Este jueves en sesión de la LXV Legislatura Marco Vinicio Flores presentó una iniciativa de Ley para la Rehabilitación y Mantenimiento de Pavimentos del Estado de Zacatecas y sus municipios, generando ocho adhesiones. Inspirada en el modelo de Nuevo León, propone estándares técnicos, certificación de personal y controles de calidad para evitar las llamadas “pavimentaciones exprés”, reducir errores de obra y mejorar la seguridad vial. Plantea beneficios como eficiencia del gasto público, oportunidades de profesionalización para técnicos e ingenieros, y dinamismo económico.
M. Teresa López solicitó que se informe, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, sobre la ejecución de los recursos 2025 asignados a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ). Señaló que el 85% del territorio estatal sufrió sequía en 2024 y el 36.5% fue clasificado con nivel severo, además de que las presas operan por debajo del 31 % de su capacidad y hasta el 48% del agua se pierde por fugas. Propuso que el Presupuesto de Egresos 2026 contemple una partida ampliada y etiquetada para fortalecer a la Junta.
Susana Barragán planteó reformar el Código Penal para sancionar la posesión de ponchallantas y castigar la compraventa de artículos de procedencia ilegal. La propuesta contempla penas de uno a cuatro años de prisión y multas. Afirmó que ambas prácticas se han normalizado en el estado y que es urgente cerrar paso a mecanismos que alimentan el delito.
Maribel Villalpando propuso reformar la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil para que sea obligatorio realizar diagnósticos estructurales en escuelas y edificios públicos afectados por lluvias, sismos o eventos similares. El planteamiento surgió tras el colapso del techo de la primaria “Leobardo Reynoso” en Jalpa. Renata Ávila señaló que el exhorto también debe dirigirse al Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace) y considerar la falta de capacidad de las coordinaciones de Protección Civil en los municipios.
Se aprobó el dictamen de elegibilidad de quienes integrarán el Comité de Selección encargado de designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Los seleccionados son Martha Josefina Salazar Díaz, Evelin Disvet Nava Venegas, Erika Vargas Carrillo, Rafael Ismael Trejo López y Juan Arteaga Medina. Su periodo será de tres años a partir de que rindan protesta.
Fueron aprobados tres dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Uno exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar la prevención y combate de incendios forestales; otro llama a conservar la flora y fauna de la región de El Tepozán, entre Genaro Codina y Guadalupe; el tercero promueve la instalación de calentadores solares en edificios públicos.
También fue aprobado el dictamen para reconocer el ciberacoso como una forma de violencia ejercida mediante tecnologías digitales -como redes sociales, mensajería y videojuegos-, así como otro para armonizar la Ley Orgánica del Poder Legislativo con reformas constitucionales locales sobre la reestructuración del Poder Judicial y simplificación orgánica.
Fueron aprobadas reformas a la Ley de Educación para incorporar habilidades y ética digital; al Código Penal del Estado para incluir nuevos tipos delictivos y eliminar redundancias; al Código Familiar para reconocer la figura de familia de acogida; a la Ley Electoral para modificar el procedimiento de asignación de diputaciones por representación proporcional; y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral para armonizarla con la Constitución local.
También se autorizaron enajenaciones de inmuebles por parte de los ayuntamientos de Guadalupe -en dación en pago al IMSS- y Zacatecas -mediante compraventa a favor de una particular-
En asuntos generales, Isadora Santiváñez celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que el delito de abuso sexual infantil no prescribe. Reprochó que tenga que ser un caso mediático el que lleve el tema al centro del debate, y denunció la revictimización ejercida por la defensa de Luis de Llano al calificar como relación consensuada el abuso contra Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años.
Ana María Romo criticó la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aprobada por el Congreso federal. Señaló que representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, al poner en manos del Inegi funciones técnicas para las que no necesariamente cuenta con la misma especialización. Advirtió que existe el riesgo de manipulación de datos sobre pobreza por parte del gobierno y de pérdida de independencia en las evaluaciones. Movimiento Ciudadano, afirmó, rechaza el desmantelamiento de los organismos autónomos.
