A más de dos meses de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 272/2024 por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de la manifestación del 8 de marzo de 2024 en Zacatecas, ninguna de las catorce medidas ha sido cumplida, según informan abogadas acompañantes de las víctimas.
Ni las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ni las señaladas al Ayuntamiento de Zacatecas, han sido acatadas, señalan las activistas.
Arturo Medina Mayoral, titular de la SSP, ha declarado públicamente que cumplirá con la recomendación, pero mantiene la postura de que los elementos policiacos actuaron conforme a protocolo, a pesar de que la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos. «No deja su postura de que actuaron conforme al protocolo, no obstante que ya se acreditaron las violaciones a los DDHH», denunciaron.
En cuanto al Ayuntamiento de Zacatecas, se tuvo una reunión con representantes de las víctimas en la que se comprometió a realizar la disculpa pública antes del próximo 8 de marzo. Sin embargo, hasta la fecha, no ha sido emitida.
Cabe recordar que Jorge Miranda Castro, hoy secretario de Economía, era el titular del Ayuntamiento durante los hechos del 8M, pero es a Miguel Varela Pinedo a quien corresponde acatar las recomendaciones en nombre del Ayuntamiento.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró el pasado 31 de enero que el gobierno estatal trabaja en el cumplimiento de las catorce recomendaciones de la CNDH.
Expuso que la integración al registro de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, de quince víctimas, ya se estaba realizando. Además, mencionó una capacitación con elementos de seguridad pública por parte de la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, del gobierno federal.
El 14 de febrero se compartieron fotografías de una capacitación sobre el «Protocolo Tipo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica», impartido por Daniela López Trujano y Manuel Antonio Vázquez de la Subsecretaría de Migración y Derechos Humanos.
La capacitación se ha replicado y aborda puntos como no etiquetar una protesta como violenta por eventos o participantes individuales o grupales; la necesidad de que no haya uso de armas (letales y no letales), ni usar equipo para fines diferentes al que fueron diseñados.
Además, se detalla la estrategia del Grupo de Diálogo Territorial formado por servidoras públicas, cuya misión es acompañar la protesta y mediar conflictos a través del dialogo. Ayudar a distender tensiones entre personas encargadas de seguridad y manifestantes, y documentar el uso excesivo de la fuerza, son otras de sus funciones.
Recomendaciones incumplidas
Sin embargo, pese a estas capacitaciones, las abogadas acompañantes recalcan que la realidad es que ninguna de las catorce recomendaciones ha sido cumplida cabalmente a la fecha.
De acuerdo a la recomendación 272/2024 de la CNDH, la SSP debe establecer un área específica de reacción inmediata para atender casos de violencia durante manifestaciones y garantizar formación continua en derechos humanos y perspectiva de género.
También debe colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), proporcionando pruebas para la investigación.
El Ayuntamiento de Zacatecas debe presentar denuncias administrativas contra los responsables de la represión del 8M y asegurarse de que se procesen. Además, debe emitir una disculpa pública y gestionar el cambio de nombre del Callejón de las Campanas en conmemoración del 8M.
Junto con la SSP, debe garantizar el registro de víctimas, su reparación integral y acceso a atención médica y psicológica gratuita e inmediata.
El Gobierno del Estado debe coordinarse con la Fiscalía para entregar documentación, instruir campañas públicas que informen sobre el derecho a la protesta y evitar su criminalización. También debe difundir la recomendación de la CNDH a otras entidades del país y designar un enlace con la CNDH para supervisar su cumplimiento.
