El abogado Jorge Rada Luévano presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que se finque responsabilidades a los funcionarios responsables del desfalco al erario provocado por la suspensión provisional de la construcción del viaducto elevado.
Recordó que la suspensión provisional de la obra obedece a que el Gobierno del Estado no ha mostrado los estudios de impacto ambiental y patrimonial ni los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ni del Ayuntamiento, por lo que la pérdida de 4 millones de pesos diarios, según lo han declarado funcionarios, es responsabilidad de ellos mismos.
“Bajo estas consideraciones, es importante y urgente que intervengan las autoridades para que se evite un daño mayor al erario al que ya se ocasionó, derivado de que se ha difundido ampliamente de que el Gobierno del Estado no ha demostrado los permisos y autorizaciones y que presuntamente no los tienen, se les debe considerar responsables del desfalco”, explicó.
En ese contexto, dijo que la Función Pública es la instancia responsable para revisar los procedimientos administrativos, mientras que la denuncia en la Auditoría Superior se presentó para ver si tienen alguna facultad en lo que respecta a la fiscalización en el ejercicio de los recursos y en procedimientos de daños y perjuicios.
Rada Luévano agregó que también se solicitó al Ayuntamiento de la capital del estado que informe por escrito si ha otorgado o no los permisos de su competencia al Gobierno del Estado para realizar ese proyecto del segundo piso en el boulevard Adolfo López Mateos.
También dijo que solicitará al Congreso del estado que emitan una posición sobre el viaducto elevado y que citen a los funcionarios del gobierno del estado para que comparezcan sobre la pérdida de recursos diariamente por la suspensión provisional.
Además, dijo que el tema financiero se debe analizar y revisar a fondo porque ha habido subejercicios en años anteriores y se creó un fideicomiso para esta obra, por lo que es necesario que la Función Pública y la Auditoría Superior investiguen esta situación.
“El daño económico ya existe y ahora lo que falta es que se finquen responsabilidades a los funcionarios responsables de este daño económico ocasionado a todos los zacatecanos, ya que es dinero que proviene de los recursos estatales”, expresó el abogado.
Rada Luévano comentó que, en caso de quelas autoridades omitan la investigación del ejercicio del recurso para este proyecto o que no se inicien procedimientos administrativos contra los responsables, inmediatamente recurrirá a las acciones legales que sean necesarias y si se detectan omisiones se planea un juicio de amparo para que los jueces federales obliguen a las autoridades a que fiscalicen y detengan el daño económico.
