Los dichos de las autoridades responsables de la seguridad en el estado de Zacatecas se fundan en “indicadores” apócrifos y olvidan los hallazgos de la Encuesta Nacional de Victimización (Envipe), que refutan con crudeza el autoelogio del gobierno en materia de seguridad. El llamado zar antisecuestro vino a Zacatecas y anunció que los secuestros habían disminuido porque sus “carpetas de investigación” son menos (así como se escucha): el indicador que sustenta su afirmación son las carpetas con las que dan seguimiento a las denuncias, lo cual significa que los casos que nunca se denuncian quedan fuera de su análisis. Por ello, no pasaron ni tres meses y la autoridad estatal en seguridad pública reconocía el “desbordamiento” del secuestro, para enseguida afirmar que “no debe preocuparnos”. Así, las autoridades usan indicadores inseguros para afirmar avances y minimizan los problemas que la población sufre con dramatismo; argumentan que vamos bien.
Los municipios están asolados por criminales que se atreven a entrar a robar armamento a las instalaciones policiacas, en algunos casos; y en otros son los propios policías municipales los que aparecen como secuestradores. Y se observa esta anomalía justo en las zonas donde se ha visto “desbordado” el problema: localidades rurales que viven de la agricultura. Extorsiones, amenazas y robo a campesinos es una nota cotidiana en Zacatecas. Y la procuradora les exige a los productores despojados: “cuídense a ustedes mismos”. Tenemos a las corporaciones policiacas que aprobaron los exámenes de confianza metidos a criminales, lo que genera desconfianza en las pruebas de confianza de las corporaciones policiacas; todo un galimatías.
Cabezas sueltas, cuerpos descuartizados y policías criminales aparecen con más frecuencia, y sin embargo, el gobierno no enfrenta el problema con un mínimo de honestidad. Por el contrario, mete la cabeza en el hoyo de los indicadores autogenerados. Y al mismo tiempo usa presupuestos millonarios para seguir produciendo los mismos resultados: nada. Pero se argumenta que vamos bien.
Ante la gravedad de la situación, es momento de cambiar la política de seguridad y a los principales operadores. Las policías municipales deben fortalecerse y capacitarse para cumplir las funciones específicas prescritas en los ordenamientos legales, por lo que no deben recibir entrenamiento estandarizado siguiendo el modelo militarizado de la estatal y federal. Las autoridades municipales deben encabezar a sus corporaciones buscando la colaboración de la ciudadanía para afinar sus diagnósticos y la planeación de sus operativos para combatir a las bandas del crimen organizado. No es posible mantener una situación donde poblaciones enteras conocen dónde viven los delincuentes, menos las autoridades. Ya no podemos seguir así: las autoridades sólo piensan en cómo salir del paso, mientras la población vive los dramas de jóvenes desaparecidos, productores extorsionados y camioneros agredidos con saña. Hay decenas de medidas efectivas que se pueden emprender y no se hace. Pensar en sólo salir del paso es el peor método de gobierno. La contundencia cae como roca: en materia de seguridad no vamos bien y urgen nuevas estrategias.
