José Luis de la Peña Alonso, titular de la Secretaría de Obras Públicas, aseguró que los argumentos presentados en el juicio de amparo que propició la suspensión provisional de la construcción del viaducto elevado no tienen fundamento, por lo que la coordinación jurídica del Gobierno del Estado presentará los elementos necesarios para continuar con el proyecto.
Sobre la denuncia que se ha presentado ante la Secretaría de la Función Pública por supuesto desfalco al erario, precisó que no se ha perdido recurso, sino que se ha detenido la dinámica económica de la ciudad porque se ha afectado a los proveedores, a los transportistas y a otros sectores.
“Si hacemos una operación aritmética entre el valor de la obra 3 mil 652 millones, entre los días calendario que son 807 de acuerdo con el contrato, tenemos que diariamente se tendrían que aplicar en el desarrollo de la obra más de 4 millones de pesos”, dijo.
Por tanto, precisó que es dinero que deja de circular en la economía y que no se paga a proveedores para que surtan materiales o para pagar a los transportistas para que trasladen los materiales a la obra.
En el tema jurídico, De la Peña Alonso dijo que ahora serán los abogados los que deberán mostrar los elementos para levantar la suspensión provisional, sin caer en lo mediático como lo están haciendo “personas que no ven más allá de sus intereses particulares y no ven por el beneficio colectivo de la sociedad”.
Aseguró que el Gobierno del Estado cuenta con una autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para realizar los trabajos preliminares del viaducto elevado y ahora se continúa con la revisión del proyecto, pero “eso ya se ha superado y estamos listos para iniciar”.
Refirió que desde enero pasado se entregó un estudio de impacto patrimonial y es falso el argumento de que se va a impedir el acceso a la cultura y al patrimonio, ya que “desde el Centro Histórico no se ve el boulevard metropolitano y como este proyecto se encuentra afuera de la zona declarada realmente no habría ninguna afectación”.
Según expuso, el estudio de impacto patrimonial arrojó que no hay ningún daño a la zona protegida ni a monumentos históricos y solo hay observaciones en la zona de transición para los cuales se tomarán en cuenta las sugerencias planteadas por el INAH en lo que respecta a la flora y fauna e iluminación.
De la Peña Alonso también desmintió que la declaratoria de patrimonio mundial obedezca a la vista de la ciudad desde los cerros porque, si ese fuera el caso, no se hubiese podido realizar ninguna obra ni ninguna construcción en la zona.
“Eso es falso porque lo que se busca preservar y proteger es el interior del Centro Histórico y desde los cerros obviamente se ven todas las vialidades modernas, los hoteles, el parque eólico y entonces no tiene sentido ese argumento”, concluyó.
