiones», advirtió la empresa en un comunicado enviado a Reuters. «Seguimos abiertos a una solución negociada de buena fe, fructífera y amistosa de las disputas entre Vulcan y el Gobierno de México», agregó, sin embargo.
Las autoridades mexicanas ordenaron detener en 2022 la extracción de piedra caliza para ser exportada a Estados Unidos por la unidad minera de Vulcan en el estado costero de Quintana Roo, que alberga populares destinos turísticos como Cancún y Cozumel. La compañía niega haber cometido ningún «ecocidio».
Vulcan, que no ha podido exportar su producción desde hace casi dos años, reclama una indemnización de más de mil 500 millones de dólares a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En su comunicado del lunes, la compañía dijo no haber recibido ninguna «oferta generosa» para comprar su propiedad, como calificó López Obrador su propuesta para adquirir los terrenos. «Se nos entregó un avalúo informal, sin firmas y sin detalles, que subvalora sustancialmente nuestros activos».
Entre los activos incluyó las reservas de piedra caliza de las que dice ser dueña «conforme a la ley mexicana» y «el único puerto de calado profundo en la región». El presidente mexicano ha informado que pretende usar ese espacio para un desarrollo turístico y la terminal como un posible destino de cruceros.
